eldiario.es

Menú

Andalucía Andalucía

La jueza abre una segunda pieza separada contra Antonio Fernández y Javier Guerrero por las ayudas a Acyco

La instructora incluye en esta pieza a 11 imputados, entre ellos los también ex directores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

El exconsejero y los tres ex directores generales también han sido incluidos en la causa que afecta a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

- PUBLICIDAD -

La jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha abierto una segunda pieza separada contra el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y otros nueve imputados en relación a la ayuda sociolaboral concedida a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco).

En un auto fechado el pasado día 26 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada también incluye en esta pieza separada a otros nueve imputados, como son los ex directores de Trabajo Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, dos letrados, dos responsables de la empresa y un 'intruso'.

Se da la circunstancia de que tanto Antonio Fernández como los tres ex directores generales de Trabajo de la Junta referidos están imputados también en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, donde están incluidos igualmente los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 46 altos cargos.

La juez relata que el que fuera director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero Raya, "realizó la organización administrativa del ERE de la empresa desde su inicio, negociaciones, tramitación y solicitud de aprobación", todo ello con la "constante" intervención de un despacho de abogados.

De este modo, incluyó a la expresidenta del Consejo de Administración de Acyco Encarnación Poto Monge "a sabiendas de que la misma no iba a extinguir su relación laboral con Acyco", ya que "seguiría ostentando el cargo de presidenta de su Consejo de Administración, permitiendo que la misma se beneficiara económicamente de dicha situación a través de su desempleo y prestaciones por prejubilación financiadas por la Junta".

De igual modo, la juez dice que "realizó" la solicitud de ayuda excepcional en el año 2010 y por un importe de 109.620 euros, "alegando que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono de la minuta" del despacho de abogados referido "por esa misma cuantía", sabiendo además que en el protocolo de colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones "había dos personas ajenas a la empresa", como eran Andrés Carrasco Muñoz y el exalcalde de San Nicolás del Puerto (Sevilla) Domingo Martínez Castillo.

LA AYUDA

La juez Núñez indica que el entonces director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, "accedería ilícitamente" al pago de la ayuda sociolaboral excepcional "que se había ordenado" por su antecesor, Juan Márquez, por importe de 109.620 euros, "sabiendo, presuntamente, que era para el pago de la minuta" del despacho de abogados mencionado, el cual "había asesorado a Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones", y que "justo esa cantidad era la que en concepto de honorarios venía reclamando dicho despacho a la Junta".

La juez relata en este auto consultado por Europa Press que el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández "tenía conocimiento directo" de estas ayudas individuales en los consejos de dirección, "a través" de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.

En este sentido, precisa que las dos personas "que se incluirían ilícitamente" en la póliza de Acyco de fecha 1 de agosto de 2003 de la compañía Personal Life, lo que fue "consentido" por el exconsejero de Empleo, fueron "un amigo y vecino de El Pedroso" de Guerrero, en referencia a Andrés Carrasco Muñoz, y Domingo Martínez Castillo, "quien fuera alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto durante 12 años, entre otros cargos".

Ambos "figuraban en el anexo firmado" por Guerrero del protocolo de colaboración suscrito por él y por la empresa, dice la juez, que precisa que Andrés Carrasco percibió 113.480,13 euros y el ex primer edil 109.572,19 euros.

"SIN DERECHO ALGUNO"

De este modo, y según expone la instructora, el primero de ellos obtuvo el 1 de agosto de 2003 "sin derecho alguno" la percepción de unas rentas mensuales "con cargos a los fondos de la Junta" que ascenderían a un total de 130.105,85 euros, firmando para ello el certificado individual de la póliza de rentas de supervivencia por la que, desde el 1 de agosto de 2003 hasta el 31 de mayo de 2013, "cobraría, a sabiendas de que no le amparaba derecho alguno, en torno a 1.100 euros aproximadamente, si bien en 2010 cobró el resto de las prestaciones que le quedaban, ascendentes a 43.151,67 euros".

La juez entiende que estos hechos "han sido presuntamente realizados" por las once personas incluidas en esta pieza separada, la segunda que se abre tras la relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, donde están incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 50 altos cargos.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha