500 días

Quizás no sabes de que te hablo si te digo 500 días. Me alegro. Si no, lo siento. Siento que seas una de más de 40.000 personas andaluzas que pasan de media 500 días para que se resuelva la prestación por dependencia.

Así que hoy abro melón: ¿a quién le importa la dependencia? El sistema lleva arrastrando esta dinámica desde que se puso la primera letra de la palabra. Da igual el marco temporal y administrativo en el que nos fijemos, porque las leyes y normativas sobre dependencia tienen los mismos pies de barros: mucha normativa y burocracia, y poca (o nula) financiación.

¿A qué se debe la pandemia del raquitismo en la financiación en materia de dependencia? Pues desde donde se piensa la acción e intervención social hasta desde la que se legisla: la beneficiencia. ¿Cómo se puede legislar sobre un derecho subjetivo, un “cuarto pilar del bienestar”, sin blindar su financiación? Se crea la necesidad y el derecho en el papel, pero sin capacidad para ejecutarlo en la vida real. Su financiación y ejecución dependen de la voluntad de la administración de turno. Leyes con nombres de avances sociales pero con retrocesos presupuestarios.

Entonces, ¿quién está atendiendo a las personas dependientes? La radiografía es clara: las mujeres. Cuando el Estado no asume su deber, exige al sector de los cuidados que realice el trabajo reproductivo “gratuitamente”. Y déjame remarcar las comillas de ese gratuito, ¿gratuito para quién? Para las mujeres por lo menos, no.

Para empezar, el sector laboral social está profundamente feminizado. No es casual que, en un ámbito profesional dedicado a los cuidados, la mayoría de sus profesionales sean mujeres (trabajadoras sociales, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.). Tampoco es casual que, al observar las capas más informales, ocurra lo mismo pero con un pequeño matiz: la mayoría son mujeres migrantes, como sucede con el trabajo del hogar retribuido

Si estas mujeres migrantes se encargan de las tareas de los cuidados, ¿qué están pagando? Yo, como mujer española, siendo trabajadora social, estoy pagando con la precariedad laboral de mi sector con una infrafinanciación y un descuido por parte de las administraciones para con el bienestar. Eso, además del estrés económico, no me permite contratar dignamente a quien podría contribuir al cuidado de las personas dependientes que tengo a mi cargo, por lo que lo asumo como una jornada laboral más, sin cotizar y en la que pago yo.

Entonces, ¿qué están pagando estas mujeres migrantes? Pues en caso de que estén debidamente de alta en la Seguridad Social, con un salario digno, sean respetadas y no se vean sometidas a acoso ni abuso sexual, están pagando con el abandono a sus familias en sus países de origen, cuyo papel esté supliendo otra mujer. Estas son las cadenas globales de cuidados.

Es más, ahora que el frágil escudo social ha caído, me pregunto cómo se contempla cuidar a estas familias cuando pueden quedarse sin un techo desde el que siquiera esperar a que se resuelvan estas ayudas.

Sin embargo, esto invita a preguntarse qué interés tiene el Estado en perpetuar esta lógica, un problema eterno y endémico en el sistema de dependencia. Si pensáramos mal, diríamos que este maltrato colectivo es a propósito. La presión y el malestar a los que se somete tanto a las personas dependientes como a su entorno parecen responder a una voluntad de “dependizar” desde la miseria, como dirían mis colegas mexicanas. ¡Cuánto se ahorra el Estado en nombre del amor!

Sin embargo, esta lógica es letal, no sólo en lo emocional y lo moral, sino en lo literal: tan sólo en Andalucía, en 2025, han fallecido 6.995 en las listas de espera de la dependencia.

¿Cuántos brindis al sol tenemos que esperar para que el sistema de dependencia sea eficaz?