Una fundación religiosa intenta desahuciar a una anciana por sexta vez
Josefa Martí Turrión, Pepita, vecina del municipio valenciano de Mislata, lleva más de una década peleando por mantener la casa en la que ha vivido con su familia desde los siete años. La Fundación Francisco Balvastre, dirigida por el párroco de la localidad, reclama la propiedad de la vivienda de Pepita, quien a sus 83 años dice que va a seguir peleando porque se reconozca que la casa es suya. Es la sexta vez que intentan desahuciarla por impago de alquiler.
La historia de Pepita se remonta al año 1924, cuando Francisco Balvastre Arnau, un ilustrado de la época, dejó en herencia todas sus propiedades para crear un hospital para los enfermos de la localidad. Dos albaceas fueron los encargados de custodiar los bienes del benefactor, entre los que se encontraba la casa a la que se mudaron Pepita y su familia en 1941. Desde entonces, Pepita ha criado a sus cuatro hijos y ha montado su propio negocio entre las paredes del edificio ubicado en el número 25 de la calle Mayor de Mislata.
Pagaron obras e impuestos
El hospital soñado por el librepensador mislateño nunca llegó a llevarse a cabo y sus albaceas fueron casa por casa vendiendo las escrituras a las familias que las habitaban. En plena posguerra, la familia Martí Turrión no tenía los recursos para escriturar la casa pero se comportaron como dueños pagando las obras y los impuestos municipales. Desde entonces, Pepita ha mantenido la casa junto a su marido, “la finca tiene más de cien años y todo lo he pagado yo”, afirma contundentemente Pepita, quien en el año 1997 consiguió que el Juzgado reconociera su legitimidad como propietaria de la vivienda.
Un año después de que Pepita obtuviera el Registro de la Propiedad nació la Fundación Francisco Balvastre, una organización de carácter cívico-religioso, vinculada al Arzobispado, que reivindicaba el testamento del benefactor donde este nombraba al párroco de la localidad para llevar a efecto sus últimos deseos. Para Juan Luis Costa, el abogado de Pepita, se trata de una “fundación fantasma” que, 60 años después del fallecimiento de Balvastre, reclama ser la legítima heredera de la casa y el resto de las propiedades, a pesar de que los albaceas fallecieron y el hospital que iba a gestionar las viviendas jamás llegó a ser construido.
En 2013, Pepita firmó un contrato con la Fundación donde les reconocía como dueños y aceptaba ser inquilina de su propia casa a cambio de pagar un precio simbólico de alquiler. Sin embargo, el abogado de Pepita afirma que la anciana firmó dicho contrato “coaccionada” después de que le dijeran que si no lo firmaba se quedaría sin casa. En dicho contrato se establecía que la familia ocupase únicamente el primer piso del edificio, pero no los bajos, que es lugar donde reside José Luis Cuesta, el hijo de Pepita quien, con una discapacidad reconocida del 33%, reside allí con su hija de siete años.
Pepita cree firmemente que “habrá justicia”
Ya ha perdido la cuenta de los desahucios que ha conseguido paralizar, tras el último de ellos tuvo que ser hospitalizada. “Pensé que se moría, le pusieron un marcapasos y ahora baila otra vez que hacía tiempo que no lo hacía” asegura su abogado. Este alzamiento, celebrado el pasado mes de febrero, fue paralizado por medio centenar de vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) quienes consiguieron que la comisión judicial suspendiera el desahucio “por razones humanitarias”.
Hace más de un año, fue el entonces arzobispo de Valencia Carlos Osoro, quien intervino para evitar otro de los desahucios, aunque Pepita señala que este apoyó llegó “casualmente un día antes de que su caso saliera en televisión”. A día de hoy, Pepita asegura que aún le quedan fuerzas para enfrentarse al siguiente desahucio, previsto para el próximo 21 de abril tras una nueva denuncia de la Fundación.
“Judicialmente hay varias vías abiertas”, afirma Jose Luis Cuesta, señalando que tanto en 2011 como en 2014 consiguieron abrir vías penales de investigación que posteriormente fueron desestimadas por el juez. Finalmente, la Audiencia Provincial ordenó la investigación y legitimó el caso de Pepita nombrando su caso como acusación popular. Desde entonces, Pepita ha decidido no rendirse y cree firmemente que “habrá justicia”.
“La PAH me ha dicho: ”si vuelven otra vez a desahuciarte estamos aquí“, pero yo creo que esa no es la solución. La solución es que me devuelvan lo que es mío” dice Pepita, que piensa seguir peleando y tiene pensado llegar hasta el Papa si es necesario. “No veo la caridad por ninguna parte, si esto llega a Roma, el Papa va a decir: yo estoy predicando la Iglesia de los pobres y vosotros ¿qué estáis predicando?”.
El párroco que dirige la fundación se manifestó en febrero tras el último intento de desahuciar a Pepita, como recogió el periódico Levante: “El mismo día que se paralizó el desalojo di orden al abogado para que volviera a solicitarlo. Vamos a llegar hasta el final”. Según ha declarado, pretende utilizar el local para cursos de cocina y enseñar castellano a inmigrantes.
