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El sector ultra de los obispos españoles desafía al Gobierno e intenta obstruir sus medidas

Las críticas del embajador del Vaticano por la exhumación de Franco son el último desaire del núcleo duro de la Conferencia Episcopal

Los obispos –capitaneados por los de Oviedo, Burgos o Alcalá y contrarios al papa Francisco– se niegan a dar expedientes de pederastia, la lista de bienes inmatriculados o a revisar los Acuerdos Iglesia-Estado

El sector pro Francisco, partidario de no interferir en asuntos políticos, se mantiene en silencio y a la espera de las elecciones a la cúpula episcopal el próximo marzo

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El cardenal Rouco Varela en primer plano y su sucesor, Carlos Osorio, en una foto e archivo. /EFE

El cardenal Rouco Varela (izda), que encabeza a los ultra, y su sucesor, Carlos Osoro, hombre del papa Francisco

Renzo Fratini, el embajador del Vaticano en España, se va. Desde este martes, oficialmente ya no es nuncio del Papa y con su marcha deja una crítica a la exhumación de Franco poco diplomática: "Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco", decía en una entrevista este domingo en Europa Press.

Esta injerencia en la vida pública y política española ha recibido críticas del Gobierno y otros partidos como Unidas Podemos, pero no ha sido la primera ni será la última de un grupo de prelados ultraconservadores del que forma parte Fratini, contrarios también al papa Francisco y que tienen en común varias ideas: no al aborto, no al feminismo, no a la homosexualidad, no a acatar decisiones parlamentarias como la exhumación de Franco, y tampoco a rebajar los privilegios de la Iglesia en España o a facilitar información relativa a abusos sexuales o bienes inmatriculados por los religiosos en la época de Aznar.

Fratini pertenece a ese club con una veintena de obispos como miembros, nombrados o promovidos durante la década de Rouco Varela como presidente de la Conferencia Episcopal –el órgano de gobierno de los obispos–, y que intentan obstruir sistemáticamente las medidas del Gobierno también sobre eutanasia o el matrimonio igualitario. Lo hacen en sus parroquias, a través de su televisión, Trece Tv (en la que han invertido 80 millones de euros que salen de la casilla del IRPF), o en manifestaciones públicas, como la polémica misa retransmitida por TVE en la que el obispo de Alcalá demonizó la homosexualidad.

En el caso de Franco, la Iglesia oficial ha optado por ponerse de perfil. No consideran suficiente el acuerdo parlamentario para sacar al dictador y la jerarquía se ha puesto de parte del prior del Valle: no mover un dedo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie o, lo que es lo mismo, no considerar suficiente el mandato del Congreso y el Gobierno para abrir la puerta de la basílica del Valle de los Caídos. Cuando surgió la posibilidad de que Franco acabara en la Almudena, el cardenal Osoro le dijo al Ejecutivo que no les gustaba la idea pero dejó claro que los obispos no iban a impedirlo, trasladando la responsabilidad a las autoridades civiles, las mismas a las que el prior del Valle ha advertido que no dará acceso a la tumba a menos que lo diga un juez.

También en esa línea poco colaboradora se han mostrado en el caso de la asignatura de Religión, que el Gobierno quiere que no cuente para nota, algo que suscitó el enfado de los obispos. En su reunión con la ministra Celáa los obispos le advirtieron de que no era tan sencillo y de que no se lo iban a poner fácil. Le recordaron que habría que cambiar el Concordato (con rango de ley internacional) si el Ejecutivo quería quitar peso en los colegios a la asignatura, sufragada por el Estado pero de cuyo contenido no participa. La joya de la corona para los religiosos es precisamente su influencia en el sistema educativo, en el que tienen enorme interés (el 60% de los colegios concertados en España son católicos).

Los obispos más duros volvieron a chocar con las inmatriculaciones. El listado de los bienes que pusieron a su nombre aprovechando una reforma legislativa de la época de Aznar es un misterio. El Ministerio de Justicia está elaborándolo a través de peticiones a los registros de la propiedad de toda España. Cuando lo tenga, lo remitirá al grupo socialista del Congreso de los Diputados, el partido que hizo originariamente la petición. Pero las diócesis no han colaborado en esta recopilación que puede dar como resultado que los religiosos pusieron a su nombre miles de edificios, locales y bienes (más allá de la conocida catedral-mezquita de Córdoba).

