Un sistema excelente cada vez más en peligro

Hace tan solo 39 años, el 19 de mayo de 1986, entró en vigor una ley transformadora en nuestro país que se convertiría en el pilar fundamental de nuestra actual sanidad pública: La Ley General de Sanidad. Su objetivo principal era hacer realidad el artículo 43 de la Constitución Española: el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, con la responsabilidad de los poderes públicos. 

A diferencia de sistemas sanitarios previos, que solo garantizaban la cobertura de ciertos colectivos de la población española (trabajadores cotizantes, familiares y estudiantes), la citada ley marcaba una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la sanidad pública universal, “reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España”. Además, dicha ley apostó con fuerza por la Atención Primaria, que se convirtió en la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS) con la idea de garantizar la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida mediante una amplia red de centros de salud y médico/as de familia distribuidos por España. 

En la actualidad, a pesar de la evolución de los últimos años, nuestro sistema sanitario sigue estando entre los mejores del mundo y destaca por su carácter universal, su calidad y eficiencia. Visto de otra manera, nuestra sanidad pública es tanto una complejísima red de seguridad, como una herramienta de redistribución de riqueza que ofrece una atención sanitaria de alta calidad a las personas, independientemente de su situación socioeconómica. Así, cada día, miles y miles de ciudadanos acuden a los centros de salud y a los hospitales con la plena tranquilidad de saber que podrán asumir sin problemas el coste de sus diagnósticos y tratamientos. Desafortunadamente, lo anterior es todo un privilegio en numerosos países y multitud de personas no consiguen la atención sanitaria que necesitan porque no pueden costeársela o terminan arruinados cuando acceden a esta. Es lo que ocurre de forma cotidiana en, por ejemplo, Estados Unidos: allí las deudas médicas son la primera causa de bancarrota y una de las principales causas de pobreza.

Uno de los rasgos destacados de nuestra sanidad pública es su eficiencia. A pesar de que nuestro nivel de inversión en ella se encuentra en la media o por debajo de los países de nuestro entorno, se ofrece una atención sanitaria de calidad y con cada vez más prestaciones. Por ejemplo, en 2023 tan solo se dedicó el 6,5 % del producto interior bruto (PIB) a la sanidad pública: 97.661 millones de euros en total, lo que supone 2.021 de euros por habitante. Si consideramos lo que destinaron en el mismo año países como Alemania (10 % del PIB, 474.100 millones de euros, 5.699 € por habitante) o Francia (9,7 % del PIB, 265.700 millones de euros, 4.015 € por habitante), podemos llegar a la conclusión de que se hacen maravillas con cada euro invertido en la sanidad pública en nuestro país. 

¿Y cuáles son las nuevas prestaciones que ha ido incorporando la sanidad pública desde hace décadas? Aunque la lista es demasiado extensa como para detallarla en estas páginas, son ejemplos importantes y recientes la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental a niños, mayores de 65 años y otros colectivos; la incorporación de nuevos medicamentos revolucionarios como los antivirales que curan en más del 95 % de los casos la hepatitis C; la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que disminuyó los ingresos hospitalarios por este virus en un 75 % en bebés menores de 1 año; o la terapia de células CAR-T, que ha logrado curar a pacientes con leucemias y linfomas que eran incurables con los tratamientos convencionales. También se han ampliado las pruebas del talón que se ofrecen en el cribado a bebés (se espera llegar a detectar más de 20 enfermedades diferentes entre 2025 y 2026) y se está implantando poco a poco el cribado de cáncer de cuello de útero por el territorio nacional.

Calendario vacunal y trasplantes

Además de estas nuevas prestaciones, España lleva décadas siendo líder en el mundo en trasplantes, especialmente en donaciones tras parada cardiorrespiratoria. Otros ámbitos, menos conocidos, en los que nuestra sanidad pública es también referente a nivel internacional son, por un lado, nuestro sistema de vacunación: con sólidos programas de inmunización y calendario vacunal, una alta cobertura poblacional y la eliminación/control exhaustivo de múltiples enfermedades infecciosas como el sarampión, el tétanos o la tos ferina. La reproducción asistida también destaca en nuestro sistema, con altas tasas de éxito en fecundación in vitro y en otras técnicas. Y tampoco hay que olvidar el sistema de formación de especialistas sanitarios a través de residencias como el MIR (médico interno residente), que generan profesionales muy capaces y codiciados en otros países como Alemania, Suiza o países nórdicos.

¿Y los problemas? 

