La Sanidad madrileña no recurrirá la decisión del juez y los médicos tendrán que reanimar a la enferma de Alcalá
El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares no recurrirá el auto del Juzgado de lo Penal de esa localidad que obligaba a los médicos –en contra de su criterio– a proceder a “la aplicación del tratamiento medico correspondiente, en su caso, la reanimación cardiopulmonar (RCP), en el momento en el que lo necesite” sobre María Teresa, la mujer que se encuentra grave debido a una enfermedad neurodegenerativa. Este lunes era el último día de plazo para interponer un recurso de reforma –y hasta el miércoles uno de apelación– y no lo harán, según confirman desde el Hospital a eldiario.es. Más tarde, también han informado de que la mujer ha sido dada de alta.
El caso había sido llevado al juzgado por su familia de María Teresa, representada por Abogados Cristianos. La organización ultraconservadora y el entorno de la mujer pedían medidas cautelares porque los profesionales del centro les habían informado de que, si tenía una recaída, no la reanimarían ya que se trataría de técnicas que supondrían “encarnizamiento terapéutico”, es decir, se empeoraría su calidad de vida o se prolongaría el sufrimiento. Días antes y ante la insistencia de la familia con su diferente criterio, el Centro también lo había llevado ante el Juzgado de Guardia.
María Teresa tiene 54 años y padece una ataxia degenerativa desde hace 20. Ingresó en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares el viernes 4 de julio. La familia insistió desde el principio con que se le aplicasen esas técnicas para mantenerla con vida. El Hospital describía su situación como “muy compleja”. A la paciente, informaban, se le aplicaron “todas las medidas protocolizadas y prescritas” y los profesionales de Urgencias, Medicina Interna y Neurología valoraron o “de forma colegiada y consensuada” “que la aplicación de otras técnicas agresivas e invasivas no beneficiarían a esta paciente”.
El Hospital tendrá así que acatar la orden de practicar la “RCP reanimación” en el momento en el que “eventualmente, la paciente lo pudiera necesitar por su evolución clínica”. Desde el Hospital, la semana pasada, negaban dos extremos que sostenían los Abogados de la familia: que no se les haya informado de la situación clínica, algo que “se ha hecho en todo momento”; y que se hayan alegado motivos económicos en las decisiones, “la atención prestada ha sido siempre siguiendo criterios asistenciales”.
El Hospital defendía que el caso “no tiene nada que ver con el debate sobre la eutanasia” ya que “se la está atendiendo en las mejores condiciones posibles”. Pero Abogados Cristianos ha empleado el caso en su cruzada contra la eutanasia estos días, y acusaban a los sanitarios de querer “imponerla”. Polonia Castellanos, la presidenta de la Asociación, declaró ante la prensa para celebrar el auto que “si estuviera legalizada, se hubiera acabado con la vida de María Teresa en contra de su voluntad y de su familia”, a pesar de que todos los proyectos de ley contemplan la voluntad expresa del paciente. Llegó a añadir que “que no haya un testamento vital no significa que haya que liquidarla”. María Teresa, según describieron desde la Asociación –la familia no ha hecho hasta ahora declaraciones públicas– no puede hablar y se comunica con gestos y balbuceos.
El Hospital de Alcalá contaba con el total respaldo del Colegio de Médicos de Madrid, que había estado en contacto con el centro. “Está todo dentro del código deontológico. No hay situación de excepcionalidad. No es correcto utilizar el término eutanasia, porque se trata de no prolongar una situación de gravedad de una paciente con medidas de encarnizamiento terapéutico. Dicen que hay mejoría, pero es obvio que, si entra en parada, dejará de haberla. Es una situación habitual en la medicina española, madrileña y mundial: cuando las personas van llegando al final de un proceso degenerativo, se plantea en qué momento se ha de dejar de aplicar medidas que pueden ser excesivas y que suponen ese encarnizamiento”, explicó su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón.
