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Sánchez en la ONU: la gran desmemoria

Que los restos de Franco salgan de donde han estado ilegítimamente enterrados tantos años en el mismo lugar que muchas de sus víctimas es algo que tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo

Es esencial e inaplazable reflexionar sobre la Ley de Memoria Histórica de 2007, sus limitaciones originarias y su todavía pobre y lento recorrido

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Sánchez subraya que la exhumación de Franco "cierra el círculo democrático"

EFE

Ha querido la casualidad –así lo creo– que el presidente en funciones Pedro Sánchez se encontrara en la Asamblea General de la ONU, celebrada la pasada semana, cuando el Tribunal Supremo hizo pública su decisión unánime de desestimar el recurso de la familia Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y de no permitir su inhumación en la cripta de la Almudena, en sentencia cuyo contenido exacto se conocerá en pocos días y que clarificará mucho los términos de su concreto alcance.

Y ello ocurrió en el preciso día en que el presidente Sánchez tenía que intervenir ante tal Asamblea General en su discurso anual, de modo que sacó pecho y se refirió a las complicadas relaciones entre España y la ONU en el tiempo de la dictadura y manifestó, en afirmaciones de gran relevancia y posible trascendencia, que ese mismo día "hemos cerrado simbólicamente el círculo democrático", que "hoy cerramos por lo tanto un capítulo oscuro de nuestra historia" y que "es una gran victoria de la democracia española".

Además, en esos mismos días, concedió Sánchez una entrevista a la CNN norteamericana en la que afirmó que "es bueno que empecemos a reivindicar esa España republicana, una España que defendió derechos y libertades que desgraciadamente fueron mancillados por la dictadura franquista, y que luego posteriormente fueron recuperados hace cuarenta años en la Constitución española y con la monarquía parlamentaria que representa el rey Felipe VI en la actualidad".

Bueno, pues parece que ya está todo hecho, ¿no, Sánchez? Que no queda más que hacer para recuperar memoria, justicia y dignidad y para que España sea, además, el adalid en esta materia. ¡Pues ya está! La República estaría encarnada hoy en la monarquía de los Borbón y los gravísimos hechos ocurridos en la dictadura y las más de cien mil personas desaparecidas y el resto de víctimas de otros terribles delitos habrían tenido su verdad, su justicia y su reparación.

Pues no está hecho, en absoluto. Queda por avanzar infinitamente más de lo ya hecho, aunque para apreciarlo haya que tener memoria, Sr. Sánchez, y no especialmente buena, sino la memoria del compromiso con la justicia.

Que los restos de Franco salgan de donde han estado ilegítimamente enterrados tantos años en el mismo lugar que muchas de sus víctimas –anónimas todas ellas, a diferencia del dictador, y allí inhumadas sin contar con la voluntad de ellas o la de sus familias– es algo que tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo, pues era insoportable mantener un monumento de exaltación del dictador y de su régimen de terror. Por cierto, he leído estos días, si bien desconozco si es cierto, que fue el rey Juan Carlos quien tomó la decisión de inhumarlo allí, lo que aún merecería mayor reproche a esta monarquía y su vínculo no destruido con la dictadura.

No diré que no se haya hecho nada, pero es una evidencia innegable que lo hecho ha sido tardío, escaso y manifiestamente insuficiente, sin atacar lo esencial, lo nuclear.

Porque esencial e inaplazable es reivindicar el legítimo régimen de la II República contra el que se alzó el golpe de 1936, sin que siquiera se nos haya permitido decidirlo, y porque difícilmente la monarquía– ni esta ni ninguna otra, pero esta menos aún, por su origen– podría representar, a diferencia de lo que expresa Sánchez, los valores republicanos, a menos que minusvaloremos estos hasta dejarlos más disminuidos que los restos del dictador.

Porque esencial e inaplazable es asimismo reflexionar sobre la Ley de Memoria Histórica de 2007, sus limitaciones originarias –no declara, por ejemplo, de modo directo y automático la nulidad de las sentencias condenatorias dictadas por aquellos tribunales, a diferencia de la Ley alemana de 1998 o la Ley suiza de 2003– y su todavía pobre y lento recorrido.

Porque esencial e inaplazable es recordar que la Ley de Amnistía de 1977 ha impedido, hasta ahora, la persecución penal de los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura por autoridades, funcionarios y agentes del orden público, delitos que, muchos de ellos, no debieran ser objeto de amnistía ni de prescripción según el orden penal internacional.

Porque es esencial recordar que en los últimos años –al menos desde 2009–, desde varios mecanismos de Naciones Unidas –Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación– se ha recomendado e instado reiteradamente a España a derogar o modificar la Ley de Amnistía para permitir que los autores de tan graves violaciones de los derechos humanos –delitos de torturas, desapariciones forzadas, genocidio o lesa humanidad… – sean llevados ante los tribunales y se cumplan las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Porque hay que recordar que Sánchez y el PSOE son en gran medida responsables de la desmemoria y la injusticia que aún perviven, sí. Porque ya desde 2011 se han opuesto y han impedido que prosperen, al menos en tres ocasiones, sendas iniciativas planteadas por diversos grupos parlamentarios –la más reciente en julio de 2019– para modificar la Ley de Amnistía y responder a tales requerimientos, para posibilitar así que aquellos delitos no prescriban ni puedan ser amnistiados o que se declare la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas. Todo lo que se ha impedido en el Congreso de los Diputados. Ah, y con el voto del desmemoriado Sánchez.

Nota: los textos atribuidos al Sr. Sánchez los he tomado de diversos medios de comunicación escritos.

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