Otro asunto en el que el sector más duro de los obispos no quiere dar su brazo a torcer es en lo que tenga que ver con sus ventajas fiscales, como la exención del pago de IBI que aseguran los acuerdos Iglesia Estado de 1979. En un momento dado, la Conferencia Episcopal pareció abrirse al "modelo italiano" de exenciones fiscales, en el que solo entrarían las actividades estrictamente relacionadas con el culto religioso, y que ya salió a relucir en la reunión entre Carmen Calvo y el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. De esta negociación no ha salido ningún avance, como tampoco en la transparencia relativa a los expedientes de pederastia de la Iglesia: hace una semana la Fiscalía pedía a los religiosos menos opacidad en la gestión de estas denuncias canónicas, de las que nada se sabe porque las diócesis no están obligadas por ley a colaborar con la justicia ordinaria o las autoridades civiles exponiendo sus archivos. De manera voluntaria tampoco lo hacen.

La respuesta de los religiosos a la fiscal no tardó en llegar: "El informe se realiza porque hay una petición del Ministerio de Justicia. La pregunta de Justicia se refiere solo a los abusos en la Iglesia, eso no nos pareció bien, nos incomodó", ha dicho Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. Una vez más, el Concordato firmado por España y el Vaticano protege los expedientes religiosos y ninguna autoridad puede exigírselos.

Junto a la exhumación de Franco y los bienes inmatriculados, la pederastia está siendo precisamente uno de los principales puntos de conflicto dentro de la propia Iglesia. Los sectores más conservadores están impidiendo que se entreguen esos archivos o se permita una investigación independiente sobre los abusos sexuales a menores. La parte más partidaria de la apertura de los archivos guarda silencio y no se manifiesta en público.

El Gobierno ha mostrado su desacuerdo con la Iglesia en diversas ocasiones durante la pasada legislatura, que empezó con la promesa sin crucifijo de Pedro Sánchez que puso en alerta a los prelados. La última manifestación ha sido este mismo lunes, cuando la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha mantenido actitudes favorables al diálogo con la Iglesia y tuvo un encuentro con su homólogo vaticano en el que trató sobre la exhumación de Franco, se ha mostrado muy crítica con la injerencia de Fratini, ha anunciado una queja formal ante la Santa Sede y ha puesto en cuestión los Acuerdos Iglesia Estado de 1979, sugiriendo que habría que revisar los impuestos que paga la institución católica en España, exenta del IBI en todos sus locales incluidos los no religiosos, y que recauda gran parte de su dinero a través de la casilla del IRPF. Por primera vez el Gobierno ha citado el asunto de fondo y ha dado un aviso velado de que de que están dispuestos a abrir ese melón que, más allá de los gestos y declaraciones, aún permanece intacto.

Lucha por el poder en la CEE con un nutrido sector ultra

Pese a que desde Roma se intenta mantener la neutralidad o apariencia de neutralidad en el caso Franco –tal y como aseguró el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, a la propia Calvo– y trabaja para que la Iglesia española, tras seis años, se sume a la dinámica de búsqueda de acuerdos auspiciada por Francisco, lo cierto es que este grupo minoritario de obispos, fuertemente apoyado por los sectores más reaccionarios -vinculados a HazteOir y Vox, los Kikos o el Opus-, busca volver a alcanzar la cúpula de la Iglesia española el próximo mes de marzo, cuando se celebren elecciones en la Conferencia Episcopal. Ricardo Blázquez, a sus 78 años, no repetirá. De quiénes sean el presidente del Episcopado y el nuevo nuncio dependerá el futuro de la Iglesia española. De lo segundo se encarga Roma, que negociará con el Gobierno un nombre de consenso. De lo primero, los propios obispos.

