La Fiscalía tunecina tomará acciones judiciales contra el exministro de Sanidad

Túnez, 21 jul (EFE).- El primer Ministro tunecino, Hichem Mechichi, pidió hoy a la Fiscalía que tomar acciones judiciales contra el exministro de Sanidad, Faouzi Mahdi, cesado un día antes por sorpresa, tras haber lanzado una campaña de vacunación masiva “anárquica”, informó hoy la agencia estatal TAP.

Mechichi “encargó a la ministra de Justicia interina, Hasna Ben Slimane, emprender acciones judiciales ante la Fiscalía en relación a la apertura anárquica de los centros de vacunación sin proveer las dosis necesarias para la franja de edad indicada y sin coordinación con las fuerzas de seguridad”, reveló la fuente.

El responsable de Sanidad anunció en la víspera dos días de vacunación sin cita previa para los mayores de 18 años, lo que provocó numerosas aglomeraciones en los 29 centros distribuidos en todo el territorio y el cierre de varios establecimientos debido a la falta de existencias de vacunas. Tras una primera jornada, las autoridades suspendieron la operación para evitar un mayor número de contagios.

Una iniciativa calificada de “criminal” por el jefe de Gobierno, que sustituyó a Mahdi, en el cargo desde hacía once meses, por el actual ministro de Asuntos Sociales interino, Mohamed Trabelsi, que se convierte en el sexto responsable de esta cartera desde el comienzo de la crisis sanitaria.

Días antes, el antiguo responsable había asegurado que el país ya había alcanzado el pico máximo de contagios y que podría contener esta cuarta ola, acelerada tras la aparición de la variante delta, a finales del mes de agosto.

Con la tasa de mortalidad más alta del continente, según la Organización Mundial de la Salud, Túnez registra desde finales de junio entre 150 y 200 muertes diarias. Según cifras oficiales, el país ha alcanzado más de 555.000 contagios y 17.821 muertes desde el inicio de la pandemia.

Un total de 21 de los 24 departamentos permanecen desde junio bajo un confinamiento total, una medida descartada a nivel nacional por el poder central, que lo justificó por las repercusiones sociales y económicas.

En su lugar, prolongó hasta el 31 de julio el toque de queda -impuesto entre las 20.00 y las 05.00 horas-, la prohibición de desplazamientos entre provincias, las celebraciones sociales y eventos deportivos y religiosos. Unas restricciones que apenas se respetan en la práctica.

Tras el arranque de la campaña de vacunación a mediados de marzo, cerca de 2,4 millones de ciudadanos han recibido al menos una de las dosis y poco más de 910.000 tienen la pauta completa. Pese a las acciones de sensibilización, tan sólo 3,7 millones de personas se han inscrito en la plataforma digital EVAX para ser vacunadas de manera voluntaria y gratuita.