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Los bancos deberán ofrecer alternativas habitacionales antes del desahucio en Castilla-La Mancha

Así lo recogerá la futura Ley regional de Vivienda, que ya dispone de texto articulado y actualmente evalúan los servicios jurídicos de la Junta

La norma también prevé la creación de un censo de viviendas vacías para promover su ocupación en zonas de mayor demanda

El Gobierno regional está intentando que no haya conflicto de competencias con el Estado para evitar su recurso al Tribunal Constitucional

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Foto: Amnistía Internacional

Una serie de obligaciones vincularán a las entidades financieras para que antes de iniciar una ejecución hipotecaria en Castilla-La Mancha que derive en desahucio, prevean la posibilidad de ofrecer a la persona o personas afectadas una “alternativa habitacional”. Así lo recogerá la  futura Ley regional de Vivienda cuyo articulado ya ha finalizado el Gobierno castellano-manchego y que actualmente estudian los servicios jurídicos. El objetivo para su aprobación sigue siendo el año que viene, pero aún tiene que recibir luz verde del Consejo de Gobierno, del Consejo Consultivo, pasar el proceso de información pública e iniciar después su tramitación parlamentaria, un proceso que se puede alargar debido a su complejidad.

Según ha explicado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda, José Antonio Carrillo, el texto ya ha sido derivado también a la consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ya que buena parte de sus medidas están contempladas en esta iniciativa de Podemos que forma parte de la acción de Gobierno para 2018.

Las situaciones de emergencia habitacional son solo una parte de la nueva normativa, ya que no se trata de una ley ‘ad hoc’ para frenar los desahucios, sino de un cuerpo legislativo completo para regular todos los aspectos en materia de vivienda. Aún así, en la Junta reconocen que este objetivo es uno de los más importantes y que para ello se regularán con rango de ley tanto las Oficinas de Intermediación Hipotearia (‘Antidesahucios’) como una serie de “obligaciones” para que las entidades financieras que vayan a a iniciar una ejecución hipotecaria, prevean antes ofrecer al afectado una alternativa habitacional, “tanto con medios propios como con la colaboración de las administraciones públicas”. La futura ley también establece que si el banco en cuestión se queda con alguna vivienda, aparte de dar una solución a la persona, también “tendría que ofertarla” para la Administración, “no para que se la quede, sino para que la adjudique a alguien que tenga esa necesidad”.

El director general de Vivienda precisa que esta ley parte con la base de que ya ha habido una respuesta del Estado a comunidades autónomas que han legislado contras los desahucios, en forma de recursos ante el Tribunal Constitucional, como ha sucedido recientemente con la Comunidad Valenciana. Por esto, la Junta ha querido conformar una norma con “medidas respetuosas" tanto con los bancos como con la doctrina del Constitucional que ya se está creando y que no entren en esa situación de conflicto con el Estado. Por ejemplo, la apelación a las entidades financieras para que ofrezcan soluciones se ha estudiado para que no sea recurrida, pero “otra cosa es que lo pueda interpretar el Gobierno central”.

Posibilitar la "movilización" de viviendas

De cualquier forma, es también el motivo por el que la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha contempla una serie de acciones previas y mecanismos antes de iniciar un proceso coercitivo (de multas y sanciones, que también establece la norma) hacia constructores, empresas o dueños de viviendas desocupadas. El objetivo, precisa Carrillo, “no es buscar la sanción” sino posibilitar la movilización de las viviendas, ofreciéndoles ayudas a la rehabilitación como las que ya se han ido convocando, o subvenciones para el alquiler, “en vez de tenerlas vacías”. “Ahora, si no se adoptan, sí llegaremos a las multas”, subraya.

Como novedad, la Ley también prevé un censo de viviendas vacías que todavía no existe en la región. En este caso, el Gobierno quiere ir un poco más allá debido a las particularidades de la región y su extenso ámbito rural: ese registro no se centrará en cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, sino en aquellos donde haya demanda de vivienda como Ciudad Real, Albacete, Toledo o los del Corredor del Henares, entre otros. Es decir, “aquellas zonas donde hemos acreditado que hay una necesidad de vivienda gracias el registro de demandantes”, ya que “no podemos fomentar la ocupación de viviendas en zonas donde la dinámica poblacional no lo requiere".

Además, dentro de los inmuebles vacíos, también se diferenciará entre que lo están sin ningún motivo y los que son susceptibles de beneficiarse de los instrumentos de ayudas al alquiler o a la rehabilitación antes mencionada.

Promociones públicas que "se quedaron a medias"

En cuanto a la vivienda social, el Gobierno regional reconoce que la situación económica no permite desarrollar todas las promociones económicas de vivienda que serían deseables. “Lo que estamos intentando esta legislatura, con mucho esfuerzo, es culminar todas aquellas promociones públicas tanto de la Junta como de GICAMAN (Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras) que se dejaron a medias la pasada legislatura y se paralizaron. Antes que hacer nuevas viviendas desde cero, tenemos promociones detectadas que, habiendo también demanda, se quedaron a medio construir y a las que ahora hay que dedicar más recursos públicos porque se han depreciado, desgastado o han sido vandalizadas”. Estas acciones se suman al ‘stock’ “aprovechable” del que ya disponen los bancos y “que tenemos que poner en valor”.

Precisamente, la delegación castellano-manchega de Amnistía Internacional hizo públicas recientemente sus propuestas para garantizar el derecho a la vivienda. A las ayudas al alquiler, la intermediación y a la puesta en valor de los recursos habitacionales públicos, ha añadido otras peticiones como la adopción de un protocolo de coordinación entre juzgados y servicios sociales para que en cuanto exista un proceso de desalojo se contacte con los servicios sociales para garantizar una vivienda adecuada alternativa.

Esta organización ha solicitado igualmente incrementar el parque de vivienda social para hacer frente al volumen de desahucios en la región y realizar un diagnóstico de las necesidades de vivienda de la población, con el fin de “elaborar políticas orientadas a satisfacer las necesidades de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”. Para ello considera necesario contar con datos desagregados de cuántas personas han perdido la vivienda como resultado de un desalojo; cuántas de ellas son mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad. Según apunta, tan solo en 2016 hubo 1.018 desahucios de viviendas en alquiler en Castilla-La Mancha y 1.251 desalojos hipotecarios pero se desconoce a cuántas personas afectaron.

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