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La comunidad educativa catalana clama contra las acusaciones de adoctrinamiento de PP y C's

Govern, sindicatos, asociaciones de familias y colectivos de maestros defienden el modelo de la escuela catalana tras las críticas de las últimas semanas del Gobierno

"Tras estas afirmaciones hay una intención destructiva", afirma la profesora Francina Martí, presidenta de la asociación de maestros Rosa Sensat

El Ministerio de Educación ha enviado dos requerimientos a la Generalitat para que informe sobre denuncias de supuestos casos de adoctrinamiento y acoso

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Los miles de concentrados consideran que el catalán en las escuelas es una línea roja que el Gobierno no puede tocar. / Carmen Secanella

Manifestación en defensa del modelo de inmersión lingüística coincidiendo con la tramitación de la LOMCE. / Carmen Secanella

Los principales agentes de la comunidad educativa catalana han salido en tromba contra las acusaciones por parte del PP y de Ciudadanos (C's) de que el profesorado adoctrina a los alumnos para que sean favorables a las tesis soberanistas. Govern, sindicatos, asociaciones de familias, colectivos de maestros y entidades sociales tachan de "manipulaciones" y "ataques" unos mensajes que, sospechan, solo preparan el terreno por si el Gobierno central opta por asumir el control de la educación en Catalunya en una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución

"Desde un punto de vista legal y de práctica docente se puede afirmar con todas las letras que no hay adoctrinamiento", defiende Francina Martí, presidenta de la asociación de maestros Rosa Sensat, uno de los principales colectivos docentes de Catalunya. La práctica totalidad de sindicatos de profesores (USTEC, CCOO, UGT, CGT o USOC) se han pronunciado en esta misma línea en los últimos días. 

Una de las afirmaciones que más ha sublevado al profesorado catalán ha sido la del líder del PP en Catalunya, Xavier Garcia Albiol, que este sábado dijo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que en muchas escuelas se enseña "para odiar a España". La alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon (PSC) le replicó el mismo sábado y aseguró que las declaraciones de Albiol suponían "una falta de respeto absoluta para los docentes".

"Las palabras de Albiol simplemente son mentira", afirma en declaraciones a este diario Montse Conejo, presidenta de la mayor federación de AMPA de Catalunya, FaPaC. Según detalla, su organización, que aglutina más de 2.000 asociaciones de padres y madres, no ha recibido nunca quejas de familiares por este tipo de enseñanzas. En este sentido, más de 200.000 personas han firmado una petición –publicada en Change.org– que insta a la Generalitat a que se querelle contra Albiol por calumnias. 

Desde la conselleria de Enseñanza han informado este lunes que sus servicios jurídicos están estudiando emprender acciones judiciales contra los autores de ataques a la escuela catalana. En un comunicado, la consellera Clara Ponsatí ha aseverado que "atacar la profesionalidad de los docentes es injuriarlos e intentar atemorizarlos para que ejerzan la autocensura".

Las reacciones han llegado hasta el colectivo de inspectores de educación, que ha salido al paso de las valoraciones de un inspector que aseguraba a El Mundo que el adoctrinamiento sí es un problema en las aulas catalanas. "Estas afirmaciones son falsas y responden a un uso partidista de la educación", replica la asociación de inspectores AIEC, que agrupa al 90% de estos profesionales.

Dos requerimientos sobre la mesa de la Generalitat

El Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hizo público la semana pasada que ha enviado ya dos requerimientos al departamento catalán de Enseñanza, con fechas de 27 de septiembre y 2 de octubre, para pedirle explicaciones sobre supuestas denuncias por sobre actos de adoctrinamiento en las aulas catalanas. Algunas de las quejas, según han publicado varios medios de comunicación, tienen que ver con cómo los docentes trataron los sucesos del 1-O y el papel de la policía. 

"Si se ha llegado a dar algún caso [de adoctrinamiento] es residual y habría que revisarlo, pero en cualquier caso esto corresponde a la conselleria de Enseñanza", valora Martí. A día de hoy, sólo hay una caso judicial abierto que investiga si profesores de un centro de La Seu d'Urgell (Lleida) fomentaron el acoso a un hijo de guardia civil a raíz de la actuación policial del 1-O.

Han sido muchos los docentes que  antes y después del referéndum han decidido abordar la cuestión en clase, algo que defienden sindicatos como el mayoritario en la enseñanza catalana, USTEC. "Nosotros educamos en derechos, en valores y no podemos separar nuestro trabajo de la realidad que vive nuestro país", sostiene la central en un comunicado.

Méndez de Vigo informó de los requerimientos el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados tras una interpelación de  Toni Cantó (Ciudadanos) con la que afeaba a PP y PSOE "haber alimentado el monstruo" nacionalista catalán con su permisividad. Cantó instó al ministro a "trabajar" para que la educación que, afirmó, "imponen" los independentistas "no sea una fábrica de crear robots que solo piensan lo que ellos quieren que piensen".

Desde su fundación en Catalunya hace una década, el partido naranja se ha mostrado contrario al modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana, que sí defienden partidos contrarios al independentismo como el PSC. El PP nunca había criticado tan abiertamente la escuela catalana hasta la aparición de C's.

"La escuela es un patrimonio querido por todos"

Afirmaciones como estas, que cuestionan la tarea del cuerpo de profesores de Catalunya, han sido las que han acabado con la paciencia de la comunidad educativa catalana, que se rebeló contra el exministro José Ignacio Wert por su interés en "españolizar a los alumnos catalanes" a raíz de aprobación de la última reforma educativa.

"Pediría a estos políticos que se paseen por las escuelas en Catalunya, que vean la realidad", pide la presidenta de la asociación Rosa Sensat, que añade también que la educación no depende solo de las decisiones que pueda tomar un maestro, sino de toda una comunidad. "La escuela no es patrimonio de unos atolondrados, es un patrimonio querido por todo el país, por docentes, familias, entidades, ayuntamientos, barrios...", defiende Martí. 

Entidades y sindicatos de educación tienen, en última instancia, la sensación de volver a estar atrapados en una disputa política, algo que, según Conejo, no debería suceder. "Lo último que deberían hacer es meter a las familias y a los niños en una pelea política que está llena de mentiras", zanja la presidenta de FaPaC.

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