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Barcelona plantea respuestas (insuficientes) al problema de la vivienda

La PAH reivindica la captación de los pisos vacíos de los bancos para el alquiler social como una respuesta rápida ante la apuesta del Ayuntamiento para la construcción 

El consistorio ya ha detectado 398 viviendas "potencialmente vacías" en sólo tres barrios de Barcelona 

El teniente de alcalde de Hábitat Urbano reconoce que las medidas del Ayuntamiento son insuficientes, pero responsabiliza al anterior gobierno

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La PAH i 500x20 assisteixen al ple sobre desnonaments de l'Ajuntament de Barcelona / João França

La PAH y 500x20 asisten al pleno en el Ayuntamiento de Barcelona / João França

El Ayuntamiento de Barcelona celebró ayer un pleno extraordinario sobre los desahucios, pero de desahucios se habló más bien poco. Entre reproches del equipo de gobierno al anterior consistorio y críticas del PSC y de ICV-EUiA al concejal Antoni Vives, el tema se centró más en el parque de alquiler social o las ayudas al alquiler o al pago de hipoteca. Mientras tanto, las entidades que luchan día a día contra los desahucios asistían al debate desde la tribuna de invitados del Ayuntamiento, muy pendientes de una familia de Ciudad Meridiana que tenía una orden de desalojo a la misma hora que comenzaba el pleno y resistió gracias a la presión popular.

Los vecinos de Ciutat Meridiana, organizados en la plataforma de Nou Barris 500x20, hablan del barrio como "Villa Desahucio". Hay quienes aseguran que es el que más desahucios sufre en todo el Estado, pero la verdad es que no hay datos tan concretos. Una de las grandes críticas de las entidades es precisamente la falta de información del consistorio sobre la problemática. El informe presentado ayer admite que el Ayuntamiento de Barcelona sólo tiene conocimiento de los desahucio a través de los propios ciudadanos, cuando se dirigen a las oficinas de la vivienda o servicios sociales, o a través de los juzgados en los casos que estos consideran que puede afectar a personas vulnerables -normalmente menores y gente mayor.

En la tribuna de invitados también había, junto con las entidades sociales, un trabajador del Ayuntamiento que la semana pasada acompañaba a los vecinos de Nou Barris que hicieron una ruta para detener varios desahucios en una mañana. Mientras a los vecinos les había llegado información desde los juzgados, era el consistorio quien les pedía los detalles, porque desde los juzgados no les habían comunicado nada. Ni siquiera el desahucio de una familia con varios menores.

Una respuesta insuficiente

Todo ello no quiere decir que el Ayuntamiento no haya actuado en materia de vivienda, pero el mismo Antoni Vives, que defendió con contundencia sus actuaciones, reconoció que eran insuficientes. Cargó las culpas, sin embargo, sobre el anterior consistorio. Desde las filas del PSC, Carmen Andrés le señalaba al concejal, sin embargo, que su papel es gobernar, y que los socialistas perdieron las elecciones precisamente "porque hicimos algunas cosas mal", aunque añadió que en materia de vivienda todas las administraciones habían hecho las cosas mal. La PAH, en cambio, tenía reproches tanto hacia el anterior gobierno como hacia el actual.

El parque de vivienda social de la ciudad ha pasado de 1.140 viviendas en 2010 a 2.248 en septiembre, según recoge el informe presentado por Vives. Por otra parte, el Ayuntamiento pretende dedicar 100 millones de euros a incrementar en 3 años 1.000 nuevas viviendas de alquiler asequible a través de la construcción pública y privada y la cesión de viviendas privadas.

Carlos Macías, de la PAH de Barcelona, critica que "las soluciones que plantean no son para hacer frente a los desahucios, sino medidas de adquisición y construcción, que es una forma cara y lenta". Toni Tallada, de 500x20, añade además que es una contradicción que mientras tanto se hayan vendido viviendas de protección de titularidad pública a fondo buitres, como denuncian desde hace meses vecinos de cuatro bloques.

Captar pisos vacíos de los bancos

"No ha habido ninguna voluntad por parte de este ni del anterior Ayuntamiento de movilizar el parque de los pisos vacíos, que lo pueden hacer desde el 2007", remarca Macías. Ante medidas como la de la construcción, la PAH plantea una respuesta más rápida, como es hacer aflorar los pisos que tienen cerrados y vacíos entidades financieras en la ciudad. En esta línea, llevaron una moción al Ayuntamiento para multar a los pisos vacíos y fomentar su cesión al alquiler social que se aprobó a principios de año. 10 meses después, el consistorio informa de que ha empezado a actuar en tres barrios -Ciudad Meridiana, Trinitat Vella y Besòs- y ha detectado 398 viviendas "potencialmente vacíos", que deberá inspeccionar. Desde la PAH piden sin embargo que actúe con celeridad y en toda la ciudad.

Merced Pidemont, también de la PAH, asegura que otros ayuntamientos como Terrassa, donde se aprobó antes la moción de la PAH, hace un año que aplican la medida con resultados efectivos. "No pedimos nada más que apliquen la ley", recuerda Pidemont. La ley del derecho a la vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, incorpora la posibilidad de sancionar como infracción muy grave el hecho de mantener desocupado de una vivienda después de que la Administración haya adoptado las medidas establecidas para evitar la desocupación permanente. La multa puede ser de hasta 900.000 euros si la impone la Generalitat, 500.000 si lo hacen los los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes como Barcelona o de 250.000 si lo hacen los de más de 5.000.

Aunque aprobó la legislación, ni el gobierno Tripartito ni las administraciones locales aplicaron estas sanciones hasta que la PAH empezó a presionar a los ayuntamientos para aprobar una moción que reclama su cumplimiento. La Generalitat, por su parte, planteaba el pasado mayo una nueva ley que establecía sanciones muy inferiores.

Además de plantear medidas para poner los pisos vacíos a disposición de un alquiler asequible, la ley de 2007 también contemplaba otras medidas como el alquiler forzoso o la expropiación temporal en caso de incumplimiento de la función social de la vivienda. Sin embargo, estos artículos de la ley, similares a la famosa legislación aprobada por el gobierno de Andalucía, fueron eliminados por el gobierno de CiU con el apoyo del PP entre las medidas de la ley Ómnibus.

Mediación con entidades

Sin aplicar este tipo de medidas sancionadoras, lo único que puede hacer el Ayuntamiento es mediar con las entidades bancarias. En algunos casos, con éxito, pero cuando la entidad no quiere, no tiene mecanismos para avanzar la situación. Es el caso de María, una septuagenaria por la que la PAH ocupó durante dos días oficinas de Catalunya Caixa y reunió el apoyo de parlamentarios y del consistorio. Pero si el banco se enroca, aunque la intervención del Ayuntamiento, María, que ayer asistía el pleno, se mantiene con el alma en vilo.

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