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Díaz reclama "un gobierno inmediato" para Andalucía

Susana Díaz expone un programa de gobierno con 135 medidas con las que intenta dar respuesta a las exigencias de los grupos de la oposición.

La candidata socialista propone un ambicioso pacto de lucha contra la corrupción, exige más restricciones en el régimen de incompatibilidades de los parlamentatios y demanda la segunda vuelta en todas las elecciones.

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Susana Díaz reducirá en un 10% los cargos públicos y pide a los bancos alternativas a los desahucios

Susana Díaz se dha dirigido este lunes por primera vez a la Cámara en esta décima legislatura apelando al diálogo y al acuerdo, pero advirtiendo al mismo tiempo que es la única opción con representatividad suficiente para ocupar la Presidencia andaluza. O es ella la próxima presidenta de la Junta o habrá nuevamente elecciones el próximo otoño. Consciente de que empieza una legislatura del pacto y el acuerdo, con un Parlamento fragmentado pero con clara mayoría de los socialistas, la candidata desgranó a lo largo de 90 minutos un programa de Gobierno amplio con el que ha intentado responder a las exigencias de todos los grupos parlamentarios para desencallar el proceso de investidura. Si el objetivo era contentar a todos, de momento, parece que no lo ha conseguido. “No hay ni un minuto que perder, ni una fuerza o solución que desperdiciar”, reclamó la presidenta en su demanda de un gobierno inmediato para Andalucía.

El discurso Susana Díaz ante el pleno del Parlamento incluyó 135 medidas agrupadas en tres grandes bloques: lucha contra la corrupción y regeneración democrática; recuperación económica y generación de empleo; y, por último, defensa del Estado de Bienestar. La candidata socialista desgranó un programa de Gobierno en buena medida continuista con la anterior legislatura PSOE-IU (recupera buena parte de las leyes y medidas que no consiguieron aprobar en el anterior mandato). Ahora tiene la onecesidad de convencer a Podemos y Ciudadanos, por lo que fueron muchos los guiños a sus exigencias para, si no amarrar el voto positivo a su investidura, intentar lograr al menos la abstención en siguientes votaciones. Los socialistas consideran además que con sus propuestas de reforma fiscal atienden a las peticiones del PP.

Lucha contra la corrupción y regeneración democrática

Susana Díaz ha abierto fuego con sus propuestas en la lucha contra la corrupción. Ha incluido aquí las medidas más ambiciosas de su discurso promoviendo un pacto que exige ir más allá de las competencias autonómicas para saltar al ámbito estatal. El pacto anticorrupción para su completo desarrollo exigiría involucrar a todos los grupos políticos e incluso al Gobierno central. Las acciones para lograr “la limpieza democrática” ocuparon la mayor parte de su discurso y han sido uno de los tiros en los que más se la jugaba la presidenta para convencer a Ciudadanos y Podemos. De momento, solo se ha ganado caras de desconfianza entre su audiencia y, eso sí, acercar posturas con Ciudadanos, con quiénes ya han firmado un pacto en este sentido que sólo espera que se formalice.

"Si todos queremos acabar con la corrupción podemos", sentenció Díaz. La propuesta del PSOE añade entre sus medidas más llamativas que los partidos se hagan responsables patrimoniales ante casos de financiación ilegal; que no prescriban los casos de corrupción e impedir al Ejecutivo otorgar indultos a los condenados por delito de corrupción. Para esto último será necesario convencer al Gobierno de Madrid.

En el ámbito andaluz propone una serie de medidas como la Ley del Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos (pendiente de la anterior legislatura); la Ley andaluza de subvenciones y la reforma de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía estableciendo un sistema de multas para los partidos que no rindan cuentas. Otra de las novedades propuestas es una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, también con capacidad sancionadora. La presidenta, además, propuso que ningún parlamentario obtenga retribuciones extras de su partido, en clara referencia a los sobresueldos de los populares.

