El Síndic teme que la Generalitat esté dando más niños en acogida para ahorrarse el dinero en centros
Las alarmas del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo en Cataluña), Rafael Ribó, se han disparado después de que trabajadores de los servicios sociales le hayan explicado que la Generalitat “lleva hasta el extremo” la política de acogidas en familias extensas de los menores desamparados. Preocupado por esta situación, Ribó ha pedido cifras y ha comprobado una tendencia clara: cada vez hay menos menores en los centros de acogida mientras crece la cifra de los que vuelven con sus familias extensas, es decir, con sus abuelos o tíos.
La tendencia podría entenderse como una buena noticia, ya que es mejor que los menores estén con sus familias que en centros públicos. Pero tanto algunos trabajadores de los servicios sociales como el Síndic de Greuges tienen dudas de si este tipo de adopciones están creciendo para mejorar el bienestar de los menores, tal y como defiende el departamento, o si el incremento se debe a la voluntad de liberar plazas de los centros y ahorrar así dinero.
En su último informe, el Síndic destaca que devolver a los menores a la familia extensa es, “con diferencia, menos costoso en términos económicos”, y eso hace que exista “el peligro de que no siempre se utilice en beneficio de los niños, sino que acabe siendo una medida de reducción del gasto”. El Síndic ya ha pedido explicaciones a la Generalitat para aclarar los motivos y para descartar que ningún menor desprotegido esté corriendo algún peligro después de haber vuelto con su familia. Cabe recordar que la mayor parte de los niños que se encuentran en esta situación han sido víctimas de malos tratos, abusos o negligencias graves por parte de sus padres. Enviarlos de vuelta con sus tíos o abuelos es una decisión delicada, ya que según la relación que exista entre los miembros de la familia, se podría volver a repetir la desprotección.
Menos menores tutelados
Las cifras que demuestran esta tendencia no son muy altas, pero si lo suficientemente significativas como para haber puesto en alerta al Síndic de Greuges y a su adjunta en defensa de los derechos de los niños y adolescentes, María Luisa Larios. De hecho, el año pasado fue el primero en que disminuyó el número de menores tutelados por la Generalitat apartados de su núcleo familiar. En 2008 había 6.328 menores en esta situación y la cifra ha ido creciendo año tras año hasta llegar al 2012. A priori, la cifra debería seguir aumentando, ya que la crisis complica cada vez más el día a día de las familias y la falta de recursos es uno de los motivos por los que la Generalitat puede retirar un niño de su núcleo familiar. Pero ha sido al revés. En 2012 la tendencia se invirtió y la cifra de niños tutelados por la Generalitat empezó a disminuir.
También se ha detectado que, en un año, hay 97 menores menos en centros de acogida, un tipo de servicio que siempre había estado sobreocupado, hasta el punto que el Síndic había denunciado que faltaban plazas. Por el contrario, los casos de niños derivados en centros de residencia y sobre todo las familias extensas han aumentado. Curiosamente, estos dos son los recursos que menos gasto suponen para la administración, mientras que los centros de acogida, los que cada vez están más vacíos, suponen unos 100 euros por día y niño y son los más caros económicamente hablando. “Las reducciones presupuestarias no pueden afectar a la situación de protección de los niños. Este debe ser un interés primordial”, denunció Larios. La adjunta del Síndic recordó que estos menores ya han tenido bastantes problemas con sus familias como para que ahora la administración pública no responda como sería de esperar.
Cuando los servicios sociales detectan alguna situación de riesgo que puede afectar a un menor intentan guiar a los padres para que solucionen los problemas y les advierten del riesgo que están corriendo. Evidentemente, la reacción de los servicios sociales depende del peligro que esté corriendo el menor. No es lo mismo un caso de desnutrición que un abuso sexual. Si la situación no cambia, se activa un Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) que analiza el caso para proponer a la Dirección General (DGAIA) qué camino seguir. Mientras los profesionales estudian el caso, el menor puede continuar en casa de sus padres (si la situación no es grave), pero si hay algún riesgo serio, se le puede derivar a casa de sus tíos o abuelos o en los casos más difíciles, a un centro de acogida. Al cabo de unos meses, los EAIA proponen a la DGAIA cuál es la mejor solución para cada caso y la dirección general decide. Se puede devolver los niños a sus padres, o a la familia extensa o bien a familias ajenas, que estén dispuestas a adoptar, de manera temporal, a los menores desamparados. También se les puede derivar a centros residenciales o centros de acogida. A pesar de los esfuerzos de tantos profesionales, a menudo las propuestas de los equipos no se pueden cumplir ya sea por falta de familias acogedoras o porque desde la DGAIA se decide otra solución.
Para realizar este artículo se ha hablado con diferentes profesionales, desde educadores hasta coordinadores de diferentes servicios sociales. Ninguna de las fuentes ha querido ser identificada ya que los centros son subcontratados por la administración y temen represalias. Sin embargo, han confirmado que, “últimamente hay una clara tendencia a priorizar las adopciones con familias extensas” y han constatado que desde la DGAIA se pide “explorar mucho más” esta posibilidad. Según explican, en algunos casos, incluso, se pide a los EAIA que vuelvan a investigar una parte de la familia que ya había quedado descartada para comprobar de nuevo si se les puede dar el menor en acogida.
