La tarjeta sanitaria para los inmigrantes 'sin papeles' deberá esperar en Castilla-La Mancha
El Tribunal Constitucional tumbó a principios de noviembre la Ley valenciana, aprobada para regular el acceso universal a la sanidad a los extranjeros que estuviesen en situación irregular, o 'sin papeles'. La medida fue una de las primeras que aprobó el Gobierno valenciano, pero ha sido suspendida de forma “automática”, debido a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, acordado el 23 de octubre en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Rajoy señaló que la norma valenciana “vulneraba la comppetencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad”, según informó la agencia EFE, al regular una materia que corresponde “exclusivamente” al Estado.
Ante esto, la consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha tenido que retrasar la norma autonómica que garantizaría la atención universal sanitaria para todos los ciudadanos de la región. Fuentes del organismo aseguran que, actualmente, se atiende a todo quien lo solicita en los centros sanitarios pero que los servicios jurídicos de la consejería han tenido que prar con la elaboración de la norma. “Hay que estudiar primero por qué el Gobierno central tumbó la norma valenciana y luego seguir adelante”, señalan las fuentes de la consejería.
Castilla-La Mancha ha sido, desde la instauración del Real Decreto 16/2012, conocido como de “exclusión sanitaria”, al única región que no adoptó medidas para paliar las restricciones que significa este Decreto para los inmigrantes sin papeles. Organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo han denunciado de forma reiterada la situación. En septiembre de 2013, Médicos del Mundo entregó un octavo informe mensual, en el que denunciaban que se había documentado más de cien casos de exclusión de personas del sistema sanitario.
Otras organizaciones, como Comisiones Obreras pidieron, nada más conformarse el nuevo Gobierno regional, que se devolviese la trjeta sanitaria a los 'sin papeles', para que pudiesen recibir asistencia médica gratuita, así como la propuesta para un Pacto Regional de Inmigración. La Comunidad Autónoma, por su parte, ha asegurado que su intención es devolver la tarjeta sanitaria, pero que para eso se necesita la derogación del Real Decreto, pero que la consejería de Sanidad ya trabajaba en la normalización jurídica para devolver la tarjeta sanitaria a todas las personas.
