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La guerra de los Rose

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Una concentración de 2014 para revindicar la consulta del 9-N

Situaciones como la que se está viviendo en Catalunya son difíciles de imaginar y, sin embargo, están pasando y habrá que buscar una solución que no pasa ni, de un lado, por saltarse las normas ni, de otro, por criminalizar las legítimas aspiraciones de quienes visualizan Catalunya como una entidad política separada de España. Un planteamiento de estas características no gustará a muchos pero sería bueno analizar la situación desde una perspectiva menos apasionada y más racional si lo que de verdad se pretende es evitar un choque entre dos trenes igual de nacionalistas.

Aprobar normas encaminadas a hacer viable una secesión por vía exprés, y sin respetar las normas procedimentales, es, sin duda, un mal comienzo. Las normas de procedimiento son la única garantía existente para que cualquier asunto, el que sea, discurra por un cauce en el cual los derechos de todos se encuentren mínimamente garantizados y, también, para que todos tengan claras las reglas del juego. Lo sucedido este miércoles en el Parlament ni fue un buen comienzo ni augura un mejor futuro.

La respuesta, como era de esperar, estuvo a la altura o a la " bajura", si se me permite el término. La credibilidad del Tribunal Constitucional se encuentra en un mínimo histórico y, más preocupante aún, la certeza que tenía el Gobierno sobre el resultado de su impugnación no habla nada bien de la garantía de imparcialidad que ha de presumírsele a cualquier Tribunal... veremos qué termina diciendo Estrasburgo. Asumir con absoluta seguridad, como se ha asumido, que el Constitucional suspendería la Ley catalana de desconexión es tanto como atribuirle, al máximo intérprete de la Constitución, un carácter de mero ejecutor de las grandes líneas políticas del Gobierno.

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Sobre las garantías del referéndum catalán

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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), junto al vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras (c), y el conseller de la Presidencia, Jordi Turull (i).

Desde la convocatoria unilateral del referéndum del 1-O, venimos escuchando a una parte de la izquierda estatal y catalana posicionarse en contra del mismo porque, según se afirma, se trata de un proceso que no tiene garantías suficientes.

En concreto, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual.

Este es un posicionamiento conservador y simplista de las garantías, nada propio de la concepción de las garantías que, tradicionalmente, ha tenido la izquierda crítica. Y explico por qué.

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¿Hacia dónde vamos contra los machistas?

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Últimamente se ha hablado mucho acerca del Derecho: si es legítimo desobedecerlo ante una normativa injusta, si los jueces no tienen cabida en este sistema porque aplican la ley con automatismo -sin cuestionarse que, a veces, ésta puede ser desproporcionada-, si el Derecho es machista porque está creado por el patriarcado -por lo tanto, hay que incumplirlo-, y si, en suma, los operadores jurídicos estamos desautorizados para defender la igualdad de oportunidades, dado el sistema patriarcal al que servimos.

Entiendo que quienes defendemos el Derecho no estamos sometidas al sistema ni lo asumimos acríticamente; me explico: el Derecho es una herramienta esencial para cambiar el sistema y sólo desde él y mediante él se lograrán grandes conquistas, como ya sucedió en el pasado. Pienso en mujeres como Concepción Arenal, Victoria Kent o Clara Campoamor -me dejo a muchas, lo sé, no me cabrían todas ni en 1.000 artículos que escribiera-.

Sin embargo, como jurista, indudablemente, elijo a la primera, no sólo por su lucha por el feminismo, sino también por ser la precursora de la humanización de las penas de prisión, visto claro está, desde una concepción pietista en el marco histórico y cultural que le tocó vivir.

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El Prat: no hay derecho

Aeropuerto del Prat

"El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas (...)" Marcelino Camacho, Charlas en la prisión: El movimiento obrero sindical, 1976.

La quiebra del pacto constitucional y democrático suele iniciarse con la inobservancia de los derechos de los más desprotegidos, hablando de una debilidad sistémica.

Por este motivo, entre otros, el Orden Social (Laboral) ostenta una importantísima peculiaridad respecto de los demás órdenes jurídicos. No se contempla la igualdad de partes (y ello no se refiere a que ambos litigantes, trabajador y empresa, no tengan los mismos derechos y mecanismos de defensa en un Juicio) sino a que no puede existir igualdad cuando el medio de vida (salario) de una, depende del contrario.

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Justicia o barbarie

Breivik lleva a Estrasburgo la demanda contra Noruega por su régimen en prisión

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra "la multiculturalidad y la invasión musulmana", se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: "Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo".

Lippestad, que personificaba todo aquello que Breivik odiaba de Noruega, aceptó el caso y lo vivió como un acto de reafirmación de los valores de democracia y dignidad de todas las personas, que incluye también el derecho a la defensa ante los tribunales.

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¿Dónde está Santiago Maldonado?

