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Vivienda corregirá su política de VPO en Granada tras una ‘ocupación’ por familias sin hogar

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) lleva a juicio a una madre de 21 años que "ocupó" un piso protegido.

La Consejería reconoce que hasta el momento "no se han hecho las cosas bien" para el acceso a la vivienda social en Almanjáyar.

La zona norte de Granada es la más conflictiva, afectada por el paro y el tráfico de drogas a partes iguales.

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Esther tiene 21 años, vive sola con su hija de cuatro años en un piso "ocupado" y, sin proponérselo, ha provocado que la Consejería de Fomento y Vivienda vaya a corregir su política de viviendas protegidas en el barrio de Almanjáyar, el considerado como más conflictivo de Granada, pero al mismo tiempo el que sufre de manera endémica las lacras del paro, la exclusión y el tráfico de drogas.

Todo empezó el pasado mes de abril, cuando la joven granadina, junto a otras ocho familias, "pegó la patada" a la puerta de un bloque de viviendas protegidas en la zona habitable del barrio, la esquina de Casería de Aguirre con la avenida Joaquina Eguarás. Ocuparon otros tantos pisos y los arreglaron como pudieron, dado que llevan dos años construidos pero sin venderse.

Los técnicos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) llegaron a final de mes, advirtiendo de la ilegalidad. Trataron familia por familia, según algunos de manera correcta, según Esther "con amenazas de que me iban a denunciar, que iba a tener antecedentes y me iban a echar. Me daban la opción de pedir una vivienda y ver si cumplía los requisitos, pero sin ninguna garantía y sin plazo. Y mientras, ¿mi hija y yo qué hacemos?". La mitad de las familias se acogieron a la opción de la vía legal; las otras fueron denunciadas por usurpación, y sus casos ya están en los juzgados. Esther recurrió a Stop Desahucios.

Para EPSA las "ocupaciones" en Almanjáyar son un problema que va más allá de la legalidad: la mayoría de las viviendas públicas, en un barrio arrasado por el paro ya antes de que empezase la crisis, es muy difícil que se vendan, sobre todo existiendo otras viviendas también de la Junta de Andalucía con alquileres a 20 ó 30 euros.

Aun así, en un barrio muy afectado por la exclusión y plagado de familias desestructuradas –Esther precisamente confiesa que está en la calle porque su madre la echó del hogar familiar–, la solución acaba siendo tirar por la vía de en medio: "pegar la patada" y tomar la vivienda social como un hecho consumado. En algunos casos, estas viviendas, aún propiedad de EPSA, acaban convertidos en punto de venta de droga.

En este caso, Stop Desahucios ha reprochado a Fomento y Vivienda la "falta de coherencia" que supone la orden de desalojo contra Esther y las otras familias. Antonio, uno de los portavoces granadinos, pide que "aunque los decretos y otras medidas nos parezcan muy bien, se decrete la emergencia habitacional. Mientras se ponen en marcha o no algunas medidas, hay gente que sigue en la calle. Vamos a ser prácticos, aliviar la necesidad inmediata, y luego ya veremos. Son familias que no es que no quieran pagar, es que necesitan alquileres sociales".

La presión, en apenas dos días entre que se conoció la denuncia y que Esther ha tenido que declarar, ha surtido finalmente efecto en cuanto, al menos, declaración de intenciones. El delegado provincial de Fomento y Vivienda, Manuel Morales (IU), ha anunciado un "plan de acción" consensuado con el Ayuntamiento y las organizaciones sociales para poner ese parque de vivienda públicas, que están a la venta pero sin posibles compradores, en régimen de alquiler social. De hecho, ya estaba en estudio un plan para que fuesen alquilables a un 25 por ciento de la renta de los inquilinos.

Morales admite que las políticas de vivienda hasta ahora en el polígono norte han sido "erróneas" y que el registro municipal de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Granada, "debido a la singularidad del barrio", ha resultado "una herramienta escasamente útil para garantizar la adjudicación de las VPO a quienes más las necesitan" por lo que ambas instituciones han acordado que sean los servicios sociales comunitarios los que remitan el listado de demandantes "atendiendo a criterios sociales".

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