¿Quiénes son estos obispos que defienden una vuelta a la Iglesia de Juan Pablo II y Benedicto XVI, frente a la reforma que plantea el Papa Francisco? Junto al cardenal Rouco Varela –que a sus casi 83 años, y ya emérito, sigue ejerciendo el liderazgo moral en el sector ultra–, dos decenas de obispos. Algunos, muy conocidos en los medios, como el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, que acoge en su diócesis 'pseudoterapias' para 'curar' la homosexualidad. Otros, menos conocidos pero con mayor predicamento en el interior de la Iglesia, como Fidel Herráez, arzobispo de Burgos y delfín de Rouco Varela para Madrid.

La elección papal de Carlos Osoro como arzobispo de Madrid supuso, de hecho, la primera ruptura entre el Vaticano de Francisco y la Nunciatura de Fratini-Rouco, que apuesta para presidir la Conferencia por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Sanz llegó a sugerir, durante el funeral por el obispo de Astorga y presidente de la Comisión Antipederastia de la Iglesia, Juan Antonio Menéndez, que los medios y las víctimas habían tenido algo que ver en la muerte del prelado, que sufrió un infarto el 15 de mayo.

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, recientemente condenado a indemnizar a una limpiadora que trabajaba en un convento sin cobrar y conocido por desahuciar a familias que llevaban décadas viviendo en casas de la diócesis, es uno de los más cercanos a las tesis de Vox. Algo especialmente grave por ser el prelado responsable de ambos lados del Estrecho. No es el único que ha mostrado su cercanía al partido de Abascal. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, o el todavía arzobispo de Toledo –se espera que el Papa acepte su renuncia en breve–, Braulio Rodríguez, también se encuentran en esta lista.

José Ignacio Munilla, en San Sebastián, o Francisco Pérez, en Pamplona, son otros de los prelados ultraconservadores que más han atacado lo que llaman la "ideología de género" y quienes con mayor fuerza han defendido la legalidad de las inmatriculaciones de la Iglesia. Navarra, de hecho, es una de las zonas de España donde el Arzobispado ha llenado el registro con edificios, parques y campos –más de un millar entre 1998 y 2015–.

Ambos han sido especialmente beligerantes contra la memoria histórica, que ha vuelto a colocar a la Iglesia española -las polémicas palabras del Nuncio sólo son la punta del iceberg- en la línea de lo que fue durante los años de la dictadura: un apoyo a los vencedores de la Guerra Civil, y una herramienta útil al servicio del Régimen.

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, es otro de los líderes silenciosos de la Iglesia anti Francisco, como el anterior portavoz de la Conferencia y actual obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien lideró junto a Rouco las manifestaciones anti Zapatero que llenaron las plazas de Colón y Lima durante muchas Navidades, con el apoyo de los Kikos y HazteOir.

El arzobispo de Granada, Javier Martínez; el obispo de Bilbao, Mario Iceta, o prelados menos conocidos como los de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente –uno de los máximos defensores de la clase de Religión obligatoria en la escuela pública– o el de Cartagena-Murcia, cuyo auxiliar presidió misas en honor a Franco en el seminario, son otros ejemplos de un episcopado que, aunque en su mayoría se muestra moderado, mantiene un nutrido –y unido– grupo ultraconservador.

Osoro, Omella... y el nuevo nuncio

Todos ellos son la herencia del dúo Fratini-Rouco, que amenaza con volver a tomar el poder en la Conferencia Episcopal en las elecciones de marzo. Frente a ellos, los hombres del Papa en España -fundamentalmente, Omella y Osoro-, y el futuro nuncio, habrán de contrarrestar el auge de los seguidores del nuncio saliente y del cardenal emérito de Madrid. Por el momento, el sector de afines al Papa se mantiene en silencio, aun admitiendo que sirva para dinamitar todos los puentes de diálogo que, pese a todo, aún se mantienen en las relaciones Iglesia-Estado. ¿Hasta cuándo? Para cuando Roma reciba la queja formal de Carmen Calvo el nuncio ya no estará. Pero sí esa veintena de obispos ultraconservadores y los grupos de poder que los avalan.

Más información en www.religiondigital.org

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