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Arias Cañete abre la puerta al dragado del Gudalquivir

El ministro de Medioambiente pone en duda la obligatoriedad de una declaración de impacto ambiental previa al dragado.

Cañete dice que las críticas de Greenpeace a la Ley de Costas se hacen "desde la ignorancia o desde la mala fe".

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Arias Cañete cree que afirmaciones como las de Greenpeace a la Ley de Costas "se hacen desde la ignorancia o la mala fe"

Arias Cañete en Expoliva junto a los consejeros de la Junta Planas y Ávila

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dado una de cal y otra de arena sobre el futuro del río Guadalquivir. Durante su visita a Expoliva en Jaén, ha asegurado que el dragado del río "tiene que garantizar que los cultivos no se salinicen y que el entorno del río no se vea perjudicado". Es más, añadió que "un dragado sin condiciones terminaría perjudicando a Doñana y a los cultivos por la facilidad del tambor salino de ir río arriba".

Pero también dijo que habrá que "ver si procede o no una nueva declaración de impacto ambiental, y cuáles serían los términos". Una frase que dice mucho más de lo que parece, ya que tanto la Junta de Andalucía, como la amplia oposición al dragado mantienen que hay que cumplir las recomendaciones de los científicos y el dictamen de la Comisión Científica que analizó el tema.

Y lo que mantienen es que el río "está al borde del colapso", y que, por tanto, no se deberá hacer dragado alguno antes de su recuperación, y si se hace, nunca sin una previa declaración de impacto medioambiental. Justo lo que el Puerto de Sevilla, que es quién pretende dragar el río hasta su desembocadura, pretende evitar.

Así pues, parece que el ministro Cañete estaría dispuesto a saltarse los condicionantes medioambientales impuestos al dragado del Guadalquivir hasta ahora.

Ley de Costas

En Jaén, Cañete también ha vuelto a defender la Ley de Costas que se ha aprobado este jueves. También ha arremetido contra la organización ecologista Greenpeace a la que ha acusado de realizar las críticas a la Ley "desde la ignorancia o desde la mala fe".

Según el ministro, la organización "no se ha leído la ley, porque esta es una ley que no permite nuevas construcciones en el litoral, que garantiza mucho más que no va a haber aberraciones como el tema del Algarrobico". El ministro cree que la normativa acaba con "un sinsentido" y da "seguridad jurídica a los que adquirieron sus viviendas en 1988, de buena fe las inscribieron en el registro de la propiedad y ahora, en 2018, habría que derribarlas".

Ha añadido que no se permite "ninguna nueva construcción" en el litoral porque "no hay ni un solo artículo de la ley" donde se autoricen nuevas edificaciones en el dominio público marítimo ni en las zonas de servidumbre.

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