Sin miedo a las víctimas
Las víctimas, cualquier víctima, son merecedoras de respeto, compasión, apoyo, solidaridad, empatía además de justicia y de reparación. Las víctimas del terrorismo suman además la necesidad del agradecimiento por su digna y democrática contribución a que este país y este modelo de convivencia no saltara por los aires en los momentos más trágicos. En algún punto, que todos tenemos en la memoria, las víctimas del terrorismo, algunas víctimas, pasaron a convertirse en un ariete de la política antiterrorista de algún partido y ahora, vencida y disuelta la banda criminal, parece que no va a haber reparo en volver a hacerlo. No creo que sea ya posible. Las circunstancias han cambiado y el miedo ha sido vencido. El respeto y el agradecimiento no pueden maniatar las decisiones políticas coherentes ni el lento regreso a la normalidad democrática. Y tales decisiones deben tomarse basándose en los criterios de legalidad, de normalización y de pertinencia. Sin miedo ni a la utilización por la oposición del espantajo de la factura, pero también sin miedo a las víctimas, a algunas víctimas, y a su eventual reproche.
Cuando las posturas respecto a una realidad concreta son ya similares, no hay necesidad de pactar nada. Y retrotraer una decisión política y administrativa cuya única explicación entroncaba con el pragmatismo, cuando éste ya no es necesario, no constituye ningún pago. Ha pasado tanto tiempo que muchos necesitan refrescarse la memoria. También aquellos que acusan a Sánchez de “pactar” esta medida con los nacionalistas vascos en lugar de marchar de la mano del PP en esta cuestión. Lo cierto es que, incluso si fuera así, sería la combinación precisa puesto que fue el Partido Socialista, con el apoyo del PNV, quien puso en marcha en 1989 la entonces insólita política de dispersión de presos de la banda terrorista. Fueron Asunción y Múgica, con el pleno apoyo de Azkarraga y los nacionalistas vascos, quienes consideraron que era la única forma de acabar con la presión y el control que ETA realizaba sobre lo que denominaba “el frente de makos”. Desde el entorno abertzale se le ha reprochado a los jetzales durante décadas frases como “la dispersión de los presos vascos es pertinente porque no se puede permitir la utilización de los presos por determinados grupos como instrumentos de movilización política”. La dispersión se inicia justamente un mes después del fracaso de las conversaciones de Argel, en 1989.
El argumento de utilidad, que primó sobre las consideraciones más puristas respecto a la vulneración del principio de reeducación y reinserción previsto por la Constitución, y que se plasma entre otras cosas en las normas penitenciarias en el cumplimiento en proximidad para no romper la resocialización, murió con el fin de la actividad de ETA y con su disolución. Acabado el argumento que sustentaba la medida, no queda más camino que volver a las normas generales en materia penitenciaria.
Solamente si en la medida del alejamiento se vislumbra un procedimiento de castigo añadido -lo que sería plenamente inconstitucional- se puede continuar argumentando en contra de su reversión. No es una postura imposible de mantener, la izquierda abertzale la lleva sosteniendo desde el momento uno, lo raro sería que ahora coincidiera en ello con algunas asociaciones de víctimas o con el Partido Popular. ¿Creen las asociaciones de víctimas, algunas, y los populares que el alejamiento y la dispersión son un castigo añadido a los presos por ser presos terroristas?
Por supuesto que respeto el derecho de estos colectivos a salir a la calle a protestar por esto o por cualquier otra cuestión que consideren y siempre que lo deseen. Lo que cuestiono es que las medida de política penitenciaria deban ser deudoras de los sentimientos de aquellos que, desgraciadamente, jamás podrán ver su pérdida reparada totalmente ni saldado su dolor ni repuesta su pérdida. En todo caso he obviado generalizar porque es evidente que existen víctimas de ETA que comprenden perfectamente que este momento tenía que llegar e incluso lo han apoyado y pedido.
Varias de las asociaciones que se han mostrado beligerantemente contrarias a esta decisión de política penitenciaria, ante el argumento ineludible de que una reja y una celda son igual en Almería que en Logroño, continúan afirmando que se trata de “un beneficio para los presos de ETA”. Añaden, además de la imposición de otras condiciones, la de exigir la colaboración de los presos “en la resolución de los 350 crímenes que están pendientes”. Aquí se introduce un argumento que también es plenamente inconstitucional -al parecer pretenden que se autoinculpen o bien que delaten a otros, algo que no se le exige a ningún reo español- y unos datos bastante sesgados. Según fuentes de peso de la Audiencia Nacional la cifra aportada de casos sin resolver está hinchada y, a pesar de que ya fue rebajada respecto a la planteada inicialmente por el entonces presidente de la AN, Ángel Juanes, y por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, la finura del dato no fue total. No descontentar a las víctimas, ese temor reverencial, parece que fue un motivo decisivo para no expurgar aún más los datos.
También hay que precisar que tales casos sin resolver, excepto alguna excepción más reciente, corresponden a los años 80, tras la disolución de ETA pm y las medidas de gracia acordadas entre Euskadiko Eskerra y el gobierno español, que dejaron en el limbo algunas investigaciones. Otros son consecuencia de los fallos de un sistema aún incipiente en el que las formas de investigar eran aún muy burdas, apenas una investigación ocular y hay que pensar que unas hostias al detenido por si cantaba, y no se esconde tras ese fracaso nada extraño ni ninguna conspiración. España aprendió a combatir el terrorismo, combatiéndolo. La Justicia, también.
No se trata pues de levantar un castigo añadido, que no sería legalmente posible para los presos, pero que es inasumible, en el caso de los familiares de los presos, notablemente los hijos muchos de ellos menores, que han visto muy dificultado el mantener sus relaciones y su desarrollo afectivo. Los datos de los propios colectivos de familiares de presos hablan de un gasto medio de 19.000€ por familia y una media de 63.599 kilómetros al años. Durante más de veinte años.
Así que está muy bien que el gobierno Sánchez transite con prudencia este camino pero debe hacerlo también sin complejos y sin miedo. Hay un componente político en la reticencia a hacerlo innegable. Nadie salió contra Aznar cuando, él sí, acercó de una tacada a 103 presos terroristas. Aznar, que iba a hablar con ETA, acercó presos incluso con Ortega Lara secuestrado.
Siempre respeto, siempre justicia, siempre memoria y también siempre verdad.
