Si Rocío Monasterio fuera médica, ya habría dimitido

Si Rocío Monasterio, que denomina a los miembros de Vox como la España que madruga, fuera médica en lugar de arquitecta seguramente habría tenido que dimitir, por laxos que sean los estatutos de su partido con la ética y por mucho que tenga las más altas conexiones en la cúpula. Si hubiera sospechas fundadas de que Monasterio diagnosticaba y recetaba a pacientes en una consulta privada sin tener pasado el mir y sin el título, ahora estaría fuera de la política. Porque, ¿cómo se puede gestionar con honestidad el sistema de todos si se ha hecho trampas en el de unos pocos? Si fuera ginecóloga, endocrina o uróloga, seguramente alguna institución la habría denunciado o investigado a estas alturas y los políticos se habrían atrevido a hacer declaraciones contundentes.

Rocío Monasterio es arquitecta desde 2009 aunque firmaba como tal desde antes, según informaciones con pruebas documentales publicadas fundamentalmente por El País y también por eldiario.es. Igual que si fuera médico, la vida de muchas personas dependen de su formación y profesión. Un arquitecto decide estructuras, si se tira o no una pared y si eso afectará al edificio, es responsable de una obra y su seguridad, la del inquilino y la de los vecinos y edificios colindantes. Monasterio presuntamente tomó decisiones sin el título y sin estar colegiada y firmó al menos cuatro planos de envergadura en esas condiciones. Recetó vigas, paredes y estructuras sin el mir de los arquitectos, según la documentación. Además, el Colegio de Aparejadores ha confirmado que usó un visado que no está en los archivos oficiales e hizo negocio con lofts industriales que no tenían cédula de habitabilidad, según las denuncias de varios compradores, entre ellos, del presentador Arturo Valls.

El silencio del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) solo es comprensible si su razón de existencia es la de no ofender, en lugar de ser la de defender a sus colegiados y su sufrida profesión. Mientras Monasterio firmaba y el despacho que montó con Iván Espinosa de los Monteros florecía aparentemente con tan escasas ataduras morales y legales, un 30% de los arquitectos de España se quedaba en paro por culpa de la crisis del ladrillo. Para los que no cogieron atajos debe de ser doloroso ver que no solo se consintió en su momento, sino que, sabido ahora gracias a publicaciones periodísticas, la respuesta institucional es el silencio. La frialdad y tranquilidad de Monasterio ante estas informaciones, de las que incluso se burla en su twitter, solo tiene explicación si se aplica la teoría de la conciencia del indemne, del que sabe que sus salvavidas y altavoces aplacarán los gritos que piden justicia y reparación.

En este caso, la tenacidad de un concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, que es precisamente arquitecto, ha reabierto la posibilidad de investigar qué pasó y ahora el COAM, después de aparcar el asunto, le da 15 días a la líder de Vox para presentar alegaciones. Otras veces no es un concejal sino un funcionario, un periodista, un activista o un trabajador indignado el que lucha para que su voz se oiga ante unas instituciones amortiguadas en el confort que prefieren no meterse en líos ni siquiera para dar apariencia de pasión a la misión que les ha sido encargada. Si el edificio de la justicia y la rendición de cuentas reside en el único pilar del tesón de alguien, la confianza en el sistema, y por tanto el sistema mismo, se desmorona.