El profesor incómodo: sancionado dos veces por denunciar corrupción en la universidad y exonerado por los jueces

Jorge Lirola es una persona incómoda, al menos para ciertos sectores de la Universidad de Almería (UAL). Es de los que no se callan. Si ve algo que considera irregular o ilegal, lo dice. Protesta en directo y por escrito. De momento le ha costado dos sanciones de la dirección de la universidad por, supuestamente, sobrepasarse con sus superiores.

La segunda sanción, muy reciente, era de más de cuatro años de suspensión de empleo y sueldo. Pero las dos veces Lirola consideró que era injusto, que estaba sufriendo una especie de caza de brujas por ser insistente en la denuncia. Recurrió a la Justicia y ganó. Las dos veces; la segunda, recientemente. Pero no han acabado sus cuitas con la UAL: en este momento tiene otro proceso abierto.

El último caso le ha costado a la universidad una indemnización que rondará los 11.000 euros para el profesor (con dinero público) porque, viene a explicar el juez, el entonces rector del centro, Pedro Molina García, se lo tomó de una manera demasiado personal y le sancionó directamente cuando era el destinatario directo de las críticas de Lirola y debería haberse abstenido del proceso sancionador.

“Nunca me han sancionado por cuestiones relacionadas con mi actividad, como no acudir a clase, incumplir con las tutorías o machacar a los alumnos. Siempre por supuestas irreverencias con superiores”, expone Lirola. “La represión que han tratado de ejercer sobre mí en la Universidad de Almería por mis denuncias de irregularidades no han surtido efecto y no me han amedrentado, si bien las irregularidades de fondo siguen estando ahí: plazas amañadas en las Universidades, corporativismo para no afrontar constructivamente denuncias de irregularidades en la docencia, mal uso de los fondos públicos, impunidad al vulnerar las autoridades de las Universidades las leyes y normativas por ellos mismos aprobadas”, opina.

Este diario ha preguntado a la Universidad de Almería por su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta.

“No denota falta de respeto”

Los desencuentros de Lirola con su universidad empezaron, o al menos pasaron a otro nivel, a mediados de los 90. Este profesor había interpuesto cinco contenciosos contra prácticas que consideraba corruptas o irregulares en la UAL. Por una de ellas recibió una sanción de apercibimiento del entonces presidente de la Comisión Gestora de la Universidad, Alberto Fernánez Gutiérrez, por “incorrección con los superiores”.

Se fue al juzgado y el juez le dio la razón. “Haciendo abstracción de antecedentes y situaciones más o menos incómodas que mantuviera el recurrente con la Comisión Gestora de la UAL, [el escrito de protesta que provocó la sanción] en sí mismo no denota falta de respeto o consideración con iguales o superiores”, escribió el juez. Y anuló la sanción porque, escribió el juez, “conculca la legislación vigente incurriendo en desvío de poder y abuso de buena fe”.

“Fue una ridiculez, una falta leve que era más una amenaza para que no continuara en esa línea [de reclamar]. Fue un ejemplo para otras personas, y sugerían que si me quedaba quieto, me la quitarían. Pero yo no quería que me la quitaran a cambio de callarme. Si la merecía, que la pusieran. Si no, que la quitaran”, recuerda Lirola. Era el primer profesor sancionado en la joven universidad, y las noticias de su caso corrieron por el campus.

Llamar “corrupto” a un rector

Pasaron los años y Lirola, miembro de la Asociación para la Transparencia Universitaria, continuó con su labor de vigilancia del poder en su centro. Sin problemas reseñables excepto algún encontronazo con compañeros hasta que comenzó una serie de denuncias públicas por la concesión de una cátedra.

Los estatutos de la UAL fijan que, para crear una comisión de selección en un tribunal que otorgue una plaza que salga a concurso público, el departamento afectado propondrá dos candidatos y el rectorado uno. Pero desde el rectorado, cuenta Lirola, cambiaron la norma —contraviniendo los estatutos— para invertir la proporción: el rectorado pondría dos de los miembros, el departamento uno. Lo denunció.

Y no se ahorró los calificativos. Entre otras cosas, Lirola acusaba al entonces rector de “corrupto”. “Ha prevaricado”, “se ha saltado la legalidad”, “ha intentado coaccionar y ha cometido abuso de poder”, afirmó, según se recoge en la sentencia.

El máximo mandatario de la universidad le sancionó (él personalmente) en octubre de 2011 con una suspensión de cuatro años y tres meses de empleo y sueldo por desconsideración con los superiores, atentado grave a la dignidad de los funcionarios de la Administración y grave perturbación del servicio.

Lirola reclamó y, en segunda instancia, consiguió una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía bajo el argumento de que la sanción no tenía relación con su actividad docente y por tanto no podía aplicarse castigo a esa labor.

Era octubre de 2012 y ya había pasado todo un año sancionado. Doce meses que el profesor pasó en su mayoría en la Fiscalía, en la sala de espera con su ordenador con con la esperanza de que el Fiscal le recibiera algún día. Presentaba escritos casi a diario acusando al rector, cuenta. No consiguió nada.

Pero cuando se celebró finalmente el juicio, le dieron la razón. Alegaba el juez que había “una situación de enfrentamiento personal-profesional creada por el recurrente [Lirola], lo que contamina al rector (...) de cara a constituirse válidamente en autoridad que incoa el expediente sancionador”, por lo que anuló la sanción.

El rector recurrió, pero la democracia universitaria truncó sus planes. Tras las elecciones, con el cambio de máximo mandatario, la universidad renunció a continuar ese camino y la UAL se retiró del proceso. La sentencia pasó a firme y Lirola fue definitivamente restituido en su puesto y recibió los salarios atrasados con intereses de demora.

Pero no era suficiente para él. Además del daño moral, la suspensión le costó un sexenio en ese momento (que pudo recuperar después). La UAL se negaba a pagarle. Intentó llegar a un acuerdo a través de la mediación, cuenta, pero la asesora jurídica de la universidad se negó. Vuelta al juzgado. El juez le dio la razón de nuevo y reconoció el daño moral y la pérdida del sexenio y condenó a la universidad a resarcirle con casi 13.000 euros.

“La represión que han tratado de ejercer sobre mí en la Universidad de Almería, por mis denuncias de irregularidades, no han surtido efecto y no me han amedrentado”, valora Lirola, “si bien las irregularidades de fondo siguen estando ahí: plazas amañadas en las Universidades, corporativismo para no afrontar constructivamente denuncias de irregularidades en la docencia, mal uso de los fondos públicos, impunidad al vulnerar las autoridades de las Universidades las leyes y normativas por ellos mismos aprobadas y un largo etcétera”.