Si bien la sanidad pública destaca por su eficiencia, esta virtud tiene su lado oscuro: gran parte de esta eficiencia se debe a las malas condiciones laborales y a la sobrecarga de los profesionales sanitarios. El sistema sanitario público es el sector que cuenta con un mayor porcentaje de personal temporal: en torno al 50 % de su personal lo es. Detrás de este frío porcentaje hay infinidad de personas, dedicadas a la atención a nuestra salud, que encadenan contratos de horas, días, semanas o, con suerte, de meses con la incertidumbre de no saber cuándo llegará el siguiente contrato, ni de dónde. Personas como Sandra, Jorge o Alba, que han aparecido en los medios denunciando su situación, han llegado a encadenar entre 300 y 400 contratos de trabajo tras ejercer entre 5 y 14 años. Además, los salarios de los profesionales sanitarios también son especialmente bajos comparado con los países de nuestro entorno. Este hecho se plasma especialmente en las guardias médicas: 24 horas de trabajo continuo a aproximadamente 28,5 € la hora, de media, sin cotizar a la seguridad social.

A su vez, a la elevada temporalidad y bajos salarios se suman unas plantillas de personal raquíticas, infradimensionadas para hacer frente a la demanda asistencial en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno se agudiza en los momentos del año en el que los profesionales sanitarios se van de vacaciones y las plantillas quedan bajo mínimos, sin apenas cubrir los huecos. La consecuencia es clara: el peor momento para enfermar en España y tener que recurrir al sistema sanitario es en agosto o en navidades. Los servicios de urgencia se desbordan, los tiempos de espera se alargan, los sanitarios se sobrecargan aún más y, con ello, aumentan las probabilidades de errores en la atención sanitaria. Ante este panorama, cientos de profesionales deciden emigrar cada año a otros países con mejores condiciones laborales o buscan otras salidas fuera del ejercicio de la asistencia clínica en la sanidad pública.

Más allá de agosto y Navidad, en los que se vuelve más evidente que nunca las limitaciones de personal, la sanidad pública lleva mucho tiempo arrastrando un mal crónico: las listas de espera. Desde hace décadas, el tiempo medio de demora para someterse a una operación o acudir al especialista en el SNS ha aumentado progresivamente, así como también el número de personas que se encuentran en listas de espera, con cifras récords en años recientes. 

Por ejemplo, en el segundo semestre de 2006 el tiempo medio para una cirugía era de 70 días y para una consulta externa con un especialista médico era de 54 días, con más de 362.700 personas en la lista de espera quirúrgica. En cambio, los datos del segundo semestre de 2024 muestran un panorama mucho más sombrío: los pacientes tenían que esperar, de media, 126 días para una cirugía y 105 días para una primera consulta con un especialista y había más de 846.500 personas en las listas de espera quirúrgica.

Los ciudadanos son plenamente conscientes de la situación de las listas de espera y ello influye en la valoración que dan a la sanidad pública. En octubre de 2025 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que la sanidad se considera el décimo problema de España y el tercer problema que más afecta personalmente a los ciudadanos. Además, en el último Barómetro Sanitario del CIS la puntuación media de satisfacción general por la sanidad pública era de un 6,02, aunque más del 80% de las personas que habían utilizado la sanidad pública valoraban positivamente la atención recibida.

Las largas listas de espera llevan a numerosas personas a contratar seguros médicos privados para acceder a diversos tratamientos más rápidamente. En la actualidad, el 29,4 % de la población española cuenta ya con uno. Como referencia, en 2006 el 21 % de la población tenía póliza médica privada. A pesar de ello, el 61,4 % de aquellos que cuentan con aseguramiento privado opina que la sanidad pública puede ofrecerle un mejor tratamiento en caso de sufrir un problema de salud grave.

Aunque el presente de nuestra sanidad pública se muestra preocupante, el futuro se presenta aún más: el progresivo y masivo envejecimiento de la población que implicará un gran aumento en la demanda de la asistencia sanitaria y de los cuidados. Si se desea evitar un grave deterioro de la sanidad pública, numerosos expertos consideran necesario incrementar el porcentaje del PIB que se le dedica, reforzar especialmente la Atención Primaria (descuidada en las inversiones durante mucho tiempo) y así dar un primer paso para hacer frente a este fenómeno. Si las plantillas de los profesionales sanitarios no se amplían con nuevas contrataciones (que ofrezcan buenas condiciones laborales) para dar respuesta a las necesidades reales de la población, todos, tanto sanitarios como pacientes, resultarán perjudicados. 

Sin embargo, pocos técnicos de gestión creen que aumentar la financiación pública, por si solo, será suficiente para garantizar la calidad y la cobertura universal de la sanidad pública. Creen que o se aplican reformas de calado para que se adapte a una realidad muy diferente de la que existía cuando nació el sistema nacional de salud, o su deterioro continuará inexorablemente, como ya se está viendo en la sanidad pública británica, que está en un estado crítico. La calidad de nuestra atención sanitaria futura está en juego y cómo y cuándo se reaccione resultará clave para que la sanidad pública, nuestra joya de la corona, no se convierta en una baratija a la que solo recurran aquellos que no tengan más remedio que hacerlo.