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¡Qué fácil y qué miserable es cortar el agua a quien no puede pagarla!

Resulta del todo absurdo tener que justificar en 2016 que el agua es un elemento indispensable para la vida de las personas. Nadie pone en duda el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero la realidad tozuda es que en distintas ciudades y pueblos de nuestra Andalucía existen viviendas sin agua y sin saneamiento en las que malviven, en la mayoría de los casos, personas excluidas con una realidad económica penosa y a las que las distintas administraciones llevan años y años dando la espalda e incluso, en algunos casos, acosando y hostigando de forma inhumana.

Desde distintas instancias y desde distintas administraciones se reconoce formalmente el derecho al agua: el 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas: "Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos…".  En septiembre de 2015 el pleno de la Eurocámara  respaldó la iniciativa ciudadana  Right2Water en la que "se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del  derecho humano al agua y al saneamiento" tal como era reconocido por la ONU cinco años antes. Esta iniciativa se trasladó a España  a través del Pacto Social por el Agua ( #iniciativagua2015) a la que se sumaron más de 300 organizaciones sociales de distintos tipos y que ha ido llegando y ha sido aprobada por diferentes ayuntamientos.

En octubre de 2015 el Parlamento de Andalucía aprobó una moción que defendía el acceso al agua como un derecho humano en la que se incluía prohibir los cortes y garantizar un mínimo vital de 100 litros por persona y día.   Dos meses después el Defensor del Pueblo Andaluz presentó en el Parlamento un Informe Especia "Servicio de suministros de agua, garantías y derechos". Dicho Informe termina con "Recomendaciones y sugerencias2, entre ellas la número 11: " Que se modifique la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, para incluir un reconocimiento explícito del derecho humano al agua que incluya el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro de agua por razones económicas y a recibir de forma gratuita un suministro mínimo vital cuando su situación económica así lo requiera".

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Derecho al voto y migraciones: ciudadanía robada

Históricamente se ha considerado que en la participación política, y especialmente en el derecho de sufragio, reside la esencia última de la ciudadanía en un Estado democrático. La participación política ha tenido que pasar por un largo proceso para superar las restricciones que excluían de la misma a determinados colectivos sociales por razón de género, raza o posición socioeconómica. Sin embargo, los Estados han sido tradicionalmente refractarios a la hora de permitir que ese proceso inclusivo llegara a dos perfiles vinculados con las migraciones: las personas nacionales que residen en el exterior y las extranjeras que residen en su territorio.

Desde una interpretación cerradamente nacionalista de la soberanía, los Estados miran con desconfianza la posibilidad de que emigrantes e inmigrantes participen en el ejercicio democrático de la misma, ya que cuestionan la "lealtad patriótica" de ambos colectivos (las personas emigrantes nacionales por el desapego que supuestamente puede producir el vivir fuera de su país de origen, las inmigrantes extranjeras porque se sospecha que pueden usar su voto para favorecer intereses igualmente foráneos).

El caso de España no es una excepción. Las personas extranjeras tienen vetada su participación en elecciones generales y autonómicas, en las europeas pueden ejercer el derecho al voto los/as nacionales de países UE y en las municipales a estos/as últimos/as se le suman las personas ciudadanas de 12 Estados con los que España ha suscrito convenios internacionales en esta materia, aunque en su caso tan sólo pueden votar y no presentarse como candidatas y deben haber residido al menos 5 años en territorio español. A ese restrictivo punto de partida [1], se le suma que los requisitos formales exigidos hacen que el ejercicio práctico de estos derechos se reduzca al mínimo. Destaca la obligación de solicitar la inscripción en el censo electoral, a diferencia de la incorporación automática que se aplica a las personas españolas, que ha provocado que, en las elecciones municipales de 2011 y 2015, apenas el 10% de los residentes nacionales de los países con los que se tiene convenio hicieran efectiva su inscripción para votar, según datos del INE.

