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Los aforados creen que Alaya está boicoteando su defensa en el caso de los ERE

La representación legal de José Antonio Griñán y del resto de aforados no quieren que la jueza acceda a un informe que han presentado en el Supremo porque "invade competencias instructoras" que corresponden al alto tribunal.

Tampoco entienden que Alaya quiera ahora que los peritos del Estado ratifiquen su informe 14 meses después cuando la parte del caso que afecta a los exaltos cargos de la Junta está ya en el Supremo.

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José Antonio Griñán

La defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del resto de aforados entienden que sólo el Tribunal Supremo es ya el encargado de investigarles en el caso de los ERE y que Alaya se está metiendo donde ya no puede hacerlo. Existe una investigación abierta desde noviembre en el alto tribunal y por eso se acaban de oponer a la pretensión de la jueza de que le sea enviado un informe elaborado a instancias de los exaltos cargos de la Junta por dos catedráticos de derecho financiero y tributario, que recogió este periódico hace apenas una semana y en el que basan su defensa pormenorizadamente.

Griñán y los exdirectores de Presupuestos de la Junta rechazan en ese informe la idea general mantenida por Alaya de que los cargos de la Consejería de Hacienda habrían participado en una especie de "maquinación" dirigida a incluir en el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Junta, y después en los expedientes de modificaciones presupuestarias, las transferencias de financiación con el fin de hacer posible su uso indebido. El informe, con cuyo contenido están de acuerdo el resto de aforados, argumenta que ni Griñán ni los exaltos cargos de Economía y Hacienda tuvieron competencias ni responsabilidad en la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las que 'bebieron' las supuestas irregularidades en el otorgamiento de las ayudas sociolaborales.

Alaya, en su último auto, en el que imputaba a otras 34 personas, comenta haberse enterado "a través de noticias publicadas en prensa" de la existencia de este informe y pide que se le remita una copia ya que considera "necesario" disponer del mismo. Es más, lo solicita con cierta urgencia, con fecha límite: "antes" de que se pueda ratificar otro informe, el presentado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado en diciembre de 20134 y donde éstos aluden al "uso indebido" de las transferencias para financiar los ERE. El informe de Griñán trataría de rebatir los argumentos en que los peritos del Estado basan su postura, a la que se agarra la jueza Alaya. Por eso quiere conocerlo antes, apuntan desde la defensa de Griñan.

Por eso los exaltos cargos han presentado un escrito de oposición a que el Supremo la pase copia del informe, porque consideran que la jueza ya no es competente para seguir indagando respecto a los aforados. Aseguran que la iniciativa de Alaya "invade competencias instructoras que corresponden al Supremo" y "provocaría indefensión". Y no quieren que acceda al informe antes de verse con los peritos, citados este 19 de febrero.

Además, el escrito presentado por la representación de Griñán señala que Alaya "contradice rotundamente" los postulados manifestados por la propia jueza en septiembre de 2014, donde "decía lo contrario de lo que ahora pretende". La jueza negó entonces que fuera necesario que los peritos ratificaran el informe porque causaría "indefensión" a los aforados. Los exaltos cargos cuestionan que quiera hacerlo ahora, con 'su' parte del caso ya en el Supremo, y que además quiera conocer el informe de Griñán antes. Precisamente, sin su presencia en el juzgado donde se reunirán durante horas Alaya y los peritos del Estado, se estaría causando esa "indefensión" a los expresidentes de la Junta y los exconsejeros.

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