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Andalucía da luz verde a la Ley de Memoria Democrática

El nuevo marco legal que la Junta de Andalucía aprobado este martes en Consejo de Gobierno amplía el concepto de "víctima" y busca la inscripción en los registros civiles de los desaparecidos por el franquismo y la anulación de los juicios "injustos".

Habrá una prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y de apología de la dictadura franquista

Se regularán los fondos documentales vinculados a la guerra civil o la inclusión del estudio de la memoria histórica en el currículum educativo.

La creación de un Consejo de Memoria Democrática acompaña un texto que supone el cumplimiento del "compromiso" del Gobierno andaluz ante el "abandono" del Gobierno de España.

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La memoria ya tiene un lugar en Málaga. - Fotografía: Miguel Heredia

La memoria ya tiene un lugar en Málaga. - Fotografía: Miguel Heredia

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Memoria Democrática. El nuevo texto, al que se da luz verde para que comience su recorrido parlamentario, se asienta sobre los pilares memorialistas de "verdad, justicia y reparación". Fruto de una extensa y compleja negociación entre los socios de Gobierno, PSOE e IU –implica a varias consejerías para su puesta en marcha–, amplía el concepto legal de víctima de la represión franquista, al incluir no sólo a quien la padeció directamente "sino también a sus familiares, personas cercanas y gente y colectivos que les han apoyado", en palabras del secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

La ley se apoyará en un Consejo de Memoria Democrática de Andalucía que contará con la participación de asociaciones y colectivos que trabajan la recuperación de la memoria histórica. Será un órgano que se encargará de velar por el cumplimiento del texto legal y de elaborar los informes y estudios necesarios para su desarrollo.

También el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, se ha referido a la norma autonómica como una de las más importantes de la legislatura, y que ha sido presentada este martes tras el Consejo de Gobierno. La norma prevé que la administración autonómica podrá "expropiar temporalmente" el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en caso de que el propietario no conceda su consentimiento.

La futura norma fija un plazo de 18 meses para la eliminación de símbolos franquistas en calles y plazas y se diferencia de la ley estatal en que "no se consideran razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura sobre edificios singulares o históricos", estableciendo que en caso contrario "la Junta podrá efectuar la retirada subsidiaria".

La Ley de Memoria Democrática es la segunda de las normas incluidas en el pacto entre PSOE-A e IU que supera el trámite del Consejo de Gobierno, tras la Ley de Transparencia hace unas semanas. En este sentido, Valderas ha deseado que los dos socios de Gobierno impongan "mayor ritmo" al cumplimiento del acuerdo que saque adelante esta agenda de leyes. Tras la de transparencia y la de memoria, augura que llegará la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.

Medidas de reparación a las víctimas

El nuevo marco permitirá que Andalucía adopte medidas encaminadas a la reparación como la inscripción de las víctimas de desaparición involuntaria en los diferentes registros civiles, que se pretende emitan las pertinentes partidas de defunción. "Miles de andaluces no pueden obtener el certificado de defunción de sus familiares, por lo que consta como que siguen vivos", ha subrayado el número dos del PSOE-A.

Al mismo tiempo, se persigue la anulación de las sentencias judiciales que, como con los juicios sumarísimos, propiciaron multitud de condenas –a pena de muerte, prisión, trabajos forzados o depuración profesional– en procesos "injustos". El trabajo consistirá en buscar "la anulación de las sentencias de las víctimas de esta barbarie en función de los tres principios: verdad, justicia y reparación". En este sentido, la Junta de Andalucía "instará al Gobierno de España para que tome decisiones en la materia", sin ningún ánimo de "revancha", recalca.

Otro punto que determinará el nuevo reglamento es la ampliación del concepto de "víctima" a los familiares de la misma y a los colectivos que sufrieron la represión, incorporando además medidas de reconocimiento y reparación. Habrá una prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y de apología de la dictadura franquista que contemplará sanciones por incumplimiento y obligará a las instituciones públicas a eliminar cualquier vestigio que perdure en este sentido.

Se pretende también la regulación de fondos documentales vinculados con la guerra civil y la creación de un registro de entidades que participan en los movimientos memorialistas y, en materia educativa, la inclusión de asignaturas en los diferentes niveles que trate la realidad histórica de lo ocurrido durante la Segunda República, el golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura.

El secretario de Organización socialista ha destacado el "compromiso" del Gobierno andaluz con la memoria histórica que motiva una ley que se acompañará a su vez "de un plan para determinar objetivos cada cuatro años y evaluar los resultados". Con esta norma autonómica la Junta de Andalucía sale al paso del "abandono" sufrido por la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 y que el Gobierno de España, opina Cornejo, "ha dejado en el olvido" con decisiones como poner "a cero el contador de su presupuesto".

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