Recuperar la Ley de Participación Ciudadana, que el anterior Parlamento no llegó a tramitar al disolverse la Cámara; establecer una Oficina Ciudadana en el Parlamento de Andalucía o la creación del Portal de Gobierno Abierto son algunas de las medidas incluidas en el bloque de regeneración democrática.

El discurso de Susana Díaz incluyó su defensa de las listas abiertas y la doble vuelta en todas las elecciones en caso de que un candidato no obtenga la mayoría absoluta.

No hubo referencias a los anteriores gobiernos de Chaves y Griñán. Sólo el compromiso de que no ocuparán una lista electoral los imputados por delito de corrupción y la garantía de que “casos como lo de los ERE o la formación no van a volver a repetirse”.

Recuperación económica y generación de empleo

Díaz lanzó “una propuesta para desarrollar una política económica y presupuestaria inteligente y equilibrada. Impulsar la economía productiva, defender las políticas sociales y cumplir los compromisos de consolidación fiscal”. Su discurso económico quiso agradar especialmente a Ciudadanos (sobre todo en las acciones destinadas a fomentar el trabajo autónomo), se acercó a los populares en la reforma fiscal y recuperó propuestas que quedaron en el cajón del pacto de la anterior legislatura con Izquierda Unida (como la Banca Pública, Ley Integral de Argicultura o la Ley de Energía que favorezca a las renovables).

La candidata propuso, entre otras acciones, una Ley de Emprendimiento, la red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial en la Universidades, Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo y la recuperación de la Entidad Pública de Crédito de Andalucía. En total, se movilizarán, anunció la candidata socialista, 3.000 millones de euros para favorecer el empleo.

En cuanto a la reforma fiscal, Díaz se comprometió a bajar para las rentas medias y bajas el tramo autonómico del IRPF entre 2 y 3,5 puntos, rebajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones y una nueva Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía, en un evidente guiño al Partido Popular que solicitaba la supresión de dicho impuesto.

La última parte del discurso de política económica intentó dar respuesta a las exigencias de Podemos en el apartado de reforma de la administración pública. El partido de Teresa Rodríguez exige una "reducción drástica" del número de altos cargos en la administración andaluza y sus entes instrumentales. Susana Díaz se comprometió a un plan de eficiencia del sector público y reducir un 10% el número de altos cargos, contratos de alta dirección y personal eventual. Aunque sin especificar la cifra desde la que se parte, aseguran desde Podemos.

Política social

Sin duda este es el campo en el que más cómodo se siente la socialista. Defendió con ahínco la enseñanza, la sanidad pública y el sistema de dependencia, con un amplio abanico de nuevas propuestas. Entre ellas incluyó la Ley de Protección y Asistencia para colectivos vulnerables que regule el suministro de electricidad y agua (una ley que recuerda a la de mínimos vitales que defendió Diego Valderas en la anterior legislatura).

Pero donde verdaderamente se la jugaba Susana Díaz era en las medidas destinadas a vivienda. Los de Teresa Rodríguez le exigen desvincular a la Junta de Andalucía, retirando las cuentas, de las entidades bancarias que practiquen desahucios sin aportar soluciones habitacionales a quienes pierden su vivienda. "Cuando una familia se la despoja de su vivienda, cuando no puede alumbrar su hogar porque no puede pagar la luz, la estamos despojando de una vida digna", señaló la presindenta para añadir en su discurso "apuraremos todas nuestras competencias para que las entidades financieras busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir”. Su propuesta pasa por obligar a los bancos que contraten con la Junta a adherirse al Sistema Arbitral de Consumo y la creación de un Sistema Andaluz de Información, Asesoramiento y Mediación.

En un discurso de estructura circular, Díaz terminó como comenzó, apelando a la gobernabilidad y a la estabilidad, reclamando el derecho a gobernar que se deriva de los resultados electorales: "soy la única que está en condiciones de hacerlo" y solicitando a la oposición una solución rápida para designar a la nueva jefa del Gobierno andaluz.

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