Un total de 17 organizaciones solicitan que no se multe a las personas que acuden a visitar a las cárceles desde localidades confinadas
A través de una mampara, en amplios cubículos separados por paredes y como máximo unos 50 minutos es la principal forma de comunicación entre familiares y amigos de personas presas que cumplen condena en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza). A menudo, tras realizar un gran número de kilómetros y gracias a un importante esfuerzo económico. Desde que comenzó la crisis sanitaria por la COVID, después de meses con todo tipo de comunicaciones interrumpidas, pendientes de cambios de última hora en los horarios y días de visitas, ahora son individuales.
Sin embargo, tal y como denuncian 17 organizaciones de derechos humanos, en las prisiones siempre hay un “más difícil todavía”, que se está manifestando debido a una limitación de derechos por la vía de los hechos tras decretarse el estado de alarma el pasado 26 de octubre. APDHA, Red Jurídica Cooperativa, Federación provincial Liberación, Federación andaluza ENLACE, CAMPA, OSPDH, ALAZ, ALA, Comisión Legal Sol, Salhaketa Araba, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Irídia, EsCulCa, Derechos Civiles 15M Zgz, Oteando, Comisión de Asesoramento Xurídico Penitenciario de Ourense del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense han denunciado que los cierres perimetrales han impedido que muchas personas acudan a visitar a las cárceles y que algunas de quienes lo han intentado hayan recibido sanciones.
Por esta razón, han solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que emita una orden interna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “en la que se aclare que no son motivo de sanción los desplazamientos que se producen con el objeto de comunicar en prisión, sea entre provincias de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas diferentes, en tanto que dicho desplazamiento constituye una causa justificada de movilidad”.
Informa Irene Alconchel Ciria.
