Muchas veces, la tramitación y aprobación de los textos legislativos no suscita ningún interés por parte de la ciudadanía. Al considerarse como textos complejos y técnicos, difíciles de comprender, los poderes públicos renuncian a modificar la forma de redacción y tramitación, acudiendo a alguna mesa técnica o política de apoyo que respalde el proceso, manteniendo en cualquier caso la oscuridad más absoluta sobre el tema a regular y sobre las implicaciones que éste puede tener en la vida de las personas. Así, el debate queda constreñido en ámbitos profesionales y activistas muy especializados, sin que la preocupación o la movilización salte realmente al campo de la ciudadanía en general. Este puede ser el caso del nuevo proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo que Cifuentes pretende aprobar en la Asamblea de Madrid.
Aunque la Ley de Urbanismo y Suelo parezca un texto que regula aspectos que quedan muy lejos del día a día de cualquier persona, esto no es así. Dicha normativa recogerá las reglas del juego con las que se va a construir y ordenar tanto la ciudad como el territorio en el que todos habitamos. Está definiendo el futuro modelo territorial de la Comunidad de Madrid.
Y pocas cosas afectan tanto a cualquier ciudadano como las decisiones que se toman sobre el espacio en el que habita: ya sea por las repercusiones en el tamaño de la ciudad en la que vive, por las afecciones ambientales que dicho modelo provoca en su salud y en su calidad de vida, por las posibilidades de intervención o mejora en su barrio, por la cuantía y el nivel de dotaciones (centros de salud, colegios, bibliotecas, etc.) y zonas verdes que se construyen, por el precio de la vivienda y la existencia de vivienda pública, por la preservación del patrimonio histórico-artístico que representa la memoria histórica de la ciudad, por las implicaciones en su movilidad cotidiana, etc. Todos estos temas, regulados a través del plan general que cada uno de los municipios debe redactar, están recogidos y acotados en el texto legal que se pretende aprobar.
El nuevo texto se vende como la normativa capaz de poner orden en el crecimiento descontrolado. Sin embargo, las herramientas diseñadas para ello permitirán perpetuar el modelo anterior sin aplicar mucho el ingenio. El primer gran problema del proyecto de ley es que da continuidad al modelo territorial y urbano anterior. Un modelo pensado para el crecimiento de las ciudades sobre el que se generó la burbuja inmobiliaria que con su estallido ha dejado no pocos problemas no solo a nivel económico, sino también territorial. Un modelo que abandonaba a su suerte, tanto la ciudad ya habitada como el suelo rústico.
El texto se centra en la ciudad habitada y en el suelo excluido del desarrollo urbano, las dos áreas de oportunidad del urbanismo entendido como mera actividad económica. Para los contextos urbanos, incorpora herramientas nuevas, como los Programas Públicos de Actuación para la rehabilitación, las actuaciones de dotación o las actuaciones de regeneración. También elimina las herramientas que restringían las actividades en el suelo no urbanizable, como la Calificación Urbanística, a la vez que flexibiliza los usos que podrán implantarse.
El proyecto de ley no solo asume las contradicciones del modelo anterior también ahonda en las desigualdades que están patentes desde hace décadas en el territorio de la Comunidad de Madrid. Enfrenta el mundo urbano con el rural, y potencia el desequilibrio urbano existente entre el centro más rico y próspero y la periferia, donde se concentran los problemas y carencias sociales y urbanas.
Para el mundo rural, en concreto los municipios de menos de 5.000 habitantes, se insinúa un panorama de pueblos más orientados en el ocio y el turismo que en la vida cotidiana en ellos. Así lo demuestra la creación de los planes de ordenación simplificados, con un recorte importante en las dotaciones y zonas verdes, solo comprensible si se da por hecho que el objetivo será un entorno vacacional, o bien el desprecio a la capacidad de gestión de los Ayuntamientos de menor tamaño. También se aumenta la presión sobre el suelo no urbanizable, con la posibilidad de implantar cualquier uso vinculado con el turismo y el ocio o la legalización masiva de viviendas irregulares.
En la ciudad habitada todo en el texto hace referencia a la necesidad de dar mayor rentabilidad a las operaciones, reduciendo al mínimo la contrapartida para el conjunto de la sociedad: ya sea aumentando la edificabilidad, reduciendo las cesiones hasta hacerlas desaparecer, eliminando la reserva para vivienda pública; o flexibilizando la reducción protección del patrimonio histórico.
Pero probablemente lo más grave del proyecto de ley es que mantiene uno de los mantras de la crisis que peores consecuencias ha tenido sobre lo público y sobre lo común. El reparto de papeles que hace el proyecto de ley ahonda en el vaciado de contenido y de funciones de la administración pública y sobre todo de la local. Parte de la base de que la prosperidad económica y, por ende, de la justicia social, vendrá de la mano de la iniciativa privada. La industria inmobiliaria aparece como el único sector capaz de crear y repartir riqueza y de gestionar con lógica y orden. Renuncia al reconocimiento de las potencialidades de la Administración como el único órgano que está obligado a pensar desde una visión compleja e integral, desde la función social de la propiedad y el interés general; a velar por el bienestar del territorio y de sus ciudadanos.
Sin embargo, esta batalla no la podemos dar por perdida todavía. La ley está en fase de proyecto, y todavía se pueden hacer muchas cosas para que esta felonía no se lleve a cabo. Desde la ciudadanía, desde las ciudades y pueblos de la región madrileña podemos seguir presionando para que los grupos parlamentarios reaccionen y trabajen para aprobar la ley del suelo que el territorio y sus habitantes necesitan.
