Cuando comencé en Amnistía Internacional hace casi una década, me gustó que trabajásemos junto a la policía, ya que este cuerpo desempeña un papel clave en la protección de los derechos humanos.
La policía vela por nuestra seguridad y por el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y, sobre todo, es garante de la legalidad. No hay duda de que su labor no siempre es fácil ni de que hay situaciones en las que los agentes se ven sometidos a mucha presión y provocación, pero saber como gestionar esas situaciones, sin evitar atajos, también forma parte de su trabajo. Por eso no entiendo algunas declaraciones y actitudes de sus responsables y demás autoridades. ¡En ningún caso pueden ni deben tolerarse abusos contra las personas a las que deben proteger!
¿Qué ocurre cuando se producen actuaciones policiales irregulares? ¿Qué sucede cuando ante casos flagrantes de malos tratos, los poderes públicos los justifican y miran hacia otro lado? Lejos de reafirmar el trabajo policial, lo debilitan y desacreditan.
La falta de medidas correctoras ante la mala actuación de unos pocos perjudica al colectivo. Lamentablemente, no son casos aislados, son demasiadas las denuncias creíbles que diariamente recibimos de personas que no comprenden por qué algunos agentes les maltrataron o les insultaron -en muchos casos con connotaciones racistas-. Son personas que no entienden por qué fueron víctimas de una actitud arbitraria y desproporcionada, por qué sus denuncias quedan en nada, o aún peor, por qué son ellas las que terminan siendo condenadas por atentado contra la autoridad.
A lo largo de estos años me han impactado algunos casos especialmente, como el de Daniel, golpeado por dos agentes no uniformados de la Policía Nacional de tal manera que, tanto él como su novia, pensaron que se trataba de atracadores y llamaron al 091 pidiendo ayuda. Para justificar la agresión, le acusaron de intento de homicidio por intentar apropiarse del arma policial. Nunca se encontraron sus huellas en ella. ¿Qué sanción ha recibido quien le acusó falsamente?
La impunidad policial es una realidad y la falta de investigación por parte de sus responsables directos y, sobre todo, los fallos de la investigación judicial, contribuyen a que siga existiendo.
Gran parte de los casos terminan siendo sobreseídos, y, si llegan a juicio, a menudo acaban en sentencias absolutorias, porque no se puede identificar a los responsables. Cuando se produce una condena, ésta es sólo nominal y después de muchos años y obstáculos. Otras veces, como ocurrió con Lucian Padurau, víctima de tortura -uno de los crímenes más graves dentro de derecho internacional- finalmente se indulta a los culpables.
También me acuerdo de Rodrigo, Juan Daniel, Alex y sobre todo de Patricia -no pudo soportar tanta presión y se quitó la vida-. Fueron golpeados, insultados con connotaciones racistas y xenófobas y amenazados por los policías que les detuvieron. Sin embargo, no hubo investigación de los malos tratos que sufrieron, pese a la gravedad de sus heridas. Pero ellos sí fueron condenados por el mismo tribunal que archivó sus denuncias. Lo documentamos en un informe y denunciamos que el juicio no cumplió las garantías exigidas por la normativa internacional. Hoy Rodrigo ya está en libertad, intentando recuperar su vida, tras cumplir cinco años de condena.
No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Es hora de que la policía y los responsables políticos y judiciales se pongan a trabajar en serio. Estoy segura de que el castigo adecuado para estas conductas que violan los derechos humanos será positivo para todos.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
