El ministerio de Fomento estima un beneficio neto de 34,3 millones de las autopistas quebradas cuando las rescate
El ministerio de Fomento ha dado un paso más en el proceso para el rescate de las autopistas quebradas. En el BOE de este viernes se ha publicado el convenio de gestión directa entre la Administración y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre donde se articula el marco por el que las vías pasarán a la gestión estatal una vez que la justicia lo apruebe. Junto al convenio se incluye un anexo con un modelo de hipótesis económico para estas vías una vez que el Estado comience a gestionarlas. En estas cuentas se estima un beneficio neto de 34,3 millones de euros gracias a unos ingresos de 103,7 millones de euros en 2018.
Las previsiones del modelo económico de Fomento estiman que este total de ingresos se divida en 93,5 millones de euros por ingresos de peajes a los que se sumarían los ingresos de explotación de las áreas de servicio que prevén que sean de 10,23 millones de euros. En esta hipótesis, el ministerio de Fomento estima un incremento anual del tráfico del 7,5% y un aumento de las tarifas del 2%.
La fecha prevista para asumir la gestión de estas vías ,según el calendario que se ha publicado en el BOE, es enero de 2018. Con la excepción de la Autopista entre Madrid y Toledo que retrasan hasta abril de ese ejercicio. En concreto las vías que se prevé que pasen a la gestión pública son las radiales de Madrid (R-2, la R-3, R-5, R-4) así como el Eje Aeropuerto, la Autopista Madrid-Toledo, la Autopista Ocaña- La Roda, la Circunvalación de Alicante y la Autopista Cartagena-Vera.
El convenio apunta que la gestión de las vías se “financiará con cargo a las tarifas”. Dentro de los términos que comprende la explotación de estás vías, según se recoge en este documento, se encuentran las operaciones tanto de conservación como de mantenimiento, las actuaciones enfocadas al mejor uso de la vía entre las que se incluye la señalización, la integración ambiental, la seguridad viaria, ordenación de accesos y el uso de las zonas de protección de la carretera.
En el Consejo de Ministros del 28 de julio se aprobó este convenio de gestión directa, que ahora se publica en el BOE, para que el Ministerio de Fomento (a través de la empresa pública SEITTSA) se haga cargo de las autopistas de peaje en quiebra. Para este proceso primero tiene que establecer el juez su reversión al Estado.
La judicialización de este proceso se ha complicado durante los últimos años con varios pleitos abiertos en el juzgado mercantil 6 de Madrid. En el proceso de concurso de acreedores se han ido interponiendo varios recursos que han ido dilatando el proceso.
