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Diez años de la Ley de Igualdad: un camino sin retorno

Los retos son inmensos y el suspenso que Naciones Unidas nos ponía en su informe del 2015 refleja la involución que estamos viviendo fruto de la crisis y la ausencia de políticas decididas

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Violencia de género

Imagen de archivo. Europa Press

El siglo XX, probablemente el siglo más sanguinario de la historia de la humanidad, ha sido el siglo donde las mujeres, mucho después que los hombres, han accedido a la modernidad. El gran motor de este proceso ha sido el feminismo y los movimientos de mujeres, que forman parte ya del movimiento político occidental. Ha sido el siglo en el que las mujeres hemos conquistado los derechos de ciudadanía que nos negaron en la revolución francesa, el siglo en el que hemos tomado la palabra y el control de nuestras identidades, se han intentado romper estereotipos y se han propuesto múltiples vías de realización personal.

Si tenemos que resumir esos progresos por las imágenes de las mujeres del siglo XX, la garçonne producto de la guerra y de los años locos, la mujer liberada producto de la píldora o la superwoman de los años ochenta, producto de la sociedad del consumo, capaz de hacer malabarismos entre su carrera y las responsabilidades familiares. Encontramos sin embargo imágenes transgresoras, pero pocas imágenes que reflejen una historia positiva de las mujeres.

Con esta herencia histórica iniciamos el siglo XXI, en una sociedad cargada de prejuicios y una agenda de conquistas incompletas. Todavía hoy, cuando llega el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos enfrentamos a la pregunta retórica de: ¿qué quieren ahora las mujeres?

La respuesta a esa pregunta desde hace años es igualdad real y efectiva, y siendo conscientes de ese reto, desde el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero nos pusimos a trabajar hace ahora diez años, en una ley de igualdad, que avanzara en ese modelo social y de convivencia basado en el respeto y la igualdad de oportunidades, por el que el feminismo y el socialismo lleva luchando varios siglos.

La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres fue publicada en el BOE el 23 de marzo de 2007, cumpliendo así su X aniversario. En este artículo me gustaría hacer un homenaje a esta gran ley y reconocer el impacto que está teniendo en el progreso de la igualdad, a pesar de que su aplicación coincidió con el inicio de la crisis económica y que su aplicación está paralizada en muchos de sus aspectos desde hace varios años. Creo que en esta fecha tan significativa merece la pena no solo recordarla, sino hacer un recorrido por el avance de la igualdad en los últimos años.

Una de las cosas más importantes de esta ley es que contó con una gran aceptación por parte la ciudadanía, según el CIS más del 80% la valoraron como muy positiva. También fue la ley por las que probablemente más reconocimiento tuvo España en el ámbito internacional y de las Naciones Unidas. Fuimos felicitados por el Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en su informe de 2009 por esta ley. Incluso muchos países y embajadas se interesaron por la norma, que fue inspiradora para muchos de ellos. También hay que recordar que fue aprobada por consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción del artículo de la paridad en las listas electorales, donde el PP se abstuvo.

La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres de 2007, fue la primera Ley de Igualdad del siglo XXI, con ella teníamos claro que iniciábamos una nueva era con otras necesidades y aspiraciones sociales. Era una ley pionera y trascendente por muchos motivos. Por primera vez en España, casi 30 años después de nuestra Constitución y más de 10 años transcurridos desde las recomendaciones de Naciones Unidas, recogidas en la Plataforma de Acción de Bejing del año 1995, se definía en el marco de una ley orgánica el concepto de discriminación por razón de sexo, el acoso sexual, las acciones positivas, la transversalidad, y toda una serie de principios, estrategias y acciones encaminadas a corregir y prevenir la desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres y promover la igualdad de género.

La ley aportaba muchos elementos novedosos desde el punto de vista de la técnica legislativa. Partía de un buen diagnóstico de la realidad social que pretendía modificar y tenía en ese sentido un gran significado pedagógico. Junto con las definiciones jurídicas, establecía acciones en todos los ámbitos donde la situación de las mujeres presenta claras desventajas, e introducía obligaciones a todos los poderes del Estado y a todas las Administraciones Públicas.

Otro de los elementos novedosos fue que no sólo establecía obligaciones a las administraciones públicas, sino también al mundo privado, como las empresas a las que se les obligaba a elaborar planes de igualdad, y también establecía recomendaciones en el ámbito privado, al reconocer por primera vez los permisos de paternidad, ligados al objetivo de fomentar la corresponsabilidad en las labores parentales.