Ecologistas piden al Gobierno argentino esclarecer la desaparición del activista Santiago Maldonado

La historia de la desaparición forzada de personas vuelve a suceder en Argentina. En el corte de una ruta de la zona de Esquel en la Patagonia —durante una manifestación en la cual los mapuches reclamaban la libertad de su líder Jones Huala y la propiedad de unas tierras que originariamente pertenecían a este pueblo y que fueron compradas por Benetton a una sociedad inglesa— se encontraba apoyando la acción un joven artesano de 28 años, Santiago Maldonado. La Gendarmería Nacional recibió la orden de intervenir y reprimió a las pocas personas que participaban en la manifestación. Todos los participantes pudieron escapar cruzando un río, excepto Santiago Maldonado, que según algunos testigos fue capturado. Desde ese día —primero de agosto— no se sabe nada más de él, negando el gobierno el haberlo detenido. Todo hace prever la muerte de este militante. Los primeros días el aparato mediático al servicio del gobierno trató de desviar la atención afirmando que alguien lo había visto a más de 1.500 km de distancia o sugiriendo que habían sido los mismos mapuches los que lo habrían secuestrado o que se habría ido fuera del país. Táctica muy conocida en la época de los setenta del siglo pasado donde la dictadura decía que los 30.000 desaparecidos estaban en Europa descansando.

El operativo represivo estaba conducido por el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo cual demuestra la importancia que se le da a la lucha de los mapuches y a la voluntad decidida de terminar con la misma.

Los mapuches son uno de los pueblos originarios que habitaban en la Patagonia mucho antes de la constitución de lo que después fue la República Argentina. Ocupaban una parte de estas extensísimas tierras hasta que fueron prácticamente aniquilados y sometidos en el siglo XIX por la operación que se denominó la 'Conquista del Desierto', llevada adelante por el general Julio A. Roca. A los cautivos que sobrevivieron los utilizaron como mano de obra esclava en trabajos del campo, siendo las mujeres separadas de sus hijos y repartidas para servir en las casas de la oligarquía. Constan avisos de este reparto en los diarios de la época que atestiguan de estos hechos. La Campaña del Desierto y sus consecuencias ha sido calificada posteriormente como un genocidio de los pueblos originarios y su objetivo final fue apoderarse de las tierras mapuches, las cuales fueron distribuidas entre los generales y oficiales victoriosos y un pequeño número de hacendados que hoy representan la oligarquía terrateniente argentina. Sus nombres son bien conocidos.

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Teoría de la conspiración bis

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Uno de los puntos de recuerdo a las 15 víctimas de los atentados de Catalunya en Barcelona.

La reacción de algunos medios ante los atentados de Barcelona no deja de ser sorprendente pero, y más grave aún, parece una repetición de un "modelo comunicacional" utilizado después de los atentados del 11M en Madrid. La estrategia es bastante sencilla: en lugar de abordar el auténtico problema y atribuir la responsabilidad de esos crímenes a quienes los cometieron, se utilizan los atentados para atacar a determinadas personas con la finalidad de, luego, obtener un rédito político.

La denominada "teoría de la conspiración" que se instaló en una serie de medios de comunicación a partir del 11 de marzo de 2004 no sirvió para esclarecer ni uno de los hechos relacionados con esos atentados, pero sí para que una serie de personas viesen cuestionada su profesionalidad con un daño reputacional irreparable provocando, incluso, hasta el suicidio de la esposa de un comisario de Policía.

Al amparo de esa "teoría de la conspiración" –que para muchos sonará a viejuno, pero que se instaló aquí a partir de los atentados yihadistas de 2004– se estructuraron varias de las defensas de algunos de los máximos responsables de dichos atentados y, también, la defensa de aquellos que eran los máximos responsables de nuestra seguridad en 2004 que, por cierto, son los mismos que tienen tal competencia en la actualidad.

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Aprender (y aprehender) el sistema: el suyo, y el nuestro

Vista general del Congreso de los Diputados.

Uno de los retos principales a los que se enfrentan los sistemas democráticos en la actualidad viene determinado por la 'juridificación' de lo político. Y es que, en los últimos tiempos, buena parte de la esfera de debate se ha venido trasladando al mundo de lo jurídico con una clara pretensión de restringir el margen de lo discutible en democracia.

Detrás de esta mudanza en los planos de discurso subyacen múltiples y complejas causas, algunas de las cuales están insertas en la propia naturaleza del Estado constitucional contemporáneo. Así, la primera y más inocua es la que se infiere de la evolución de un sistema donde la Constitución se erige también en un programa positivo de máximos, con principios y valores que encuentran su concreción en el reconocimiento de una profusión de derechos que han de ser promovidos y sustentados por el Estado, lo que ha supuesto la expansión sin precedentes de lo normativo a esferas antes vedadas a la acción del Derecho. Si, mientras en el Estado liberal la Constitución pretendía ser un mero marco procedimental para la conformación de mayorías cambiantes y reversibles, en el Estado Social y Democrático la Carta Magna se rearma con su normatividad para intentar proyectarse, desde su sede, hasta el último rin

cón del Estado con la esperanza, a veces ingenua, de poder realizar con éxito los objetivos sociales que solemnemente proclama. Evolución del constitucionalismo que ha de recibir nuestro respaldo (al menos el de quien escribe estas líneas), por cuanto intenta amortiguar las contradicciones del sistema liberal que sus propios teóricos ya habían perfilado: que de poco sirve reconocer los derechos civiles y políticos si no existe, mediante, una acción jurídica a favor de un mínimo de justicia social que les dé soporte.

