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La macrocausa de los cursos de formación en Andalucía queda también dividida en piezas separadas

Los entramados empresariales, los consorcios creados por la Junta con entes locales, la FAFFE y el SAE protagonzian las primeras nueve piezas del presunto fraude con fondos públicos

"Ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa", apunta Núñez Bolaños

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La juez Núñez dice que no son "elegantes" las formas utilizadas por Alaya

EFE

María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, como hizo con el caso ERE el pasado verano, también ha acordado dividir en piezas la 'macrocausa' sobre los presuntos fraudes en la gestión de fondos públicos dirigidos a cursos de formación en Andalucía. En concreto, ha optado por separar nueve piezas, amén de las que puedan ir surgiendo. Serían en principio las correspondientes a los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Aviles, Pérez González y Velazquez Sierra, por un lado, con una pieza cada uno. Por otro, piezas referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales (CIO Mijas, Formades, Forman y CTI), junto a otra pieza que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último, una novena relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el auto, fechado este 21 de diciembre, la jueza recuerda la petición de formación de piezas que realizó Fiscalía el pasado 9 de septiembre, sobre la que ella misma solicitó opinión a laas partes, para la instrucción y enjuiciamiento por separado. Núñez apunta lo que indica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en vigor desde el pasado 6 de diciembre), que establece que "la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando el juez lo considere más conveniente, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".

Como se apunta en el auto, "ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa, y sólo se acumulará cuando el juez lo considere conveniente y, si ello no supone crear una macrocausa”. En ese sentido, la jueza resalta que ”no debemos olvidar cuál es la voluntad del legislador para el quehacer en estas causas, voluntad o postura que como hemos señalado mantiene nuestra jurisprudencia en orden a evitar la creación de  las 'macrocausas' en un viciado ejercicio de acumulación  para instrucción por simple analogía o relación entre sí que es, precisamente, lo ocurrido en las presentes diligencias".

Enlace con los ERE

La jueza recuerda que la causa de la formación tiene su origen en la investigación llevada a cabo en el caso ERE, "pues se había apreciado que en determinadas subvenciones socio laborales, como significativamente ocurre en el caso de DelphiI, las becas derivadas de las subvenciones a formación se utilizaban para completar las prestaciones económicas de los trabajadores cuando se les acababa el desempleo, siendo así mismo una actividad de las diversas que acometió el Sr. Lanzas", el denomindo 'conseguidor' de los ERE.

Núñez Bolaños, al respecto, se refiere a distintos grupos empresariales y sindicatos que por hechos similares están siendo investigados en diligencias separadas, e incluso en diferentes órganos jurisdiccionales, por lo que considera "evidente" que esta macrocausa "es una acumulación no necesaria y cuya separación o desglose no divide continencia alguna, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado".

Delphi y Ojeda

Se investigan en esta causa los entramados  empresariales vinculados a Pérez González, Velázquez Sierra y al exconsejero Ágel Ojeda, imputado por Alaya desde hace algo más de un año. "Dichos entramados serán objeto de investigación en piezas separadas, dando lugar a una diligencia previa por cada uno", asegura la jueza, que añade que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ojeda no debe separarse de la investigación realizada a Delphi.  

Esto lo argumenta porque existen "indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculados al Sr. Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas  dificultando su seguimiento".

Los consorcios de la Junta, la FAFFE y el SAE

Acerca de la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los distintos consorcios creados por la Junta de Andalucía con diferentes entes locales (un total de 14) y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que "hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro" y debe realizarse de forma separada: CIO Mijas, Formades, Forman y CTI. Los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la UCO darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento, prevé la jueza.

La octava pieza establecida por la juez es la que investigara a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE), beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación. Según se señala en el auto, se investigará "la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a subvenciones para formación que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación".

Por último, la novena pieza se refiere al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación policial en el último año, con la detención de directores provinciales del SAE y jefes de servicio de Formación Profesional para el Empleo, como se recuerda en esta guía publicada por este periódico.

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