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Medio Ambiente insiste en que ha hecho "todo lo que se podía hacer" para proteger Doñana frente al gasoducto

"La protección de Doñana es absolutamente prioritaria" pero la Administración autonómica "puede hacer lo que la ley le permite", asegura el consejero de Medio Ambiente

Podemos e IU tachan de "aberración" los proyectos de Gas Natural mientras PP y Ciudadanos piden a la Junta que no escurra responsabilidades

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José Fiscal

Foto: Alejandro Ávila

El consejero de Medio Ambiente ha explicado la noche de este miércoles en el Parlamento que la Junta de Andalucía ha hecho "todo lo que se podía hacer, dentro del margo legal y competencial" para la protección del espacio natural de Doñana frente a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas natural que se están desarrollando en su entorno.

José Fiscal ha tratado de ofrecer el contexto físico, jurídico y político de la situación, deteniéndose en los límites geográficos del parque nacional y en el "reparto competencial" ante los proyectos de Gas Natural Fenosa, dejando la pelota de la responsabilidad de la vía libre a los mismos en los ministerios de Industria y Medio Ambiente, con "competencia sustantiva" a la hora de conceder las pertinentes declaraciones de impacto ambiental (DIA). La comparecencia del consejero en el debate conjunto se produce después de que  la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía rechazara con los votos del PSOE-A y C's un pleno sobre la cuestión que pidió Podemos.

"La barrabasada se está cumpliendo", ha lamentado el representante de IU, José Antonio Castro, que ha calificado de "aberración" los proyectos de la compañía, al igual que la portavoz de Podemos. Como Fiscal, IU y Podemos también han lamentado el fraccionamiento de los cuatro proyectos, uno de los cuales (Marismas Oriental) no tiene Autorización Ambiental Unificada (AAU) favorable, si bien es el de la Marisma Occidental el que ya se ha puesto en marcha y cuenta con todas las autorizacionesnacionales en positivo, como argumenta Gas Natural.

Fiscal ha insistido, como ya hizo el martes el portavoz de la Junta, en que el Gobierno andaluz está "rotundamente en contra" de que el subsuelo de Doñana se use para la extracción de gas, y ha pedido al Ejecutivo central, en funciones, "que rectifique" y que haga "una evaluación conjunta" de los cuatro proyectos y no fraccionándolos. IU, en ese sentido, ha elevado  una pregunta por escrito a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre el hecho de que se haya troceado en cuatro el proyecto para sacarlo adelante.

"Doñana no es negociable"

El consejero ha insistido en que "la conservacion de Doñana no es negociable" y que la Junta siempre hará "todo lo que esté en nuestra mano para protegerla, por encima de cualquier otro interés. Y aunque "la protección de Doñana es absolutamente prioritaria", ante las posibilidades legales de la Junta, como le pedían los grupos, Fiscal ha insistido en que la Administración "puede hacer lo que la ley le permita". "No basta la buena voluntad, tenemos que atenernos a la ley" y, en este y en otros casos, "las tres administraciones" tienen competencias medioambientales, recordando las limitaciones de las AAU autonómicas frenta a las DIA estatales.

El consejero ha destacado también la importancia de que el proyecto esté o no dentro del espacio natural de Doñana ya que "fuera del parque, la competencia autonómica se deliblita". Fiscal ha recordado que dos de los proyectos no tienen AAU ("cuando tenemos la responsablidad, no nos tiembla el pulso", ha dicho). Respecto a las autorizaciones otorgadas a las otros dos proyectos, el consejero ha asegurado que no suponen "carta blanca" sino que es "condicionada" ya que, asegura, se estará vigilante para que se mantenga el cuidado ambiental.

Mientras que los portavoces de PP y Ciudadanos han pedido a la Junta que no escurra responsabilidades, Podemos mostró su "sorpresa" por que el portavoz del Gobierno diga que están "radicalmente en contra" cuando han concedido la AAU que es la que ha permitido iniciar el proyecto. El portavoz de la Junta explicó que las obras que se han iniciado no están en el espacio protegido y la empresa ha amenazado con una reclamación patrimonial de 320 millones de euros a la administración por su trabas. En todo caso, la AAU que ha concedido la Junta de Andalucía se refiere a las partes del proyecto que no incluyen el espacio protegido.

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