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Cuando el secretario general de Instituciones Penitenciarias despertó, la Hepatitis C todavía estaba allí

Caravana-concentración de la APDHA ante las cárceles de Puerto I y II

El tantas veces citado cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso –"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí"- nos sirve hoy para recordar que la hepatitis C sigue siendo un grave problema en las cárceles españolas y que es urgente que todas las personas que sufren esta dolencia puedan acceder a los medicamentos de acción directa que los pueden curar y a los que ahora mismo, en muchos casos, no están teniendo acceso.

El pasado 6 de octubre, la APDHA denunciaba desde este periódico que la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado para la sanidad penitenciaria solo permitiría que un 5% de las personas afectadas por la hepatitis C accedieran a los nuevos tratamientos. No sólo lo denunciamos aquí. El 2 de junio de 2015 hicimos una ampliación a la queja sobre salud penitenciaria que teníamos ya abierta, desde diciembre de 2014, en el Defensor del Pueblo Español, denunciando las dificultades que tenían las personas presas para acceder a los nuevos medicamentos de acción directa para la Hepatitis C.

En el  Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud se considera como prioritario promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias, entre las que recoge las personas internas en cárceles y, sin embargo, nos encontramos con que estas personas han de acudir al Juzgado para acceder a ese tratamiento. La última sentencia de la que tenemos noticia es de la Audiencia Provincial de Ourense en Abril de  2016. No es nada nuevo. Hay sentencias parecidas con fallos similares desde 2013. Y no piensen que con esa sentencia el camino se acaba.  No basta con ese fallo a favor. Es necesario que la sentencia sea firme. José Manuel Arroyo Cobo –subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria- ha afirmado que Instituciones Penitenciarias no pagará hasta que las sentencias sean firmes.

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Mar Gallego: "La mayor parte del discurso periodístico sobre prostitución revictimiza e infantiliza a las mujeres"

Desde nuestro trabajo en la APDHA con el colectivo que trabaja en la prostitución, nos hemos ido haciendo conscientes del conflicto existente en la relación entre feminismo y prostitución. La idea de la prostituta como víctima o la censura hacia la actividad que ejerce viene siendo uno de los más habituales problemas que encontramos a la hora de buscar alianzas con y desde el feminismo para  la reivindicación de los derechos del colectivo.

Por otro lado, el desconocimiento de la realidad de las personas que ejercen el trabajo sexual y la tendencia a hablar de ellas haciendo falsas generalizaciones y sin escucharlas ni tampoco darles voz, acentúa aún más la distancia ya existente entre la lucha feminista y las trabajadoras sexuales (que por su parte, evitan el contacto con el ámbito feminista al sentirse juzgadas). En este sentido, creemos que los medios de comunicación tienen un papel de vital importancia ante el reto apasionante que la prostitución plantea al feminismo, en tanto pueden y deben acercar la realidad de las personas que ejercen el trabajo sexual en toda su complejidad y desde el compromiso con la defensa de sus derechos.

Nosotras (como miembros del área de prostitución de la APDHA) vivimos con malestar y preocupación que los medios de comunicación únicamente le den voz a un feminismo que tiene una única visión de la prostitución. ¿Está de acuerdo?

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Sentencias ejemplarizantes. Colocar la represión en el centro del debate

Manifestación de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión contra la Ley Mordaza.

Los movimientos sociales llevamos largo tiempo en el punto de mira de la criminalización. El debate sobre las acciones cometidas por quienes ejercen la protesta social va minando la capacidad de poner en el centro lo fundamental, lo realmente relevante: La represión ejemplarizante a través de sentencias desmedidas y la aplicación del derecho penal del enemigo.

El caso de Andrés Bódalo es un ejemplo de ello, ya que se habla más sobre la persona y su perfil en el movimiento sindical, que sobre los hechos imputados. Andrés tiene una sentencia condenatoria de 3 años y medio de prisión por agresión a la autoridad durante una protesta en 2012. Los debates sobre la veracidad o no de los cargos imputados, deberían resolverse a través de un juicio justo y con garantías procesales, que valorara debidamente las pruebas y testimonios de las partes implicadas. Pero más allá de esta cuestión, que no es baladí, tenemos que denunciar que esta y otras sentencias tienen un sentido ejemplarizante para aquellas personas que ejercen un papel relevante en la protesta y movimientos sociales.

