España rechaza ante Europa utilizar el término “violencia obstétrica” porque “confronta” a médicos y mujeres

A España no le gusta el término 'violencia obstétrica' porque “confronta” a mujeres y profesionales de la salud. Así lo constata en la respuesta dada a la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que en un informe elaborado tras una visita a nuestro país ha mostrado su preocupación por los “informes sistemáticos” que muestran cómo los estereotipos de género afectan a las mujeres en la atención sanitaria durante el embarazo y el parto.

El informe que publica ahora la Comisaria de Derechos Humanos es fruto de un viaje que Mijatovic hizo a España el pasado noviembre para supervisar el derecho a la salud, la vivienda, la libertad de expresión y los derechos humanos de refugiados y solicitantes de asilo. Es en sus apuntes sobre salud en los que la comisaria incluye su preocupación sobre la violencia obstétrica y menciona las tres condenas al respecto que arrastra España por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW). Mijatovic alerta de que ninguna de las tres mujeres que ha obtenido una sentencia favorable que les reconoce daños físicos y psicológicos por violencia obstétrica ha sido compensada por España.

Los estereotipos de género que aparecen en esos “informes sistemáticos” que hablan de violencia obstétrica, apunta el informe de la comisaria, se basan en la “creencia injustificada de que las mujeres no son capaces de pensar racionalmente o de tomar decisiones responsables mientras están embarazadas”. Mijatovic celebra que la nueva ley de salud sexual y reproductiva incluya medidas para garantizar los derechos de las mujeres durante su atención ginecológica y obstétrica, y señale la necesidad de que exista un consentimiento informado de las mujeres. “La reforma, sin embargo, no se refiere a ciertos tipos de prácticas como 'violencia obstétrica' a pesar de los requerimientos de la sociedad civil y de profesionales de salud para que así fuera”, constata el informe.

España ha respondido a algunas de las observaciones hechas por la comisaria en su informe. Lo ha hecho a través de un documento firmado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En él, España asegura que el término 'violencia ' “no sería aceptable en el contexto de la asistencia sanitaria en nuestro Sistema Nacional de Salud”. “En particular, el término 'violencia obstétrica' es inadecuado en este marco, ya que genera confrontación entre los profesionales sanitarios y las mujeres”, asegura el Gobierno en su respuesta, en la que dicen preferir un “modelo constructivo y positivo para las mujeres y su salud a través del desarrollo e implantación de buenas prácticas y políticas activas en el contexto de la salud sexual y reproductiva”.

Sobre la falta de compensación a las tres mujeres que han obtenido sentencia de la CEDAW, España responde que esas decisiones no tuvieron “la supervisión de los hechos en la comunidad autónoma donde se produjeron” y que la normativa española cuenta con un “sistema de reparación de daños probados causados por la asistencia sanitaria”