Podemos registra 440 enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía por 1.270 millones de euros

El grupo parlamentario de Podemos ha registrado este martes un total de 440 enmiendas sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 que implican la movilización de 1.270 millones de euros en concepto de creación, aumento o redistribución de cuantías.

Del cómputo global, 104 son propuestas que enmiendan el articulado del texto presupuestario, mientras que las 336 restantes abordan la creación de nuevas partidas o el incremento de las existentes. Todo ello partiendo de premisas como incrementar los ingresos a través de una reforma fiscal, blindar los servicios públicos fundamentales, promover un modelo productivo y reducir la brecha social.

La diputada de Podemos Libertad Benítez considera que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno de Andalucía genera incertidumbre “por haberse confeccionado para ser el primero pero no el mejor”. En esta línea, ha criticado que el Gobierno de Susana Díaz haya apostado por consolidar los recortes en lugar de revertirlos ante un contexto de crecimiento económico: “Es hora de recuperar la inversión previa a la crisis para blindar hospitales y colegios públicos, en lugar de normalizar la precariedad y la austeridad como forma de gestión”.

Entre las enmiendas destacadas, ha mencionado la creación de un instituto de rescate y modelo productivo (35 millones de euros); el incremento de la partida destinada a climatización de centros escolares (50 millones de euros); el impulso de espacios sociosanitarios intermedios para dejar de concertar camas con la sanidad privada (58,5); el incremento de la partida prevista para la renta mínima de inserción (de 198 a 435); más dinero para prevención de incendios forestales (16); programas específicos de promoción de empleo en Cádiz (21); y una subida en las partidas para la financiación incondicionada de las administraciones locales (Patrica), hasta los 120 millones de euros ya que lleva cinco años congelada.

Prestan servicios públicos pero no son ni mileuristas

Por otra parte, Libertad Benítez ha criticado que se consolide “la precariedad entre los trabajadores públicos”, con el incumplimiento del decreto ley que establecía una garantía mínima de retribución de 1.000 euros por mes para los trabajadores de la Junta de Andalucía, en el caso de las monitoras de educación especial, que perciben un salario neto de 745.

Por ello, ha exigido erradicar la figura del “trabajador público pobre” mediante la creación de mecanismos fiscalizadores de las partidas destinadas a subcontrataciones y la reactivación de la mesa de control de cumplimiento de convenios colectivos creada en 2015. El objetivo es que haya un compromiso firme de estas empresas con el Gobierno de Andalucía de que ningún trabajador que preste servicios públicos cobre menos de 1.000 euros mensuales.