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No hay memoria sin feminismos, no hay feminismos sin memoria: Mujeres Libres 80 años después

Cartel de Mujeres Libres atribuido a Baltasar Lobo.

La organización de mujeres anarquistas nació en Madrid durante la primavera de 1936, con la aparición de su revista homónima. Las libertarias Amparo Poch, Lucía Sánchez y Mercedes Comaposada fueron sus principales impulsoras. El grupo se amplió mediante la fusión del Grup Cultural Femení de Barcelona, nacido en 1934, con el grupo madrileño que ya había iniciado la publicación de la revista y la expansión de las agrupaciones por el centro de la península. El crecimiento del colectivo aumentó notablemente, hasta que consiguieron alrededor de 28.000 asociadas y unas 170 agrupaciones durante la Guerra Civil.

La Federación Nacional se creó hace ochenta años en Valencia en su primer congreso, entre el 20 y el 22 de agosto de 1937 en su local situado en la Calle de la Paz, 29. Las militantes definieron la fundación de la federación como "un acontecimiento histórico", a partir del que se buscaba "crear una fuerza femenina consciente y responsable que actúe como vanguardia de la Revolución". De hecho, en este congreso se declararon como el primer caso de una organización política femenina. Como acto de clausura del Primer Congreso Nacional, se celebró un mitin en el teatro Apolo de Valencia que contó con la participación de Federica Montseny, primera mujer ministra de la historia del Estado español, quien declaró: "A la Federación Mujeres Libres le toca cumplir una gran labor revolucionaria". En conmemoración de este aniversario, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha organizado entre el 8 y 10 de septiembre en Madrid unas jornadas de formación que contarán con la participación de reconocidas historiadoras sobre esta cuestión.

Autónomas pero muy cercanas al resto de grupos anarquistas, Mujeres Libres se alimentaba tanto de los ideales y recursos, como de las acciones y esperanzas que nacían en el seno de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). A pesar de sus fuertes vínculos, la organización femenina no fue admitida como rama autónoma dentro del movimiento libertario. Los motivos giraban en torno a la desunión que su entrada podía suponer, generada mayoritariamente por la hostilidad existente con la FIJL. La crítica y la escasez de cooperación que recibieron del resto del movimiento hizo que las militantes lo atribuyeran a la perdurabilidad de prejuicios machistas y a la aversión de dejar en manos de mujeres tareas consideradas de dominio exclusivo del hombre.

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Un caso no es una causa

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Puri García, portavoz de Juana Rivas, lee una carta que le ha hecho llegar la mujer de Maracena que huyó con sus hijos.

El caso de Juana Rivas, o la causa de su "asesora judicial", ha abierto un debate vivísimo acerca de varias cuestiones, que se han pretendido resolver unívocamente desde un peculiar altavoz, "la asesora judicial" de Juana, quien ni siquiera es abogada pero que se considera muy legitimada para dictar estrategias –aunque sean ciertamente disparatadas– bajo el manto de la defensa de las mujeres. Feministas lo somos muchísimas, pero muy pocas personas se apresurarían, en "apoyo" a mujeres maltratadas, a despeñarlas por la senda de la inmolación bajo la bandera feminista. ¿La justificación? Que se debe actuar al margen de la ley porque ésta no funciona ni sirve para protegernos.

Bajo este prisma, el sistema de protección a la mujer sería una mera entelequia, una utopía no cumplida y tanto la Administración como la Justicia, como las abogadas de oficio que han defendido a las clientes de esta "asesora judicial" han sido inoperantes, perezosas o indolentes. El planteamiento, por tanto, sería: la ley es insuficiente y el sistema entero es inoperante. De ahí, se justificaría una suerte de desobediencia civil, muy sui géneris, en la que la afectada por tal injusticia, Juana Rivas, se daría a la fuga y, lisa y llanamente, incumpliría el dictado de cuatro jueces de Granada –una jueza del Juzgado de 1ª Instancia y tres magistrados de la Audiencia Provincial–.

¿Cuál es la ley que echa de menos? ¿Qué reclama que realicen nuestros representantes políticos ante el órgano legislativo contra la violencia de género? En el orden penal, se establece en los artículos 153 y 173 del Código Penal una extensa y desarrollada punición de aquellas conductas de violencia machista que han generado daño físico o psíquico en sus parejas. Así mismo, se encuentra todo un elenco de medidas de carácter familiar que, llegado el caso, podría afectar a la relación entre los hijos y sus padres condenados o sospechosos de maltrato machista.

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