La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual puede costar siete millones de euros a la Universidad

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que acaba de aprobar el Gobierno le puede costar a la Universidad española entre siete y ocho millones de euros al año. La modificación de esta norma aboca a la creación de un canon por el que las universidades, públicas y privadas, tendrán que pagar a CEDRO, la SGAE de los libros, cinco euros al año por cada uno de los aproximadamente millón y medio de alumnos que tienen por el uso de materiales académicos en los campos virtuales (manuales y textos universitarios). Y esto mientras ven cada año cómo sus presupuestos caen un poco más. ¿Quién acabará pagando el canon?

“Es un contrasentido”, lamenta Antoni Gonzàlez Senmartí, representante de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para la LPI. “Por copia privada no hay que pagar un canon porque los asumen los Presupuestos Generales del Estado [es uno de los cambios que trae la reforma] pero si es para la docencia o la investigación, sí hay que pagarlo”, afirma. Aunque la ley no incluye explícitamente un canon, “en la práctica las universidades deberán abonarlo por la teórica utilización de unas obras y autores”, explica.

“Y todo por publicar objetos bajo Creative Commons. Un disparate”, añade Javier de la Cueva, abogado especialista en el tema, en una entrevista en la web Gizmondo.

CEDRO, la beneficiaria de los pagos, cree que era necesaria esta regulación para “asegurar el acceso legal a copias de revistas y libros”, según fuentes de la entidad, que niegan de entrada que sea un canon, sino “una limitación al derecho de propiedad intelectual”. Pero lo ven insuficiente: “No se ha previsto este sistema para el resto de niveles de enseñanza reglada, tal y como solicitaba nuestra entidad”, se lee en un comunicado de su web. Que paguen colegios e institutos también, en otras palabras.

CEDRO es una entidad de gestión similar a SGAE, dedicada a la gestión de derechos de autor y de propiedad intelectual de obras de texto protegidas (libros, revistas, periódicos, etc.). Entre sus socios están los editores de prensa y libros españoles.

La medida ha pasado algo desapercibida en la reforma de la LPI que ha realizado el Ministerio de Educación de la LPI, oculta por el mayor ruido que han generado la llamada tasa Google o el cambio en el método por el que se compensa a los autores por copia privada, que asume el Gobierno. Pero para las universidades va a suponer un importante agujero, máxime cuando han sufrido una caída del 5% en sus presupuestos en los últimos años.

Pagar el canon y recortar en profesores

“Nosotros tendríamos que hacer frente por este concepto a un pago de unos 85.000 euros y acabamos de aprobar una reducción de un millón de euros en la partida destinada a profesorado”, pone como ejemplo Gonzàlez, que también es miembro del Consejo de Dirección de la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña.

Con la reforma, las universidades tendrán que “remunerar” a los autores y editores de libros por el uso de material docente o investigador en los campus virtuales. El conflicto viene en concreto por el uso de manuales y textos universitarios que los profesores comparten con sus alumnos en las plataformas como parte habitual de las clases.

“Si yo a mis alumnos les doy un pequeño fragmento de un material de este estilo para utilizar en el aula no puedo hacerlo sin pagar”, explica Gonzàlez. Un material que suele tener licencia Creative Commons –por la que un autor cede ciertos usos de su trabajo a cualquiera–, como explica el abogado De la Cueva. La información que se compra a las revistas especializadas (las universidades ya pagan 24 millones de euros sólo por ScienceDirect) o la producción científica de los miembros de una universidad quedan al margen.

Ninguno de estos argumentos, explicados al Gobierno por la CRUE y otros interesados, parece haber hecho fortuna. “Ha habido muy poca receptividad, hemos argumentado temas de fondo y forma”, confirma Gonzàlez Senmartí. Tampoco ha influido la existencia de una directiva europea de 2001 que prevé, a criterio de los Estados, “que las copias con finalidad docente e investigadora puedan estar exentas, como han hecho Portugal e Italia”, recuerda Gonzàlez. Nada.

Además, el Gobierno prevé en la nueva LPI que el cobro de estas compensaciones es “irrenunciable” por parte del autor, aunque este quiera poner su trabajo a disposición de quien quiera usarlo, y obliga a negociar la remuneración equitativa con la entidad de gestión.

La nueva LPI establece que la cantidad a pagar deberá acordarse entre las entidades de gestión y las universidades. De momento no ha habido tal reunión para negociar –la ley entra en vigor en enero de 2015–, pero CEDRO lleva dos o tres años exigiendo este pago a algunas universidades (la Carlos III de Madrid, la Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, a las que ha llevado a los tribunales) y la cantidad que exige son cinco euros por alumno a modo de tarifa plana. Una cifra que podría variar en la negociación. Si o hay acuerdo entre las partes, el importe final lo decidirá un tribunal independiente. Pero de momento, esa cifra es la única referencia que hay. CEDRO repartirá el dinero entre sus socios como crea conveniente.

La fórmula no convence a las universidades. “Pedimos conocer cuáles son los autores y las obras que representa CEDRO para saber si los utilizamos o no y pagar en función del uso que se haga de estas obras y autores. Pero nunca hemos podido conocerlo”, lamenta el representante de la CRUE. “¿He utilizado esta obra mil veces o cien? Es un sinsentido pagar una tarifa plana precisamente en el mundo digital en el que se puede contar cuántas veces se usa o descarga un archivo”, lamenta Antonio Gonzàlez.

CEDRO señala que “será necesario definir un sistema de reparto equitativo y proporcional a la utilización de las obras afectadas por esta disposición”, para lo que realizarán “estudios estadísticos en los que se determine el uso de este material”, asegura una portavoz.

Y todo esto, ¿quién lo va a pagar? “Al final todo termina repercutiendo en el estudiante”, reconoce el representante de la CRUE. Algunas universidades catalanas ya lo están valorando en ese sentido. Las universidades, asfixiadas económicamente, trasladan los gastos que no pueden asumir a los estudiantes. Pasó cuando el Gobierno empezó a reducir los presupuestos y a la vez les permitió subir las tasas: las matrículas han subido en algunos centros hasta el 100% en cuatro años, según el grado y la Comunidad Autónoma.

De momento la situación no tiene visos de resolverse satisfactoriamente para las universidades. Gonzàlez admite que no sabe qué más pueden hacer. “Analizar el tema en profundidad e intentar llegar a un acuerdo, aunque las experiencias anteriores no han sido exitosas”, explica.