El tratamiento sanitario de heridos de bala cuesta a EEUU más de 730 millones al año
El coste de hospitalización de los heridos por arma de fuego en EEUU es de más de 730 millones de dólares al año, de los que al menos un 41% proviene de fondos federales incluidos en programas sanitarios, como Medicaid. El Partido Republicano, con mayoría en el Congreso, no solo pone trabas a la investigación de este tipo de violencia, sino que pretende recortar los fondos destinados a este tipo de programas.
El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Stanford analizando los datos de todos los heridos por arma de fuego atendidos entre 2006 y 2014. ambos inclusive. Según los autores de esta investigación, “las lesiones relacionadas con armas de fuego son costosas para el sistema de salud de EEUU y son particularmente caras para los seguros gubernamentales y para las personas de pocos recursos”.
Los resultados del estudio, que ha sido publicado en la revista de la Asociación Americana de Salud Pública, indican que los costes de hospitalización de heridos por arma de fuego ascendieron a 6.610 millones de dólares durante todo el periodo analizado, siendo la mayor proporción del gasto, unos 2.700 millones de dólares, cubierta con fondos federales, lo que supone un 40,8% del total.
De este porcentaje, la mayor parte (un 35%) fue pagada por el servicio de atención sanitaria Medicaid, que desembolsó más de 2.300 millones de dólares. Previsiblemente este servicio verá reducido su presupuesto si se cumplen las pretensiones de Donald Trump y el Partido Republicano, que ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de reducir las contribuciones federales, no solo a Medicaid, sino también a los hospitales que absorben parte de los gastos generados por los pacientes no asegurados y que representan una cuarta parte de la factura global.
Un estimación a la baja
EEUU se ha convertido en uno de los países industrializados en los que se producen más muertes por arma de fuego. En el último año del estudio, 2014, se contabilizaron hasta 33.700 personas fallecidas por heridas de bala, casi dos tercios por suicidios, y otras 81.000 tuvieron que ser tratadas por lesiones causadas por armas de fuego.
Aún así, los datos publicados en este estudio suponen una estimación muy conservadora de los gastos asociados a la hospitalización, dado que esta cantidad no incluye los elevados costes de entrada en urgencias, los de las readmisiones hospitalarias, ni los gastos derivados de la rehabilitación o de incapacidad permanente.
Estudios anteriores, como el realizado por el Centro Nacional de Lesiones y Prevención de la Violencia, elevan los costes de la violencia armada hasta los 174.000 millones de dólares al año, una cantidad que incluye, no solo los gastos de atención médica y de salud mental, sino también los debidos a la utilización de recursos policiales y de la justicia penal y las pérdidas salariales asociadas.
Sin fondos para investigar sobre violencia armada
Sin embargo, no existen muchos más estudios sobre violencia armada en EEUU porque, a pesar del elevado dato de mortalidad, similar al provocado por los accidentes de tráfico y superior a otras causas de muerte como la hepatitis o el VIH, el estado apenas invierte en investigación sobre esta causa de muerte, algo que ha levantado las críticas de los investigadores y las asociaciones médicas de EEUU en repetidas ocasiones.
Según un artículo publicado el pasado mes de enero en la revista de la Asociación Médica Americana, debido al alto número de víctimas que provocan las armas de fuego, la financiación de los estudios dirigidos a frenar la violencia armada debería superar los 1.400 millones de dólares anuales. Sin embargo, entre 2004 y 2015 el gobierno federal gastó un promedio de 22 millones dólares al año, lo que supone menos de un 2% de la cantidad que los autores del estudio consideran adecuada.
“En relación con las tasas de mortalidad, la investigación sobre la violencia armada es la causa de muerte menos investigada y la segunda causa menos financiada de muerte después de las caídas”, explica a eldiario.es el principal autor de este estudio, David Stark, de la Escuela de Medicina del Monte Sinaí.
En vista de la inacción por parte del gobierno, la Asociación Médica Americana anunció el pasado mes de junio que comenzaría a presionar al Congreso para que financie la investigación sobre este tipo de violencia, que ha sido definida por la comunidad médica como “una crisis de salud pública”.
También en 2015 un colectivo de médicos exigió, a través de un editorial publicado en la revista Annals of Internal Medicine, mayor implicación por parte de comunidad científica a la hora de exigir cambios en este aspecto. “Los profesionales médicos no hemos reducido suficientemente los daños relacionados con las armas de fuego que sufren nuestros pacientes, pero tal vez podamos hacerlo, si exigimos los recursos y la libertad para hacerlo”.
Los republicanos se oponen a la investigación
Sin embargo, no lo tendrán fácil, ya que el Partido Republicano ha impuesto un bloqueo a la investigación sobre violencia armada en las últimas dos décadas. Los conservadores se valieron de su mayoría en el Congreso en 1996 para aprobar un proyecto de ley que prohibía el uso de los fondos del Centro de Control de Enfermedades para desarrollar investigaciones entre cuyos objetivos estuviera “abogar o promover el control de armas”.
La nueva norma se basaba en la Segunda Enmienda a la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos norteamericanos a llevar armas, algo que los republicanos siguieron utilizando para limitar los fondos a cualquier proyecto de investigación relacionado con la violencia armada. De esta forma, poco después de la aprobación de esta medida, serían otros centros de investigación sanitaria de EEUU, incluidos los Institutos Nacionales de Salud, los que terminarían siendo objeto de prohibiciones similares.
Según Stark, este bloqueo carece de sentido, dado que “nadie argumentaría que para aumentar la seguridad vial era necesario prohibir a la gente que condujera un coche. Es necesario desarrollar una investigación básica para poder entender cómo abordar el problema”, afirma este investigador.
El pasado año el gobierno de Barack Obama propuso una serie de iniciativas para reducir la mortalidad y las lesiones por arma de fuego. Sin embargo, resulta poco probable que estas iniciativas vayan a ser financiadas por un Congreso liderado por el Partido Republicano, con Trump a la cabeza.