Igualmente, el caso de Carlos Cano y Carmen Bajo (que sigue luchando para conseguir el indulto), por participar en un piquete durante la huelga general del 2012 y ser condenados por un delito contra la libertad de los trabajadores a tres años y un día de prisión, es otra muestra de esta situación.

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Las porteadoras: un reflejo de la vulneración de los derechos humanos en la frontera sur

(Foto: Cristina Fuentes).

La frontera del Tarajal es el espacio geográfico ceutí que separa dos realidades bien diferenciadas, el territorio marroquí y el español, es más, junto a Melilla son los únicos territorios europeos en África. Este hecho genera que la Unión Europea, especialmente mediante FRONTEX, tenga muy presente a la frontera del Tarajal. Los indicadores sociodemográficos de ambos países vecinos hacen hincapié en notables diferencias. Para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2015, España ocupa la posición 26º mientras que Marruecos se sitúa en la 156º. Datos similares son los del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2014, quienes consideran que la economía española está localizada en el puesto 16º mientras que la marroquí ocupa la posición 56º de la clasificación mundial.

Estos indicadores únicamente son útiles para hacernos comprender por qué alrededor de 7.000 mujeres cruzan diariamente la frontera del Tarajal para buscar la oportunidad de conseguir unos dírham con los que alimentar a sus familias. Estas mujeres transfronterizas son: trabajadoras sexuales, empleadas domésticas y porteadoras.

El informe sobre Fronteras Más Desiguales del Mundo (FMD) sitúa a la frontera hispano-marroquí como la séptima más desigual del mundo, ya que, sumado a la situación de las transfronterizas, en esta frontera se producen constantemente devoluciones en caliente; falta de rigor en las solicitudes de asilo y refugio; y agresiones policiales. Todo esto supone una vulneración de los derechos humanos en la frontera del Tarajal.

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Cuando un juez dice que ocupar es razonable y un ayuntamiento recurre la sentencia

Una familia numerosa, en paro, como tantas otras, con varios hijos y obligada a vivir miserablemente, mal buscándose la vida con lo poco que va encontrando, sin ayudas de las administraciones y abocada a vivir en la calle por no poder pagar el alquiler a los precios que marca el mercado decide, a mediados de agosto del año pasado, ocupar un piso que se encontraba vacío desde hace años. Una situación de sobra conocida para tanta gente: cerca de 11.000 desahucios en Sevilla desde que comenzó la crisis, casi 4 diarios.

La familia de la que hoy hablamos ocupó un piso de protección oficial y propiedad de una empresa municipal de vivienda. Los servicios sociales del Ayuntamiento no habían detectado “este caso” (¿por omisión, negligencia, o por falta de medios y recursos?); a partir de ese momento ya lo conocían y lo deseable y lógico hubiese sido que el Ayuntamiento se lanzase a la protección de esas personas desamparadas, gestionando la inmediata solución habitacional para esa familia, sobre todo teniendo en cuenta la salud y bienestar de los menores afectados.

¿Qué hace el Ayuntamiento? Actúa como un frío gestor inmobiliario buscando echar a la calle a esta familia sin darle ninguna alternativa habitacional. Comienza el ciclo angustioso y conocido por tantas personas: visitas de diversos funcionarios exigiendo el desalojo y amenazas de graves consecuencias en caso de no obedecer, denuncia e identificación policial, vistas al juzgado y llegada del juicio.

