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ARAGÓN

Los expedientados denuncian a Ciudadanos Aragón por revelación de secretos y falsificación de documentos

Como ya anunció eldiario.es, los militantes expedientados de Ciudadanos Aragón por participar en un grupo de whatsapp han denunciado esta mañana al partido por dos presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento privado, ambos tipificados en el Código Penal

Alegan también que la formación naranja incumplió el artículo 18.3 de la Constitución Española, por vulnerar el derecho a la "inviolabilidad de las comunicaciones"

La persona que supuestamente realizó las capturas de pantalla, argumentan en la denuncia, podría haber consumado un delito, castigado con penas de prisión de dos a cinco años, por "apoderamiento de las conversaciones" y cederlas "voluntariamente a terceros"

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La ex delegada territorial de C's Aragón y actual portavoz, Susana Gaspar.

La ex delegada territorial de C's Aragón y actual portavoz, Susana Gaspar. Cortes de Aragón / Zaragoza

Decía el pasado miércoles en Zaragoza Fran Hervías, secretario de Organización de Ciudadanos, que en su formación no aceptan "insultos ni personas que quieran dinamitar el partido desde dentro". Puede que eso mismo tenga que repetirlo delante de un juez porque, como adelantó eldiario.es, los afiliados de Ciudadanos Aragón suspendidos cautelarmente de militancia por participar en el grupo de whatsapp 'El club de la lucha' han denunciado a la formación naranja. 

El escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, ha sido presentado esta mañana en los Juzgados de Instrucción de la capital aragonesa, y en él acusan al partido en la Comunidad de haber cometido un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, por intercepción y difusión no autorizada de la conversación que mantuvieron en el mencionado grupo de whatsapp. Delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal.

Consideran que también se ha vulnerado el artículo 395 y, por tanto, que han consumado un presunto delito de falsedad en documento privado. Se basan en que las capturas de pantalla que el Comité Ejecutivo incluyó en los más de 35 expedientes disciplinarios (tantos como militantes expedientados) han sido "alteradas borrando el teléfono de quien difunde la conversación, y tapando nombres de quienes realizan los comentarios más críticos, para poder achacar su autoría a cualquiera y a plena conveniencia, o dar la apariencia de que se trata de comentarios generalizados".

En la denuncia argumentan que todas las capturas de pantalla coinciden cronológicamente "con la permanencia de un número de teléfono al que ninguno de los denunciantes recuerda haber dado de alta y que en ningún momento participa ni hace comentario alguno". En el caso de que esta persona, apuntan en el texto, "hubiera sido quien se hubiera apropiado del contenido del chat, entendemos además que podríamos encontrarnos ante la consumación de un delito del artículo 197.3.1 del Código Penal, ya que, tras el apoderamiento de las conversaciones, las habría cedido voluntariamente a terceros".

Solicitan que el partido aporte copia, "sin tachaduras ni alteraciones", de la comunicación que ha servido de base documental a la apertura de los expedientes; que se identifique a la persona titular del número de teléfono que, presuntamente, realizó las capturas de pantalla, y que la entonces delegada territorial del partido, Susana Gaspar, declare sobre la cesión recibida de tales notificaciones e identifique al presunto autor o autores de las mismas.

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