La respuesta a las víctimas de la pederastia exige un nuevo y difícil pacto entre Iglesia y Estado

En marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo realizar una investigación independiente sobre los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. Casi veinte meses después, ese encargo ha cristalizado en un contundente informe que constata que el fenómeno de la pederastia clerical tiene una “dimensión estructural o sistémica”, con decenas de miles de víctimas. Y que, tras dimensionar el problema, devuelve la pelota a los poderes públicos –la propia Cámara Baja y el Ejecutivo– y a la Iglesia católica. 

A todos ellos reclama la puesta en marcha cuanto antes de vías claras de reparación para unas víctimas que han sufrido durante años las dinámicas de “ocultación” de las congregaciones u órdenes religiosas, pero también la “prolongada desatención” de las instituciones públicas encargadas de protegerlas, especialmente en el ámbito educativo. “Me dirijo al Gobierno, al Congreso y a la Iglesia católica para que asuman lo que significa lo que estas víctimas requieren y adopten las medidas necesarias”, afirmó este viernes el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la presentación del informe, de cuyas recomendaciones emana la exigencia de un nuevo pacto entre Iglesia y Estado. 

El documento, de 777 páginas, afirma que aunque la respuesta a los abusos sexuales cometidos en el entorno eclesiástico es “ante todo una obligación de la Iglesia católica”, el Estado “no ha actuado según la responsabilidad que le incumbe”, especialmente en lo que concierne al sistema educativo. Y que, en consecuencia, los poderes públicos están también obligados a “activar los procedimientos que sean necesarios” para que las víctimas de estos delitos “puedan ver satisfecho su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. 

Las vías de reparación

Especialmente relevante es abordar el muro de la prescripción que hace que muchos casos de abusos se queden al margen de la vía penal. La ley de infancia aumentó el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Pero este nuevo margen sólo puede ser aplicado a los hechos cometidos desde su entrada en vigor en junio de 2021, por lo que sigue dejando fuera a “la mayoría de los casos conocidos”. 

Es por ello que el Defensor del Pueblo pide “fortalecer la protección de las víctimas de delitos prescritos” y de quienes no pueden acceder a la vía judicial penal por la muerte o incapacidad mental del victimario. En este punto, plantea como “opción más deseable” la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado”, de carácter temporal e integrado por especialistas independientes, y en el que ambas partes “colaboren” en el reconocimiento y la reparación de las víctimas de delitos prescritos, con recursos económicos y procedimientos específicos.

Mediante ese organismo, la Iglesia “podría asumir la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones” y el Estado “podría aportar recursos materiales y económicos para los gastos operativos del organismo e incluso para sufragar una parte de las compensaciones”. Es un modelo similar al centro de arbitraje que se puso en marcha en Bélgica, donde el Estado sufragó la tercera parte de las reparaciones acordadas, que ascendieron a tres millones de euros para un total de 507 solicitudes estimadas. 

Aquí podría estar uno de los principales escollos en este proceso, porque, aunque los obispos no han negado públicamente la posibilidad de pagar indemnizaciones, fuentes eclesiales señalan que no es el horizonte que más interesa a la Conferencia Episcopal, que ha mostrado distancia con sus homólogas de otros países donde esto sí se ha contemplado en los procesos de reparación. El otro gran obstáculo, que Gabilondo señaló durante la rueda de prensa, son los Acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979, que determinan entre otras cosas la “inviolabilidad” de los archivos, registros y demás documentos de la Iglesia.

En caso de que la Iglesia se negara a colaborar, el Defensor del Pueblo propone la creación de un órgano administrativo independiente que pudiera dictar pronunciamientos expresos sobre la condición de víctima. Todo ello, de cara a obtener el reconocimiento y las medidas reparadoras adecuadas, como indemnizaciones o prestaciones de asistencia terapéutica, que en este caso correrían a cargo de las instituciones públicas. En este sentido, el informe también incluye la propuesta de creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas en la medida en que corresponda al Estado. Y reclama un acto público de reparación, para lo que Gabilondo también solicitó “el compromiso de la Iglesia católica”.

Este viernes, desde el Gobierno en funciones recogieron el guante de las peticiones del Defensor del Pueblo, aunque sin demasiadas concreciones. Pedro Sánchez se comprometió desde Bruselas a “seguir trabajando” desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para poder resarcir “al menos mínimamente todo el sufrimiento que han vivido [las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia] durante todos estos años de silencio”. “No existe de lo que no se habla y ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos”, subrayó.

Desde Sumar, su portavoz adjunta en el Congreso, Aina Vidal, calificó de “desolador” el informe y pidió que no haya “más excusas”. “Las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes. Justicia, reparación y no repetición”, recalcó a través de su cuenta de X (antes Twitter). Podemos, por su parte, reclamó medidas “valientes” como eliminar la financiación pública a la Iglesia y derogar los Acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979. 

Sin reacción de los obispos

Quien todavía no ha reaccionado al informe es la Conferencia Episcopal, que pocos minutos antes de su presentación anunció que se había convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el lunes, en la que los obispos, de manera online o presencial, estudiarán y valorarán el documento. 

Hace apenas dos años, en noviembre de 2021, Luis Argüello, el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal –y hoy candidato a suceder al cardenal Omella– afirmó que solo eran “pequeños casos” al ser preguntado por el escándalo de la pederastia clerical. Entonces desmintió tajantemente que la Iglesia española fuera a elaborar un informe similar al que en esos días se había publicado en Francia y que señalaba una estimación de 330.000 menores abusados en las últimas décadas. 

Pero poco después, la Iglesia encargó al despacho Cremades & Calvo Sotelo la elaboración de una auditoría, supuestamente independiente y gratuita –aunque, como desveló elDiario.es, le ha costado a las arcas eclesiales más de un millón de euros– que iba a servir para 'controlar' las cifras de los abusos a menores y cuyos primeros resultados, tras sucesivos retrasos, podrían conocerse en las próximas semanas. 

En estos meses, la pugna entre los obispos ‘negacionistas’ y aquellos que se han empeñado en dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad se ha recrudecido. Una lucha en la que el Vaticano ha presionado –sin demasiado éxito– para que se diera mayor transparencia, y donde ha comprobado la diferencia sustancial entre la actuación de una mayoría de obispos –que han puesto pegas a la hora de participar en las investigaciones– y la de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), cuya colaboración reconoció públicamente Gabilondo y que tardó apenas unos minutos en agradecer el informe, ofrecerse a seguir colaborando y tomar nota de sus consideraciones. 

De hecho, los obispos han acabado por no fiarse siquiera de la auditoría de Cremades. La Conferencia Episcopal tiene la sospecha de que los resultados que aún no se han entregado serán diferentes –y más negativos– que los que conocieron en el informe preliminar de la auditoría en julio, y que apenas reconocía 927 víctimas. Paradójicamente, menos que las que los propios obispos han reconocido para el estudio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo. 

No todos los prelados han actuado ocultando o minusvalorando la magnitud del escándalo. Y así lo han reconocido tanto Gabilondo como las asociaciones de víctimas, que han saludado las rotundas condenas de los dos últimos arzobispos de Madrid (Carlos Osoro y José Cobo, el primero en encontrarse públicamente con supervivientes de abusos) o del obispo de Bilbao, Joseba Segura. Con todo, la crisis de los abusos acabó forzando la salida de la Secretaría General del Episcopado de Luis Argüello, que fue sustituido por César García Magán, obispo auxiliar de la diócesis de Toledo. Precisamente la última en verse salpicada por la condena a un sacerdote a siete años de prisión por abusos continuados, en una sentencia que achaca a la diócesis una notoria falta de atención a la víctima.