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La jueza ordena analizar las cuentas y movimientos de fondos al extranjero de empresas vinculadas a Ángel Ojeda

La juez designa como perito judicial para realizar esta labor a un interventor de la Junta de Andalucía

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El exconsejero andaluz declara que la formación fue una "ruina" para sus empresas

EFE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, ha designado a un interventor de la Junta para que analice y estudie las diferentes cuentas bancarias y los movimientos de fondos al extranjero del grupo Prescal y otras empresas, asociaciones o fundaciones relacionadas con el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

En una providencia fechada el 21 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena a este funcionario, actualmente destinado en Intervención Control Financiero de la Intervención General de la Junta, que analice igualmente los productos financieros del grupo Prescal y de las empresas, asociaciones o fundaciones relacionadas en la causa con el exconsejero Ojeda.

En este sentido, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla encarga a este perito judicial que informe "sobre si existe trasvase de capitales" entre las mismas "y en su caso se realice un análisis de los mismos".

El pasado mes de diciembre, cabe recordar que la magistrada dividió en nueve piezas separadas la causa de los cursos de formación, una de las cuales versa sobre el entramado empresarial vinculado al exconsejero.

Dentro de esta pieza, la juez investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".

La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".

En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

"CIUDADANO EJEMPLAR"

El pasado día 11 de abril, Ángel Ojeda compareció en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde indicó que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa, --la vinculada con los cursos de formación--, y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después, sumándose otro centenar de detenciones en la Operación EDU Centro, "en plena campaña".

Asimismo, Ojeda defendió que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y denunció que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".

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