¿Cuál es el “delito” cometido? Haber ocupado, usurpado temporalmente una propiedad municipal por necesidad. (No son saqueadores de guante blanco que han saqueado las arcas públicas y a los que, cuando son detectados y llevados a juicio, habitualmente se les desestiman las pruebas, les prescriben los delitos, cumplen unos pocos meses de prisión, son indultados, siempre sin devolver el dinero sustraído o expoliado…)

Pero en este caso, para esta familia y a diferencia de lo que es habitual, el juez razona que la causa de la ocupación “…se encuentra en la extrema situación de imposibilidad económica de los denunciados para hacer frente al pago de ninguna vivienda teniendo unos padres de familia, hijos menores a los que tiene que mantener económicamente y atender también a su sustento” por lo que los exime de toda responsabilidad criminal y es de aplicación “…como eximente completa, habida cuenta de que el estado de necesidad ha llevado a la realización de esta conducta para evitar un mal propio que en este supuesto genera un mal ajeno que no es mayor que el mal propio que se trata de evitar”, absolviéndolos de toda falta penal.  

La sentencia no es definitiva y ya ha sido apelada por la empresa municipal de vivienda. En esto sí han sido rápidos, en intentar el desalojo sin preocuparse, una vez más, por lo primero y urgente: buscar y ofrecerle alguna alternativa habitacional a la familia. Olvida el Ayuntamiento, como tantas otras administraciones, que las viviendas son fundamentalmente un bien de uso y no un negocio. Haber tenido tantos años viviendas abandonadas es la evidencia del desprecio por los bienes públicos y  por las necesidades de las personas.

Los Movimientos Sociales por el Derecho a la Vivienda, de los que APDHA forma parte, ya nos hemos puesto en marcha para apoyar a esta familia. Es desde la unión y desde la defensa activa de los derechos desde donde se puede ir consiguiendo que las administraciones den la importancia y urgencia que estos temas requieren.

No existen estadísticas al respecto, pero hay miles de familias en riesgo de exclusión social ocupando pisos vacíos propiedad de los bancos, siempre con la permanente angustia de poder ser expulsadas a la calle, sin tener cubiertas las necesidades básicas de luz, agua y gas, viviendo de la solidaridad de otras personas, familiares o colectivos sociales. Nadie quiere hablar de esto, parecen invisibles, pero obviamente las miles de personas que han sido expulsadas de sus hogares están viviendo en algún sitio, porque la mayoría de ellas no están en la calle. Las administraciones vuelven a mirar para otro lado…

El hecho de que un juzgado haya fallado exculpando a una familia del delito de usurpación, debido al grave estado de necesidad de la misma, pone un poco de cordura y justicia en todo este sin sentido que llevamos padeciendo desde hace años. No es lo normal. La sentencia no deja de reconocer la titularidad de la propiedad, y el derecho a recuperarla, pero no por la vía penal. Entendiendo, por nuestra parte, que debe ser la negociación entre las partes y, sobre todo, el derecho de la familia a una vivienda digna lo que debe primar para que el acuerdo dé como fruto una solución justa.
 
Esta sentencia humaniza a una justicia que hasta ahora se ha limitado a aplicar la ley fríamente, condenando al desalojo, al pago de multas y dejando a las personas indefensas frente al gran poder de la propiedad. Aunque no crea jurisprudencia, esperemos que los distintos juzgados que se encargan de estos casos apliquen sentencias de este tipo porque las personas deben ser lo primero.

Los hechos relatados ocurrieron en La Rinconada (Sevilla) en el año 2015 y principios de este año. La última información que tenemos es que el Ayuntamiento está intentando buscar una salida justa para este caso. Esperamos y deseamos que así sea.

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Arabia no es Corea: la industria de la guerra en la Bahía de Cádiz

¿Y para Corea del Norte? El presidente del comité de empresa de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, medio sonrió como diciendo: ¿y qué quieres que te diga? La pregunta fue a la salida de la sede del PSOE en Cádiz, donde se había anunciado la firma inminente a finales de febrero -aún no se ha firmado- de un contrato de construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí. Peralta, representante de Comisiones Obreras, pidió literalmente a Podemos, su máximo dirigente, Pablo Iglesias, y sus alcaldes de la Bahía, que se callaran "por favor" para no obstaculizar la negociación con declaraciones molestas sobre la vulneración de los Derechos Humanos.

El sindicalista aseguró que el acuerdo ya estaba cocinado, a falta de un último encuentro de las dos monarquías, la parlamentaria de España y la dictatorial de Arabia Saudí. El alcalde de Cádiz, José María González, no tardó en sumarse a esa oportunidad de empleo en la Bahía, pero subrayó que habría que tomar nota de las violaciones de Derechos Humanos en futuros acuerdos. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón enviaron una carta abierta a Navantia y al presidente en funciones Mariano Rajoy en la que advirtieron de que la exportación de corbetas a la monarquía feudal saudí vulnera el derecho internacional del Tratado sobre Comercio de Armas.

Las declaraciones del sindicalista y las posteriores del alcalde se inscriben en una postura cien veces repetida en la provincia gaditana frente a la industria de la guerra, allende ideologías y derechos. Si genera empleo, con lo mal que estamos, no hay que discutirlo. Hasta el punto de que se reclama una voz única y sin fisuras en torno al monarca que paternalmente ayuda a cerrar contratos. La misma unanimidad que se fomenta en Rota y el resto de la Bahía de Cádiz sobre la ampliación de la base aeronaval y el despliegue del escudo antimisiles de Estados Unidos: 4 destructores y 1.200 marines nortamericanos.

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Día por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales: hacia la regulación

A lo largo del año hay días en los que se celebran muchas cosas, prácticamente de todo. A veces son días con fines consumistas, días patrióticos, o días donde la universalidad de lo que se celebra integra a todo el mundo. Otros días, sin embargo, pasan más de puntillas en el calendario del ciudadano común pero son días que no pueden ni deben olvidarse pues son un recordatorio de todo lo que como sociedad aún nos queda por andar. Son días dedicados al esfuerzo y a la lucha de los colectivos más estigmatizados que suponen un amplificador de la voz y los reclamos de los que no se oyen todos los días. Hoy es uno de esos. Hoy, 3 de marzo, se celebra el Día por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales.

Este día es un homenaje a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, que transgreden la norma social y luchan por lograr que el resto de la sociedad reconozca la dignidad de su trabajo y su derecho a decidir sobre su propia vida. Se celebra en esta fecha en particular rememorando en 2001 un festival en Calcuta al que acudieron más de 25.000 trabajadoras sexuales indias, a pesar de los esfuerzos de los grupos prohibicionistas por impedirlo.

Las personas que formamos este mundo debemos desarrollar una conciencia de la realidad del trabajo sexual y de los debates que se construyen en su entorno, porque nuestra sociedad se construye con la participación de todos los que formamos parte de ella de forma responsable, para la persecución de los ideales de igualdad, dignidad y respeto entre quienes formamos parte de ella. En este sentido, las personas que ejercen el trabajo sexual llevan años realizando movimientos reivindicativos de forma lenta pero ininterrumpida y que suponen un rechazo de la victimización social que sufren y una reivindicación de su protagonismo, dignidad, autonomía y capacidad de decisión. Es una vergüenza social que llevemos tantos años obviando los derechos de estas personas y decidiendo qué es lo mejor para ellas sin ni siquiera pararnos a escucharlas. Como cualquier otro individuo, no quieren ser víctimas ni delincuentes, solo reclaman el lugar que, como personas, merecen dentro de la sociedad.

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Tres motivos para derogar la 'prisión permanente revisable'

Imagen del cartel de la charla organizada por APDHA

La cadena perpetua entró en vigor en España a principios de julio del año pasado. El gobierno del Partido Popular la introdujo en nuestro ordenamiento jurídico disfrazada de 'prisión permanente revisablep, a través de la reforma del Código Penal. Esta medida ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional por casi la totalidad de los partidos que por entonces ejercían la oposición al gobierno de Mariano Rajoy, denunciando que esta pena es contraria al principio de reinserción y que, además, atenta contra la dignidad de la persona. Las entidades de derechos humanos, la mayoría de catedráticos de derecho penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, manifestaron su más férrea oposición. A pesar de ello, no se abrió el más mínimo debate social o político sobre la introducción de esta medida tan extrema.

¿Por qué es necesario derogar la 'prisión permanente revisable'? Te contamos los principales motivos:

1.    Vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución

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