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La propuesta del PP de restablecer el servicio jurídico a presos sale adelante gracias al voto de IU

El Parlamento reclama a la Junta que reanude la asistencia letrada específica para más de 16.000 presos en Andalucía.

El Grupo Socialista, cuya enmienda rechazó el Grupo Popular, se abstuvo en la votación.

La portavoz del PSOE apostaba por un convenio tripartito entre Junta, Ministerio y Colegios de Abogados para garantizar su prestación, pero el PP entiende que "no es necesario".

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Ocho a favor (los siete del PP y el de IU) y siete abstenciones (del PSOE). La votación estuvo más apretada de lo esperado y la alianza en este caso de IULV-CA y el PP permitió que saliera adelante la Proposición no de Ley a propuesta del Grupo Popular, en la que el Grupo Socialista se abstuvo. La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, finalmente, insta al Consejo de Gobierno de la Junta a la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Andalucía. El Grupo Popular rechazó la enmienda del Grupo Socialista, que apostaba por un convenio tripartito entre Junta, Ministerio y Colegios de Abogados para garantizar la prestación de la asistencia letrada.

Según ha expuesto en la comisión Juan Ramón Ferreira, portavoz popular, "en el fondo todos estamos todos de acuerdo en la reanudación del servicio", y ha argumentado el rechazo a la enmienda socialista diciendo que el convenio a tres "no es necesario" y que no justifica "la supresión impuesta por el consejero de Justicia".

Así, ha destacado que el resto de las 12 comunidades autónomas donde se presta esta asistencia jurídica, "la mayoría gobernadas por el Partido Popular", tienen un acuerdo bilateral "y no hay problema", por lo que "no hay razón para exigir ese convenio a tres" y el servicio se podría restituir "sin necesidad de más historias". Añadió que, en Andalucía, durante ocho de los once años de vigencia del servicio, entre 2001 y 2008, se prestó "sin problema", "no había convenio y no ha habido ningún cambo normativo que ahora obligue a hacerlo".

IULV-CA, en palabras de su portavoz en la comisión, Alba Doblas, cuyo voto ha decantado a favor la Proposición no de Ley, ha defendido la propuesta por el Grupo Popular y ha reflexionado que la no firma del convenio "no es excusa", una vez conocido que el Ministerio ha trasladado que no tiene obligación de suscribirlo. "La población reclusa de la que nadie parece preocuparse" es el principal motivo del apoyo de IULV-CA puesto que "los presos son, sobre todo, personas, que tienen, además, muy limitado su acceso a derechos fundamentales", abogando por "políticas de izquierdas también desde el ámbito penitenciario" y añadiendo que "la Consejería debe coger el toro por los cuernos y arbitrar las medidas oportunas para su restitución".

Por su parte, la portavoz socialista, Soledad Pérez, alegó durante su exposición que el convenio supuso el "modelo ideal" para la prestación de la asistencia, señalando que "la Junta nunca ha querido abandonar el servicio sino que ha encontrado dificultades en la forma de pago". Ha apostado por "la necesidad de buscar un instrumento jurídico" que justificaba la enmienda presentada.

Alba Doblas, diputada de IU en Andalucía, con el informe policial donde constan sus datos personales

Alba Doblas, diputada de IULV-CA, decantó el sentido de la votación.


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