La Audiencia anula la fianza de 2,5 millones impuesta al expresidente de El Monte por el caso ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha vuelto a anular fianzas millonarias de responsabilidad civil impuestas en el caso de los ERE, en este caso, por valor de 19 millones de euros, a siete miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA que les impuso la jueza Mercedes Alaya en septiembre de 2014. Destacan las del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez (10,7 millones), la de el exsecretario general de Industria y expresidente de El Monte José María Bueno Lidón (2,5 millones) o la del exdirector general tecnológico e Incentivos de la Consejería de Empleo Manuel López Casero (2,2 millones).

En un auto fechado el día 20 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial deja sin efectos también las fianzas impuestas al exviceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano --1,8 millones--; al exdirector de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González --un millón--; al exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua --537.333 euros--, y al que fuera presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, a quien Alaya impuso una fianza civil de 153.333 euros.

La Audiencia precisa que Alaya impuso dichas fianzas civiles a todos los imputados por ser miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA con la excepción de Jesús María Rodríguez, “a quien se impone fianza pecuniaria en atención a sus cargos de viceconsejero de la Consejería de Innovación y vicepresidente de IDEA”.

Al hilo de ello, y respecto a los vocales del Consejo Rector, la Sala argumenta que todos ellos “tenían conocimiento de que a través de los convenios que aprobaban con su voto afirmativo daban carta de naturaleza a que se abonara mediante las transferencias de financiación ayudas sociolaborales que debían haber sido, en su caso, tramitadas en expedientes de subvenciones conforme a la normativa que regulan las leyes estatal y autonómica en esta materia”.

Ahora bien, asevera que la cantidad de la fianza “se ha cuantificado a un tanto alzado, como lo fue la del resto de miembros del Consejo Rector”, pues, en concreto, “se ha dispuesto en el auto apelado que se imponga a cada uno de los vocales una fianza de 20.000 euros para los supuestos en los que votaron favorablemente convenios y 7.000 euros para los casos en que delegaron el voto en las sesiones que no asistieron y el delegado votó a favor de su aprobación”.

“La fijación a un tanto alzado desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado”, dice la Audiencia, que por ello deja sin efecto las fianzas impuestas a los vocales del Consejo Rector de IDEA.

Los indicios “no son tan severos”

En el caso de Jesús María Rodríguez, la Sala recuerda que Alaya le impuso una fianza civil en atención “a las ayudas (sociolaborales) concedidas en el periodo (en el que fue viceconsejero de Innovación) que ascendieron a 269.704.587,73 euros”, cifrando la cantidad en el tres por ciento del montante de las ayudas más el tercio legal correspondiente, ascendente a 10,7 millones.

Pues bien, la Audiencia aclara que “las transferencias de financiación eran creadas y acordadas por la Consejería de Empleo, no por la de Innovación de la que fue viceconsejero el apelante”, añadiendo que, “no consta que diera la orden para abonar la ayuda sociolaboral a la empresa del 'Grupo Barbadillo' de 1,5 millones”, mientras que “tampoco consta que despachara con el director general de la Agencia la aprobación de los convenios que no superasen los 450.000 euros, cuya competencia corresponde en exclusiva al director general”.

A ello se suma que “tampoco consta que tuviera conocimiento del déficit de la Consejería de Empleo generado por las transferencias de financiación, ni que participara en el falseamiento de la propuesta del anteproyecto de la Agencia, pues esta función compete al Consejo Rector, que se constituye válidamente con los titulares de la Presidencia y de la Secretaría de la Agencia y la mitad de sus miembros bien personalmente o por delegación a otro vocal del órgano, por lo que se desconoce su participó en la elaboración de esa propuesta de anteproyecto”.

Por todo ello, estos indicios “no son tan severos como para fundar en los mismos la adopción de la medida cautelar que se recurre”, ya que, “si bien no se puede descartar que con su conducta contribuyó a la realización de los hechos que le son imputados, no tienen la consistencia necesaria para acordar medidas cautelares reales, y ello sin perjuicio de que una vez completada la investigación y que de la misma se infiera una mayor participación en los hechos del apelante, se adopten las medidas cautelares que corresponden”.

Cabe recordar que, en un auto dictado el 16 de noviembre, la Audiencia ya anuló las fianzas civiles impuestas por Alaya a otros siete imputados en el caso de los ERE, entre ellos el exconsejero de Innovación Martín Soler o el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, a quienes la magistrada impuso fianzas de 4.070.633,08 euros y 3.466.666,67 euros, respectivamente.