Los gerentes de la dependencia afirman que los Presupuestos se olvidan de las residencias a pesar de la tragedia de la COVID-19

En diciembre de 2020, hay en España 381.115 personas en lista de espera para la dependencia, ya sea con el derecho reconocido pero sin recibir prestación (233.423) o pendientes de una valoración (147.692, de las cuales el 80% reciben un grado I, II o III, en orden de gravedad), según datos que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado con motivo de los 14 años de la Ley de dependencia y como balance anual. 51.540 personas entre ambos grupos han muerto a lo largo de 2020, en plena crisis de COVID-19, una cada nueve minutos. Desde que se declaró la pandemia han quedado 14.910 camas vacías en residencias. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ministerio de Derechos Sociales ha reservado 603 millones de euros en 2021 dirigidos a reducir estas listas a gestionar a través de lo que han llamado 'plan de choque', aún en fase de propuesta en el Consejo Interterritorial. La Asociación pide que el plan tenga entre sus puntos centrales ocupar esas plazas libres y ampliarlas, ya que sus objetivos van a reforzar la teleasistencia, la asistencia a domicilio, y a dignificar los cuidados familiares y las condiciones laborales, pero no se mencionan los geriátricos entre sus diez medidas principales.

En total hay en España 1.352.632 personas en situación de dependencia reconocida, ciudadanos que necesitan apoyos para su vida diaria –un 3% de la población–. La Asociación, referente en el sector, celebra el incremento de dinero en los PGE porque “revierte los recortes de 2012”, los que se produjeron con el Real Decreto-ley 20/2012 de Mariano Rajoy, y con ellos “se vislumbra el inicio de una nueva fase de recuperación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”. Pero traslada unas directrices constructivas al Ministerio, por escrito y también en reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y con el director del Imserso, Luis Barriga. Entre ellas, que se prioricen los recursos para residencias, y que se repartan entre comunidades de manera más efectiva para que se atienda a 100.000 de esas personas en lista de espera en el próximo año. Este año, las lista de espera se han minimizado, pero el motivo es que han muerto muchas de las personas pendientes. El plan del Ministerio calcula incorporar al sistema en 3 años a 260.000 nuevos usuarios para reducir “significativamente” la espera; la Asociación estima que eso implicaría reducir las listas actuales asistiendo a algo más de 66.000 personas en un año, casi 40.000 menos que con su esquema.

Las directrices que da la Asociación son en total 12. La primera es que las comunidades no puedan reducir su presupuesto propio regional con la excusa de que ha aumentado el estatal; de hecho, que se establezca la obligación de que los que invierten menos de la media en sus propios presupuestos (Canarias, Galicia, Baleares, Murcia, Andalucía, C. Valenciana, Catalunya, Aragón y Madrid), lo aumenten. También que “los criterios de reparto tanto del Nivel Mínimo como del Acordado deben ser consensuados por la inmensa mayoría del Consejo Territorial”, es decir, que todos los gobiernos autonómicos se pongan de acuerdo y acaten el reparto. Teniendo en cuenta que el Plan de choque se plantea para tres años, además, en 2021 “la prioridad absoluta para aquellas Comunidades que tengan un porcentaje inferior de beneficiarios sobre población o una mayor lista de espera que la media nacional” ha de ser “la atención a nuevos beneficiarios”. Esto afecta a Catalunya, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria, Madrid, Ceuta y Melilla, Baleares, C. Valenciana, Navarra, Galicia, Murcia, y Asturias. Con todas estas acciones han de eliminarse en parte “las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión”.

El Observatorio de la Asociación calcula que se podrían atender a esos 100.000 nuevos beneficiarios –sería una reducción en la lista del 28%– y generar más de 25.000 nuevos empleos en el sector, “algo que será positivo también para la economía del país tal y como estamos”, apunta el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez. “El impacto de la Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, comienza el documento que ha presentado la Asociación. Se deben ocupar las 14.910 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde marzo “máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II –los más graves–, en el limbo de la dependencia”. Y sobre esto, “el Plan de choque debe incluir como prioridad el avance hacia un nuevo modelo de centros residenciales, mejorando ratios y condiciones de trabajadores. E incluir la atención residencial para el Grado I”.

El secretario de Estado Nacho Álvarez sí ha hablado en diversas ocasiones de que uno de los objetivos de su Ministerio era renovar el sistema residencial en España, más después de las carencias que ha sacado a la luz esta crisis. Pero entre las metas del plan se menciona: establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales; incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio; mejorar las prestaciones económicas por cuidados familiares y las condiciones laborales de los trabajadores y agilizar la burocracia. A nivel presupuestario, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado, y aumentar la aportación de la Administración General del Estado al sistema –debería ser del 50% con las comunidades y es del 16%–. Y además, hacerlo todo progresivamente, intensificar la atención a menores, reconsiderar el papel de las entidades locales y el sistema de copago. En todo ese paquete es donde Ramírez encuentra esa falta: “No hablan de residencias, y nos parece un error grave”.

Además de la partida presupuestaria del Ministerio, hay planificados otros 708 millones para la dependencia provenientes de los fondos europeos para la reconstrucción, pero para un gasto más a largo plazo e indirecto –no para recortar listas de espera sino para infraestructuras, por ejemplo–.

A fecha 30 de noviembre, y tal y como han ido adelantando en informes periódicos, todos los indicadores que valoran la situación del SAAD han empeorado. 34.412 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (-12,8%); 46.446 solicitudes menos (-2,4%); 39.861 resoluciones menos (-2,3%) y 1.670 personas beneficiarias con prestación menos (-0,1%). El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación es de 430 días (257 para valoración de Grado y 168 días para resolución de prestación). La Asociación pide además que se evalúe el impacto de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados. Y la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 21% sobre el total de gasto directo del sistema, un modelo que el Ministerio quiere revisar.