La Junta confía en que el Ministerio firme “pronto” el convenio para reanudar la asistencia jurídica a presos
Acto protocolario para la rúbrica de un convenio y posterior rueda de prensa. Hasta ahí, todo normal. Pero falta uno de los firmantes, el ministro del Interior, cuya firma no es delegable. “Debe de estar muy ocupado”, comenta irónico el consejero de Justicia. La Junta y los abogados andaluces han suscrito el convenio que, casi tres años después, debe restaurar el servicio de asistencia jurídica penitenciaria. Nada cambiará hasta que el Ministerio firme. El texto del acuerdo está “consensuado” y “aceptado”, y el representante de la Junta confía en que el Gobierno de la nación lo haga “pronto”.
El convenio tendrá consecuencias efectivas “cuando firme Interior”, a quien el consejero Emilio de Llera culpa de que se hayan tardado en concretar un acuerdo “tripartito” para restablecer el “deseado” servicio, según sus propias palabras. “No creo que vaya a haber ningún problema, lo tenemos hablado”, aludiendo a que el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ha puesto “inconvenientes” ante la “oposición de Hacienda” y la aplicación del tope de gasto establecido para las administraciones. “Y eso que no ponen ni un duro”, insiste el consejero en su ironía.
Según De Llera, para reactivar el servicio, cuando entre en vigor, se han tenido que “buscar fórmulas”. De hecho, la rueda de prensa celebrada en Sevilla junto al presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, ha comenzado con sucesivas aclaraciones y explicaciones. Era “necesaria” e “imprescindible” la participación del Ministerio para ofrecer “garantía y seguridad” para su prestación, contabilizar los expedientes de los internos, trasladar cuántos abogados acuden a los centros, etc.
El presupuesto previsto anualmente, aportado por la Junta, será de cerca de 150.000 euros. Preguntado por si la rebaja de anteriores partidas (396.000, según APDHA) podría redundar en una peor calidad en su prestación, el consejero ha negado la mayor y ha dicho su configuración es “distinta”, indicando que ya no será necesaria la figura del coordinador provincial del servicio, “que cobraba un dineral”, y que la Consejería ha buscado en ese sentido “la austeridad”.
El representante de los abogados, además de congratularse de que la Junta haya puesto “al día” en el cobro del turno de oficio, ha recordado que este tipo de orientación jurídica era “demandado por los propios directores de los centros” penitenciarios ya que “pacifica mucho la vida” en los mismos“. Ha añadido respecto a lo presupuestado que el letrado que preste el servicio ”cobrará prácticamente lo mismo“ aunque, según aclara, para los abogados ”lo más importante era dar de nuevo el servicio“.
