Las elecciones municipales han servido para apartar del poder en muchas ciudades (no en todas) a una generación de alcaldes nacidos al calor del boom del ladrillo. Esto es una buena noticia ya que la política municipal ha sido uno de los lugares donde más se han cultivado dinámicas que nos han llevado a la burbuja inmobiliaria y a todo esto que llamamos crisis, pero es sólo un primer paso que no servirá de mucho si no sabemos atajar también otras causas más profundas.
Los nuevos gobiernos municipales surgidos tras el 24 de mayo se están centrando en paliar los estragos sociales: parar desahucios, regenerar la vida política, practicar una austeridad de verdad (es decir, la que empieza por arriba)... pero, aunque esas medidas sociales son las más urgentes y son muy necesarias, no deberíamos olvidar que el boom del ladrillo no sólo nos ha traído corrupción y deuda, también ha tenido importantes repercusiones ambientales. La burbuja inmobiliaria ha modificado nuestras ciudades y nos ha atado a unos hábitos de consumo energético con un impacto ecológico muy importante, y no debemos olvidar que todo lo ecológico tiene también, tarde o temprano, impacto económico.
En los últimos 20 años las ciudades españolas, que en 1992 se ajustaban al prototipo de ciudad compacta mediterránea, se han expandido enormemente sin que su población haya aumentado significativamente. Se ha extendido el modelo de viviendas unifamiliares y centros comerciales, lo que las ha hecho mucho más costosas de mantener en todos los aspectos: transporte, calefacción, refrigeración, alumbrado, mantenimiento, dotaciones, etc.
Por ejemplo, si en 1992 cada español viajaba de media 19 km por día en el interior del país (lo que ya es una cifra elevada) esta cifra aumentó a 27km diarios en 2012, y, si echamos las cuentas económicas de este modelo de movilidad, tenemos datos bastante alarmantes. El consumo de petróleo necesario para los desplazamientos urbanos en 2012 ha sido aproximadamente 11 millones de toneladas de petróleo. La compra de ese petróleo a los precios actuales del barril supone 4.500 millones de euros, cifra similar a los presupuestos del Estado en materia de educación y sanidad y al 0,4% del PIB español. Si el precio del barril vuelve a los niveles que teníamos hace tan sólo unos meses (lo cual no es extraño dado el patrón de declive de los yacimientos, especialmente los de petróleo barato) tendríamos que gastar casi el 1% del PIB del país en alimentar el transporte de este modelo de ciudad que hemos creado, basado en el automóvil.
También el consumo de energía de las viviendas supone una factura importante. Por ejemplo, los aproximadamente 2.900 ktep de petróleo y los 4.400 ktep de gas natural que se consumen en España en el ámbito doméstico suponen, a los precios actuales del mercado internacional de hidrocarburos, unas importaciones de 1.800 millones de euros. Esta factura se suma a la de movilidad y empeora con la tendencia a vivir en viviendas unifamiliares. Además, durante los años de la burbuja, se perdió la oportunidad de construir un parque de viviendas con una alta eficiencia energética, ya que el Código de la Edificación que contemplaba estos aspectos sólo entró en vigor en los últimos años.
A la dependencia energética española se suma la dependencia europea, ya que, desde que los yacimientos del Mar del Norte comenzaran a entrar en declive en el año 2000, Europa Occidental produce un 17% menos de gas y un 50% menos de petróleo del que llegó a producir en esa fecha. La dependencia de la UE de países exportadores como Rusia o Arabia Saudita se acentúa año a año, sin que las promesas de los defensores de la fractura hidráulica se materialicen. A las desastrosas consecuencias ecológicas de este tipo de extracción se suman los altos costes y la baja rentabilidad, que están haciendo que la industria del fracking esté ahora mismo quebrando en EE.UU.
Tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo energético, no sólo por cuestiones ambientales, sino también por motivos económicos. Aunque es exagerado decir que la crisis económica está causada por el pico del petróleo, también es muy optimista pensar que podemos continuar con los hábitos de consumo de los tiempos en los que la energía era abundante y barata. Sabemos ya que el petróleo barato ha pasado a la historia hace casi 10 años y el declive de toda la energía fósil está a la vuelta de la esquina.
Así como las políticas y las leyes del urbanismo municipal fueron claves para desatar la burbuja inmobiliaria, también las políticas municipales pueden ser ahora una herramienta para avanzar hacia otro modelo económico. El acondicionamiento de viviendas con fines de ahorro energético, las energías renovables, la movilidad basada en bicicletas y transporte público y la vuelta a un urbanismo a escala humana son oportunidades para ahorrar energía y crear empleo por las que los nuevos alcaldes y alcaldesas pueden y deben apostar.
Esperemos que las elecciones del 24 de mayo marquen, no sólo en fin de los alcaldes del ladrillo, sino también el inicio de alcaldías que apuesten por el “menos es más”. Esperemos ver alcaldes que, en lugar de vanagloriarse de construir edificios, se enorgullezcan de saber mantener y utilizar mejor los ya existentes; que doten de vida y comercio de proximidad a los barrios tradicionales y, que, en definitiva, no consideren que el objetivo de la alcaldía es hacer que “se estimule el crecimiento y el consumo” sino conseguir que aumente el bienestar de las personas que habitan la ciudad.