La ley incorporaba además la estrategia del mainstreaming o transversalidad desde su propia concepción, la única capaz de propiciar un cambio estructural en nuestro modelo social, que contribuya a erradicar las bolsas de discriminación, los prejuicios y los estereotipos  que aún persisten. Por eso las políticas y las acciones ya no van dirigidas sólo a las mujeres, sino a hombres y mujeres, a la sociedad en su conjunto. Entre otras cosas, como se decía en la Plataforma de Acción de Beijing, porque para conseguir la igualdad real, no sólo es necesario que cambie la vida de las mujeres, sino también la vida de los hombres, es decir, es necesario el cambio del modelo social que hemos venido a denominar "patriarcado" y que ha sancionado históricamente la situación de subordinación de las mujeres.

La aplicación de la ley por parte del Gobierno fue ágil desde el inicio, en menos de un mes se aprobó la comisión interministerial que tenía que elaborar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y se iniciaron las reformas legislativas y reglamentarias que se establecían, como la modificación de la ley electoral para garantizar la paridad, los permisos de paternidad, los planes de igualdad en las empresas, los informes de impacto de género, los protocolos para evitar el acoso por razón de sexo, las estadísticas, la representación de mujeres en los consejos de administración de las empresas, etc.

Una de las consecuencias de la ley fue, además, la creación del Ministerio de Igualdad, ya que para poner en marcha tanto la estructura institucional, como las políticas transversales que la ley proponía, se requería de un Ministerio transversal, capaz de trabajar con el resto de ministerios y organismos del Estado para el desarrollo de las acciones.

A partir del año 2010, cuando se decide eliminar el Ministerio de Igualdad, entre otras cosas, ante las presiones mediáticas de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, la ley no se paró pero entró en una fase de estancamiento. Esta situación se ha visto agravada por los efectos de la crisis y sobre todo, por el cambio de un gobierno que no ha incluido en su agenda la igualdad como un asunto importante del Estado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta su impacto, porque los cambios producidos en los últimos años tanto en una cultura social y empresarial favorable a la igualdad, como en los avances de las mujeres en el espacio laboral, político e institucional, tienen mucho que ver con las medidas y la pedagogía que esta ley ha provocado. Y todo ello a pesar de que actualmente haya millones de mujeres en nuestro país que han llegado a la igualdad e incluso a interiorizar discursos igualitarios sin sentirse feministas o sentirse identificadas con normas que no sólo han mejorado sus vidas, sino que han hecho posible sus conquistas.

Las empresas han empezado a elaborar planes de igualdad que tienen que aplicar, en los consejos de administración hemos pasado de un 3% en el 2007 a más de un 25%, el número de mujeres catedráticas se ha multiplicado casi por tres, la población activa de mujeres ha aumentado, el número de padres que se acoge el permiso de paternidad supera ya el 50%, y las empresas e incluso las grandes consultoras presentan anualmente informes que ponen en evidencia su apuesta por la diversidad de género.

Las Fuerzas Armadas reconocen la labor de sus mujeres con el premio "soldado Idoia Rodríguez". Las medallas olímpicas para nuestras mujeres deportistas de élite crecen, y aunque aún son pocas, aumentan lentamente las vocaciones técnicas y científicas en las jóvenes. Con estos datos no quiero decir que la situación sea óptima. Los retos son inmensos y el suspenso que Naciones Unidas nos ponía en su informe del 2015 refleja la involución que estamos viviendo fruto de la crisis y la ausencia de políticas decididas.

La violencia de género sigue cobrándose la vida de demasiadas mujeres al año, y eso es fruto de la desigualdad, la discriminación y la situación de subordinación que siguen sufriendo millones de mujeres. Tenemos que ser conscientes de que no todas las mujeres, ya sean por su condición social, nacionalidad, estatus o circunstancia personal tienen las mismas oportunidades, y son necesarias políticas de acción positiva que les ofrezca oportunidades laborales, de formación y de vida digna.

Aunque hoy muchas jóvenes se sientan alejadas de la palabra y de las acciones del feminismo, tienen que saber que es gracias a estas reivindicaciones y a las políticas públicas igualdad, por las que vamos avanzando en un camino sin retorno, pero con demasiadas paradas.

Hoy más que nunca, en un contexto de salida de la crisis, tenemos que reivindicar de nuevo que el consenso que la Ley de Igualdad consiguió hace diez años, se recupere ahora para seguir desarrollando las políticas y medidas que en ella ser recogen y la aprobación de un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, con presupuesto suficiente y con voluntad real de llevarlo a cabo.

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