Pescanova suelta lastre y comienza la venta de filiales en Latinoamérica
El buque del Capitán Pescanova seguirá navegando, aunque con mucha menos carga a bordo. La multinacional gallega ha conseguido 56 millones de euros imprescindibles para continuar con su actividad, pero ahora tiene que empezar a soltar lastre vendiendo activos (todo tipo de propiedades en sus filiales en el mundo), con el objetivo de reducir la deuda de más de 3.500 millones de euros. La administradora concursal, la consultora Deloitte, firmó este viernes la inyección de liquidez necesaria para su que la firma de alimentación pueda operar, con un grupo de bancos españoles, que completa la Xunta con otros cuatro millones de euros. Para evitar la liquidación y afrontar el acuerdo con los acreedores, la estrategia de la nueva dirección de Pescanova pasa por vender “dos o tres empresas”, según su aún presidente, Manuel Fernández de Sousa. La realidad es que la desinversión será muy signitivativa.
Se trata de “adelgazar el grupo”, en palabras de los administradores concursales. Y la dieta consistirá en vender activos, prioritariamente en el extranjero. Parte de ese trabajo lo está realizando un hombre llamado Herman Chadwick, síndico de la quiebra de Pesca Chile, una de las principales filiales de la gallega, que busca compradores para esta empresa y para las otras sociedades en el mismo país Nova Austral y Acuinova. Entre las tres suman deudas de hasta 500 millones de euros con acreedores diversos, entre los que se encuentra la propia Pescanova, a la que deben casi 43 millones, lo que demuestra lo enrevesado del entramado societario y financiero que tratan de desentrañar el juzgado de Pontevedra que pilota el concurso de acreedores y la Audiencia Nacional, cuyo juez Pablo Ruz ha encausado de Sousa y a otros tres directivos de la entidad por falsear las cuentas.
Chadwick reunió el pasado miércoles a los acreedores de Pesca Chile, a los que informó de su intención de proceder a la venta escalonada de los activos de Pescanova en ese país, comenzando por Nova Austral para seguir con Acuinova y Pesca Chile. El síndico de la quiebra reclamó a los acreedores un plazo de seis meses a un año para vender las compañías y establecer un calendario de pago de los débitos, mientras negocia con la banca un crédito de 8,5 millones de euros similar al firmado el viernes en España. Es decir, para garantizar el funcionamiento de las empresas.
Antes de que Pescanova declarara el grupo en preconcurso, el pasado 1 de marzo, Sousa había emprendido un repliegue similar en Ecuador, que ha acabado por enfrentarle con sus socios de la cervecera Damm, titular del 6% del grupo, que le acusaron de actuar a espaldas del consejo de administración. “No hemos vendido ninguna filial en Ecuador”, se defendió el aún presidente en la ronda de entrevistas con las que trató de limpiar su imagen a principios de junio. En efecto, lo que vendió a finales de 2012, cuando solo Sousa y sus más estrechos colaboradores podían conocer que el temporizador de la bomba entraba en la cuenta atrás, no eran filiales, sino granjas y piscifactorías de langostino ecuatorianas, por las que ingresó 13,8 millones de euros. En ese país, el grupo aún posee siete plantas acuícolas y otra de preparación y tratamiento de langostinos.
Más difícil será afrontar las desinversiones en Argentina, donde Argenova, participada al 100% por Pescanova, está sometida a un procedimiento de suspensión de pagos, pilotado por un juez de Buenos Aires que ha vetado la venta de 17 barcos, dos factorías y la sede central en la capital argentina. Un año antes de las ventas en Ecuador, la memoria de Pescanova de 2011 permitió descubrir que la compañía tenía a la venta en Europa, Australia y Latinoamérica cinco barcos, terrenos, fábricas y plantas acuícolas valoradas en 55,6 millones de euros. Cuando se supo, Sousa trató de restarle importancia a la operación, pero las investigaciones judiciales consideran esas anotaciones una prueba de que los problemas del grupo vienen de lejos. Y, también, de que el otrora todopoderoso presidente del grupo era muy consciente de ellos, aunque tratase de evitar que trascendieran.
Audiencia Nacional
En esta nueva etapa de venta de activos, el hombre que preside la compañía desde hace 33 años sostiene que todos “son buenos” y que cualquiera de ellos se puede enajenar, pero con la advertencia de que trocear Pescanova “sería matarla”. Los administradores concursales, por su parte, tratan de separar el grano de la paja en el entramado de 160 sociedades del grupo –entre firmas, filiales, participadas, subsidiadas y uniones estratégicas–, para decidir cuáles se pueden poner en venta sin afectar al núcleo operativo de la actividad acuícola y pesquera.
Mientras Deloitte prepara las desinversiones, el avance de la auditoría forense encargada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a KPMG alerta de la posibilidad de que exista deuda oculta en el complejo entramado de filiales del grupo. Y, de acuerdo con ese planteamiento, los beneficios declarados en los últimos años, con 144 millones declarados entre 2008 y 2011, podrían haber escondido un escenario de pérdidas. Los preliminares de ese trabajo apuntan a otras presuntas actividades delictivas como la existencia de facturas falsas y de una doble contabilidad. La necesidad de conocer ese informe es la principal razón por la que el juez Ruz ha aplazado la declaración de Sousa en la Audiencia Nacional, que estaba prevista para este lunes.
Pablo Ruz quiere tener otros documentos en sus manos antes de interrogar al hijo del fundador de Pescanova. Fundamentalmente, el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre “los eventuales cambios significativos” en el patrimonio de Sousa y su entorno familiar en los últimos dos años. El juez ha ordenado a la UDEF que reúna esa información sobre Sousa, su mujer, sus dos hijos y hasta 20 empresas propiedad del presidente de Pescanova, al que le imputa los supuestos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.
