El Plan Estatal de vivienda: nuevas propuestas y viejos conflictos

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el diagnóstico sobre la estructura residencial en España ha sido aceptada por el conjunto de la sociedad y los poderes públicos: un parque de viviendas sobredimensionado, infrautilizado, sin apenas representación de la vivienda social y donde la única alternativa para el acceso es la propiedad. Así, el Plan Estatal de vivienda 2013-2016, de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas modificaba completamente los programas de ayudas, poniendo el foco en dos de las principales demandas históricas: el alquiler, en forma de ayudas a las personas y promoción de nueva vivienda social, y la rehabilitación. Sin embargo, no fue la racionalidad de las políticas públicas la responsable del viraje en la política de vivienda, sino más bien la tozuda realidad la que impuso el supuesto cambio de modelo. En un contexto en el que el crédito bancario había desaparecido como alternativa para la mayoría de la población y de las empresas, la producción masiva de viviendas para su venta no servía ni para dar cobertura a las necesidades de la población ni para mantener la actividad del sistema inmobiliario.

En cualquier caso, el fomento de la propiedad no desaparece del plan. El programa de subsidiación de préstamos convenidos se mantiene como herencia del modelo anterior. Su inclusión es consecuencia de la aplicación de varias sentencias que impedían cambiar las reglas del juego a parte de la población que había optado a dichas ayudas en planes anteriores. Absorbe la gran mayoría del presupuesto que el plan pone en carga, minimizando el posible impacto de los nuevos programas y del nuevo modelo planteado.

Además, es preciso recordar que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Así, la ejecución de las previsiones incluidas en el plan queda altamente condicionada por la firma de los convenios entre el Ministerio de Fomento y las distintas comunidades autónomas. Aprobado por Real Decreto en abril de 2013, la mayoría de los convenios de colaboración entre la administración General y Autonómica no se formaliza hasta el último trimestre de 2014, con excepción de Madrid donde se pospone hasta noviembre de 2015, a un año de la extinción del plan estatal. Además, las condiciones para optar a las subvenciones se recrudecen respecto a planes anteriores, estableciendo como fecha límite para la finalización de las obras marzo de 2017, aspecto crucial para entender la prórroga anunciada por el Ministro de Fomento.

Para analizar la trascendencia del supuesto cambio de modelo en la política de vivienda, el plan debe situarse en el contexto del conjunto de reformas y actuaciones desarrolladas por el Gobierno Central desde el estallido de la burbuja. Las consecuencias de la crisis han afectado sobre todo a parte de la población que ha perdido sus viviendas como consecuencia de desahucios y lanzamientos, que carece de recursos para acceder a la vivienda, o para pagar los suministros básicos. Sin embargo, el sector de la construcción y el sistema financiero tampoco han escapado del proceso. La búsqueda de estrategias y soluciones para solventar los problemas sociales se ha planteado desde la administración autonómica, tanto en la conceptualización del problema, con la defensa de la función social de la vivienda, como en el diseño de medidas concretas. La respuesta del Gobierno Central ha sido recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional todos estos textos legislativos aprobados por los gobiernos autonómicos, con la consecuente suspensión cautelar. Mientras, se reformaba la ley de arrendamientos urbanos para facilitar la expulsión de los inquilinos y para incrementar el precio del alquiler, se creaba la SAREB, se impulsaban las SOCIMIS…

Para que el cambio de modelo hubiera sido real el Plan de vivienda debería haber inclinado la balanza claramente a favor de las necesidades sociales, fueran las que fuesen las demandas del sistema inmobiliario. Esta diatriba, resuelta siempre a favor del entramado económico, ha conllevado la desviación de la mayoría de los programas y políticas hacia la clase media, como beneficiaria directa de unas ayudas a las que se podría optar siempre que las condiciones económicas del hogar permitieran obtener un crédito bancario. La población de menos recursos queda abandonada a su suerte. Los programas destinados a la rehabilitación corren el peligro de seguir la misma lógica, ignorando la situación física del parque en alquiler, las condiciones económicas de los inquilinos o la repercusión sobre los precios de mercado de actuaciones de mejora subvencionadas. Salvo que la administración local idee sistemas de redistribución vinculados a la rehabilitación dentro del medio urbano, la rehabilitación puede convertirse en la forma de reflotar al sector de la construcción dejando fuera o expulsando a la población más vulnerable.

El nuevo plan anunciado por el Ministro de Fomento para 2018 incluye, entre otras medidas, la intención de incrementar el parque social con el patrimonio de los bancos o de los particulares, así como nuevas ayudas para el alquiler que se abonarían directamente al propietario de los inmuebles, que en muchos casos será la banca. Frente a las alternativas planteadas por las autonomías que más tiempo llevan intentando reconducir la política de vivienda, Cataluña y País Vasco, las propuestas del nuevo plan parecen volver a incidir en la misma forma de hacer: la utilización de un derecho básico, la necesidad de vivienda, para favorecer al sistema inmobiliario.