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Andalucía recupera la asistencia jurídica a presos, tres años después y a expensas de Interior

La Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados suscriben este viernes el convenio que permitirá que uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad tenga de nuevo acceso a un servicio público esencial como la defensa penitenciaria.

El hecho de que el Ministerio del Interior aún lo tenga que firmar "en los próximos días", la ralentización administrativa ante las inminentes elecciones andaluzas y una posible rebaja en el presupuesto dejan algunos interrogantes sobre cuándo será la reanudación efectiva del servicio y cómo podrán desarrollarlo los letrados.

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El convenio para reanudar el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en Andalucía se firmará, finalmente, este viernes. Será un acuerdo a tres bandas, como siempre había pretendido la Junta y cuyo empeño ha impedido que, durante casi tres años, unas 16.000 personas privadas de libertad hayan tenido un abogado al que dirigirse para obtener información especializada en materia penitenciaria sobre la normativa, conocer los modelos de presentación de recursos, formular peticiones para permisos de salida, etc. El acuerdo lo suscribirá también, aunque 'en diferido', el Ministerio del Interior.

El "culebrón", como denominaba la situación la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un  contundente comunicado emitido hace apenas una semana, llega pues a su fin. Al menos sobre el papel. El consejero deberá explicar cuándo firmará el Ministerio del Interior el convenio (ningún representante estatal está convocado en la sede de la Consejería), cuándo empezará a desarrollarse (dentro de poco más de un mes hay unas elecciones que provocarán, inevitablemente, una ralentización administrativa) y cómo afectará al servicio en sí un probable recorte en el presupuesto (a falta de datos oficiales, APDHA dice que los 396.000 euros anuales se verán reducidos a una cantidad que parece que no llegará a la mitad, unos 130.000 euros).

De momento, la Consejería no ofrece mucha información, tan sólo que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera (que en comisión parlamentaria consideró  "un lujo" el servicio de asistencia jurídica), suscribirá con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, un acuerdo "en el que participa también el Ministerio del Interior". Desde el Gobierno central se limitan a decir que "cuando se vaya a firmar el convenio, se informará a través de una nota de prensa". Fuentes de los abogados apuntan que podría ser "en los próximos días".

Un servicio eficaz, según todos los grupos, pero varado desde abril de 2012

Y eso que no es una cuestión ni mucho menos novedosa. No es gratuito el término utilizado por APDHA. Hace justo ahora un año se anunciaba la reanudación del servicio durante un encuentro entre abogados y Junta. Hubo dos proposiciones no de ley aprobadas en este sentido en el Parlamento de Andaucía, allá por 2013. La primera de IU, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, y con acuerdo del Grupo Popular, y una segunda por unanimidad, reclamándose al consejero la reinstauración de los SOAJP. Mientras, APDHA tiene abierta desde hace dos años  una campaña reclamando el servicio. Y así un largo etcétera de conjeturas sobre el borrador del convenio y anuncios. El último, este pasado septiembre, justo antes de una nueva comisión parlamentaria para abordar el asunto.

En aquella comisión,  el Parlamento manifestó que continuaba siendo necesaria la participación del Ministerio, como pretendía el consejero, que argumentaba que la Intervención de la Junta le iba a poner reparos si no había un convenio que sustentase el servicio y no iban a permitir a la Consejería pagarle a los abogados, como dijo en una entrevista a este periódico. Era la tercera vez que el Parlamento se pronunciaba para que volviera el servicio. El Defensor del Pueblo, tanto a nivel regional como estatal, había defendido su reanudación de la manera que fuese posible. Entre 2001 y 2008, la asistencia letrada se llevó a cabo sin la participación del Gobierno central. Nadie dudaba de la eficacia del servicio (no hay más que leer las comisiones parlamentarias sobre la materia) pero el acuerdo ha estado dando vueltas sin concretarse durante casi tres años. Y está por ver cuándo se reanudará defnitivamente.

Por su lado, desde APDHA temen que el servicio, a la espera de conocer el contenido concreto del convenio, pueda quedar en "un mero dispensario de consejos o recomendaciones" y consideran que se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias. "Antes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, ahora se reducirán a la mitad, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante. Si antes se atendían en muchas prisiones a siete presos en dos horas, ahora probablemente serán diez. La calidad se reducirá necesariamente". 

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