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El indicador de una crisis constitucional

La Diada ha tenido siempre una dimensión política, pero hasta la celebración de la de 1977 no había tenido una dimensión constitucional

Mientras Zapatero fue presidente del Gobierno, la Diada no llegó a convertirse en lo que ha sido desde que fue sustituido por Rajoy

El nacionalismo catalán interpretó la presidencia de Rajoy como el cierre definitivo a cualquier posible negociación de naturaleza política

Multitudinaria manifestación de la Diada a favor de la república y los presos

Multitudinaria manifestación de la Diada de 2018. EFE

Desde 2012, la Diada es el indicador de una crisis constitucional. No es un indicador de la singularidad de Catalunya y de la especificidad de su proceso de integración en el Estado, como lo había sido desde su primera celebración en 1886, sino de algo más.

La Diada ha tenido siempre una dimensión política, pero hasta la celebración de la de 1977 no había tenido una dimensión constitucional. Es el 11 de septiembre de 1977, tras la celebración de las eleciones del 15 de junio que, aunque no fueron convocadas como elecciones constituyentes, lo acabaron siendo, cuando la celebración de la Diada tuvo una dimensión constitucional. Fue el prólogo de la descentralización política que se acabaría abriendo camino en el proceso constituyente de 1978. En esa Diada está el origen del reconocimiento del derecho a la autonomía en la Constitución para las "nacionalidades y regiones". Fue la primera vez que la Diada congregó a más de un millón de ciudadanos tras el mensaje unitario "Libertad, Amnistía, Estatuto de Autonomía". Tres años después, tras la constitución de Catalunya como Comunidad Autónoma, el Parlament proclamó la Diada como fiesta nacional de Catalunya.

A partir de entonces, la Diada se ha celebrado todos los años con normalidad con la participación de algunos miles de ciudadanos. Durante todos los años en que estuvo vigente el Estatuto de Autonomía de 1980 e incluso en los primeros años de vigencia del Estatuto reformado en 2006, la celebración de la Diada no se aproximó, ni de lejos, a lo que fue la Diada de 1977. Ni siquiera en las Diadas de 2010 y 2011, posteriores a la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 31/2010, se pasó de algo más de los diez mil manifestantes. Mientras José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno, la Diada no llegó a convertirse en lo que ha sido desde que fue sustituido por Mariano Rajoy.

Las siete Diadas celebradas entre 2012 y 2018 han sido políticamente la misma, resultado de la confluencia de la STC 31/2010 y de la llegada al poder del PP, que era el partido que interpuso el recurso de inconstitucionalidad que dio origen a dicha sentencia. El nacionalismo catalán interpretó la presidencia de Mariano Rajoy como el cierre definitivo a cualquier posible negociación de naturaleza política, que permitiera buscar una salida a la integración de Catalunya en el Estado que no se limitara a lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Durante siete años consecutivos, ocho contando con la Diada de 2019, que, previsiblemente será similar, más de un millón de ciudadanos, con formatos diversos, han salido a la calle a expresar que no consideraban aceptable la fórmula "inventada" en 1978 para la integración de las "nacionalidades" en el Estado, consistente en el pacto entre el Parlamento de la "nacionalidad" y las Cortes Generales y la celebración de un referéndum sobre el contenido de dicho pacto. El Estatut vigente no es el que se pactó entre el Parlament y las Cortes Generales y fue refrendado por los ciudadanos de Catalunya, sino que es el Estatuto que el PP ha impuesto a través del Tribunal Constitucional.

Si la Diada de 1977 fue la expresión de la esperanza de que, a través del reconocimiento del derecho a la autonomía, se podía encontrar una fórmula de integración de la "nacionalidad catalana" en el Estado, la Diada a partir de la de 2012 ha sido el indicador de la crisis de dicha fórmula.

Nada hay en el horizonte inmediato que permita entrever una salida al círculo vicioso en que se ha convertido la relación de Catalunya con el Estado. Hasta tal punto es así que Catalunya ha desaparecido del debate político estatal, para pasar a convertirse en objeto de debate judicial. Judicial constitucional o judicial penal. Pero, en todo caso, no político protagonizado por instituciones legitimadas democráticamente de manera directa. A nadie se le oculta que es el problema político-constitucional más importante con el que tiene que enfrentarse tanto la sociedad española como la sociedad catalana y que ninguna de ellas podrá estabilizarse democráticamente sin encontrar una respuesta para dicho problema. Pero nadie ha encontrado en estos casi diez años la forma para hacerlo. La celebración de la Diada nos lo recuerda todos los 11 de septiembre.

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