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Indefensos ante la piara

Es hora de recordar que en el mes de abril, tras la indignación generada por la aparente bondad de las condenas, todas las asociaciones profesionales de la judicatura fueron cerrando filas en torno al tribunal sentenciador

Digan lo que digan las asociaciones de la magistratura, ni la sentencia había por donde cogerla ni el voto particular era presentable ni el auto de libertad provisional estaba justificado

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A disposición judicial el miembro de La Manada detenido por presunto robo con violencia

A disposición judicial el miembro de La Manada detenido por presunto robo con violencia

Será culpa de la mentalidad de algunos jueces, de una legislación obsoleta, de esta sociedad machista o, muy probablemente y en discutible proporción, de la suma de estos tres elementos. Será responsabilidad de quien sea o de lo que sea, pero no hay duda de que algo muy serio está fallando en nuestro país. Somos muchos, quiero creer que tantos muchos como muchas, los que nos preguntamos qué tiene que ocurrir para que la piara vuelva al corral del que nunca debió salir. ¿Tienen que volver a ser pillados in fraganti encima de una joven drogada? ¿Tendremos que esperar a que maten a alguien? ¿Dejaremos correr los días y los meses, sin hacer nada, para ver si alguno de ellos, si no todos, acaba fugándose al sureste asiático?

No voy a insistir en el pecado original: aquella lamentable sentencia, acompañada de la enfermiza argumentación del voto particular, que dejaba en mero abuso sexual lo ocurrido en el portal de Pamplona. Tampoco puedo aportar nada a lo ya dicho por multitud de asociaciones, articulistas y mujeres indignadas sobre la posterior e inexplicable puesta en libertad de los cinco integrantes de la piara. Sí creo que es el momento de insistir en que el paso del tiempo y de los acontecimientos ha cargado de razones a quienes criticaron aquella decisión y ha dejado en muy mal lugar a la mayor parte de los jueces de este país.

Es hora de recordar que en el mes de abril, tras la indignación generada por la aparente bondad de las condenas, todas las asociaciones profesionales de la judicatura fueron cerrando filas en torno al tribunal sentenciador. Escuchamos incluso a los habitualmente sensatos portavoces de Jueces para la Democracia defender con vehemencia al colega que solo vio un “ambiente de jolgorio y regocijo” en unos hechos que la víctima sintió, padeció y describió como una brutal violación múltiple. Vimos a 750 magistrados españoles, hace menos de un mes, presentar una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la “la gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España” debido a la contestación social que había provocado la actuación judicial en este caso.

A todos ellos no puedo dejar de lanzarles tres mensajes. El primero es que me encanta, y creo que en esto coincido con el sentir unánime de la sociedad española, que den la cara y ondeen con firmeza la bandera de la independencia del poder judicial. El segundo mensaje, y este es solo mío, me empuja a recordar que ese mismo arrojo deberían haberlo tenido también cuando el Partido Popular y sus secuaces mediáticos criminalizaron a un juez por investigar una minucia llamada Gürtel; o cuando un ministro de Justicia arremetía contra los fiscales que destapaban casos de corrupción; o cuando el portavoz parlamentario del partido gobernante llamaba “pijo ácrata” y “demagogo indecente” a un magistrado de la Audiencia Nacional. En todos estos casos y en muchos otros, salvo honrosas excepciones, la inmensísima mayoría de esos togados que hoy claman contra quienes cuestionaron y cuestionan al tribunal de la piara, se pusieron a silbar, miraron para otro lado y escondieron debajo de la cama la bandera de la independencia judicial. Una cosa es usarla para plantar cara al feminismo y otra muy diferente es enfrentarse con ella al poder político del que dependen sus carreras, sus ascensos y, en definitiva, sus emolumentos.

Me falta un último mensaje, el tercero y quizás el más importante: señores jueces corporativistas, estaban ustedes equivocados. No son otros que los propios miembros de la piara los que no han tardado ni tres meses en poner en evidencia su error. Si grave fue que uno de ellos intentara sacarse un pasaporte, más elocuente ha sido lo ocurrido este miércoles en Sevilla. Un tipo condenado por abusos sexuales, en libertad provisional, supuestamente observado constantemente por una sociedad indignada… se mete en unos grandes almacenes, roba unas gafas y se da a la fuga en un coche lesionando a dos vigilantes de seguridad. Toda una muestra de que está acojonado por lo que le ha pasado, preocupado por su futuro y profundamente arrepentido de sus actos. Toda una demostración de que su abogado tenía razón cuando definía a este y al resto de sus compinches como unos “buenos hijos” cuya imagen estaba siendo “destrozada y sus nombres vilipendiados”. Por cierto, no puedo dejar de preguntarme si dormirá tranquilo por las noches el señor Agustín Martínez. No cuestiono el derecho a la defensa que tiene cualquier acusado, por vil que sea el crimen que haya podido cometer, pero de ejercer como abogado, a pasearse día y noche por los platós de televisión glorificando a sus clientes y criminalizando a su víctima, hay un océano de indecencia.

En cualquier caso y por lamentable que sea, este presente grotesco no es lo más relevante. Lo que está ocurriendo no hace sino confirmar la imagen de la piara que ya se había dibujado con total claridad en el pasado. Hay cosas cuestionables… el vídeo en el que se ve a cuatro de ellos abusar de otra joven en Pozoblanco no lo es. Hay hechos opinables… los mensajes de Whatsapp en los que hablan, entre otras muchas barbaridades, de utilizar burundanga para violar, no lo son. Hay testimonios discutibles… el de una joven de 18 años que afirma haber sido violada por los protagonistas de los vídeos y los mensajes antes citados, no lo es.

Urge, por tanto, que el poder judicial vuelva a encerrar a toda la piara. Se ha caído por su propio peso la principal razón por la que fueron puestos en libertad provisional: ese “trabajado” argumento jurídico de que sería “poco menos que impensable” que reincidieran porque sus rostros eran muy conocidos por la opinión pública. Digan lo que digan las asociaciones de la magistratura, ni la sentencia había por donde cogerla ni el voto particular era presentable ni el auto de libertad provisional estaba justificado. Pedir a los jueces que rectifiquen no es un ataque a su independencia, es un acto de puro sentido común.

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