Una clínica que practica abortos denuncia que Cospedal retorció la ley para poder multarlos
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha impuso en 2014 -con María Dolores de Cospedal de presidenta autonómica- una sanción grave de 9.000 euros a la clínica Iris de Albacete, centro acreditado para practicar abortos. El motivo: la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo por dos licenciados en medicina y cirugía, pero no en ginecología y obstetricia. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 menciona que los abortos deben realizarse “por un médico especialista o bajo su dirección”, que no implica presencia física ni que tenga que ser un ginecólogo. La clínica ha recurrido la sanción ante los juzgados de lo contencioso administrativo y este martes ha tenido lugar el juicio.
Durante cinco meses, la Consejería de Sanidad llevó a cabo veinte inspecciones a la clínica Iris. “Somos una clínica pequeña y solo tenemos quirófano un día a la semana. Durante meses, dos inspectores vinieron cada vez que había quirófano. Buscaban cualquier cosa”, dice el director del centro, Eduardo Pin Arboleda, que dice que fueron objeto de un auténtico “hostigamiento” que buscaba “restringir los derechos de las mujeres”. Finalmente, la Consejería de Sanidad impuso una sanción de nueve mil euros a la clínica utilizando un requiebro de la ley. Aunque el centro recurrió, su petición fue desestimada.
En su escrito al juzgado, la defensa de la clínica niega los hechos y asegura que se trata de una interpretación restrictiva de la norma. La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, lo constata: “Cuando se discutió la ley se puso que estas intervenciones fueran bajo la dirección del especialista pero en ningún caso eso quiere decir presencia física. El ginecólogo, junto con el equipo de médicos, elabora unos protocolos que son bajo los que se llevan a cabo las interrupciones del embarazo y que son los que garantizan la calidad del servicio”.
Esta es la forma de proceder habitual tanto en la sanidad pública, como en las clínicas acreditadas para practicar abortos. “Este tipo de interpretaciones [la aplicada a la clínica Iris] son abusivas y retuercen la ley. Hay determinadas prácticas que estan estigmatizadas y este tipo de comportamientos son persecuciones políticas”, señala Francisca García.
La OMS también lo avala
El ginecólogo José Luis Carbonell, que fue miembro transitorio de la comisión que elaboró la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ha intervenido en el juicio como perito de la defensa. “La ley dice que se tienen que hacer por un médico especialista o bajo su supervisión, no dice que tenga que ser especialista en ginecología. Se entiende que especialista es aquel que lo es en practicar abortos, no quien tiene un título de ginecología”, explica.
Carbonell confirma que así es como se procede habitualmente en todas las clínicas, bajo unos protocolos en los que sí intervienen las personas especialistas en ginecología: “Todos los médicos licenciados lo son en medicina y cirugía, es decir, podemos hacer las dos cosas y el aborto es un acto quirúrgico sencillo. Cualquier médico puede ejecutar unos protocolos”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también avala esta forma de proceder. En su guía “Funciones del personal sanitario en la atención para un aborto sin riesgos y los métodos anticonceptivos después del aborto”, la OMS indica que la atención tanto de médicos especialistas como de no especialistas está recomendada en los distintos tipos de aborto. Eso es así incluso en las interrupciones del embarazo que se llevan a cabo después de la semana doce de gestación. En la clínica Iris, sin embargo, no realizan intervenciones pasada esa barrera temporal.
El juicio ha quedado este martes visto para sentencia. Si el fallo no es favorable, la clínica recurrirá al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.
