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La Junta remite a las Cortes la Ley Antifracking pero confía en su prohibición estatal

Castilla-La Mancha es la quinta región que intenta frenar la fractura hidráulica, en este caso aumentando los requisitos a las empresas

"Queremos un modelo energético distinto apoyado en energías renovables y no en las que generan riesgos para el medio ambiente, el suelo o la biodiversidad"

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Fractura hidráulica

Nuevo paso adelante de la Ley castellano-manchega contra el ‘fracking’ mediante la cual el Gobierno regional establece una serie de requisitos que buscan impedir la realización de estas prácticas en la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado su remisión a las Cortes regionales para que inicie su tramitación parlamentaria “con el máximo consenso posible”, bajo la previsión de que pueda estar aprobada en la primavera del año que viene.

Así lo ha detallado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha expresado su deseo de que los grupos parlamentarios puedan ponerse de acuerdo para su aprobación. Con ello, ha reiterado, se cumple un compromiso electoral del presidente, Emiliano García-Page, antes de que finalice el año 2016.

Las previsiones con las que trabaja el Gobierno castellano-manchego es que a nivel nacional se den los pasos necesarios para que la fractura hidráulica se prohíba desde las Cortes Generales, es decir que se una práctica ilegal en España. Pero mientras tanto, en Castilla-La Mancha, con esta normativa quieren darse los “pasos necesarios para dificultarla y que en la región sea prácticamente imposible que haya fracking”.

“Partimos de la prudencia frente a la temeridad, y en todo caso, lo que hacemos es escuchar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”, ha dicho el consejero en relación a las plataformas antifracking de las provincias de Guadalajara y Albacete. “Castilla-La Mancha ha sido sensible con esta cuestión y plantea un modelo energético distinto apoyado en energías renovables y desarrollo rural alternativo y no en las que generan riesgos para el medio ambiente, el suelo, la biodiversidad, o la sismicidad”, ha recalcado Martínez Arroyo.

El fracking requiere "un uso muy exigente" del agua

En este sentido, ha remarcado que las acciones de fractura hidráulica requieren un “uso muy exigente” del agua, cuando en Castilla-La Mancha hay “muchas cuestiones pendientes en esta materia”, sobre todo en materia de agricultura e industria agroalimentaria “que sí responden al modelo de desarrollo rural sostenible por el que apuesta este gobierno”.

El proyecto de Ley Antifracking que se remite ahora a las Cortes no ha sufrido grandes modificaciones respeto al primer borrador, salvo algunas mejoras incorporadas durante el proceso de alegaciones que han significado “su enriquecimiento”. Martínez Arroyo también ha recordado que actualmente no hay en la región ninguna petición para realizar proyectos de fracking sino investigaciones autorizadas, que se verían afectadas por la Ley, ya que tiene carácter retroactivo.

Conscientes de que la energía es una materia de competencia estatal, Castilla-La Mancha ha decidido legislar sobre los requisitos medioambientales. Es la quinta comunidad que intenta impedir esta práctica, que en Navarra y Cantabría ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional, por invasión de competencias. Es lo que se trata de evitar en este caso. En esta comunidad autónoma se elaboraría un Plan Estratégico que delimitaría las exigencias para que las peticiones de empresas se prolongaran al menos dos años. Contando con que el proyecto podría aprobarse en la primavera de 2017, el consejero ha confiado en que para la primavera de 2019 el fracking “ya este prohibido en España”.

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