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Educación anuncia que el alumnado de FP cotizará a la Seguridad Social por las prácticas

Formación Profesional para el Empleo, en una imagen de archivo.

Daniel Sánchez Caballero

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El alumnado de la nueva Formación Profesional cotizará a la Seguridad Social por sus prácticas laborales. Así lo ha anunciado esta mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría, en un desayuno informativo de Europa Press. Alegría ha añadido que las cotizaciones estarán subvencionadas por el Gobierno al 90%, adelantándose así a uno de los posibles problemas de obligar a las empresas a cotizar por sus estudiantes: que no puedan asumirlo y se ponga en peligro la oferta de plazas.

Esta decisión –que de momento no pasa de anuncio del ministerio– afectará en principio a los estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio (a partir de 16 años) y los de Grado Superior (a partir de 18) tanto en la modalidad estándar (que implica que el estudiante pase entre un 25% y un 35% del tiempo de la formación en la empresa) como en la intensiva (más del 35% del tiempo haciendo prácticas laborales) y no implica necesariamente que vayan a cobrar por la práctica en sí. Pero sí será obligatorio que realicen estas prácticas. Más de 900.000 estudiantes cursan actualmente estas dos etapas de la Formación Profesional.

Sin embargo, no es la primera que vez que se anuncia que los estudiantes de la FP tendrán que cotizar a la Seguridad Social: en 2019 se llegó a publicar una disposición en el BOE –perdida en un de las leyes conocidas como ómnibus, que afectan a varias normas no relacionadas entre sí– por la que obligaba también a que todos los estudiantes que realizasen prácticas, tanto universitarios como de la FP, cotizaran a la Seguridad Social. Nunca llegó a entrar en vigor.

Ahora el Gobierno está retomando todo aquel impulso y también trata de sacar adelante el Estatuto del Becario, que también prevé que todos los universitarios coticen. Esta negociación con los agentes sociales lleva un cierto retraso –la lidera Trabajo, que se había dado tres meses– y llega cuando la cotización de los actuales becarios se desplomó, en parte porque la pandemia cercenó las prácticas.

Siguiendo los pasos de Alemania

El Gobierno tiene grandes esperanzas depositadas en la reforma de la FP, que tiene nueva ley con un amplio consenso desde hace unos meses, para reducir desde el abandono temprano educativo hasta la alta tasa de paro juvenil que tiene España, que ronda el 30%.

Para ello, la nueva ley se basa en el modelo alemán, que está considerado el mejor del mundo. Si el indicador de eso es el paro juvenil, en el país germano está en un 5%.

En el modelo alemán los estudiantes pasan dos tercios de su tiempo total (66%) en las empresas y cobran desde el primer día un salario que está en 850 euros mensuales de media. Parte de la clave de su éxito –y misma razón que levanta escepticismo sobre su implantación en España– es la amplia oferta de plazas de prácticas por parte de las empresas, circunstancia que no está claro se vaya a producir con facilidad en un país, España, donde la inmensa mayoría de las empresas son micropymes que no pueden permitirse los recursos que exige tener un tutor de empresa.

Entre las novedades anunciadas por la ministra está que el alumnado que no va a cursar la modalidad intensiva (más del 35% del tiempo en la empresa), que estará cubierto por algún tipo de convenio entre el centro formativo y la empresa –en una modalidad legal aún por determinar–, también cotizará, cobre o no. El que se acoja a la modalidad intensiva tendrá un contrato formativo que ya incluía el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

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